Este pasado miércoles 7 de enero no sólo significó el regreso a clase de miles de niños valencianos tras dos semanas de vacaciones por Navidad. También fue la entrada en vigor de una de las iniciativas más ambiciosas de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades: el nuevo decreto de convivencia en las aulas. La norma busca convertir en espacios seguros y libres de cualquier tipo de violencia los centros escolares de la Comunitat Valenciana.. No ha sido un proceso fácil. Pero esta revolución para luchar contra la violencia en las aulas ya es una realidad. La conselleria, -en manos de Carmen Ortí, quien accedió al cargo hace apenas un mes-, ha consensuado esta nueva legislación con toda la comunidad educativa. Ha sido un trabajo de diálogo, de escucha y, sobre todo, con la intención de atajar problemas muy serios que afectan tanto a alumnos como a docentes.. Por ello, el decreto pone el foco en el acoso escolar y el ciberacoso. También, en las agresiones -verbales e, incluso, físicas- al personal docente y apuesta por la restricción del uso de los dispositivos móviles en el aula, sólo limitado a un uso meramente académico o por motivos de salud debidamente justificados, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar socioemocional del alumnado.. Cabe destacar que, entre las claves de este nuevo decreto está la consideración de faltas graves las agresiones al personal docente, lo que incluye, además, mayores sanciones. De esta forma, se consideran actos de alta gravedad «el acoso y ciberacoso a cualquier miembro de la comunidad educativa; la agresión física o moral, las amenazas y coacciones, la violencia de género y la discriminación grave por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otras condiciones personales o sociales, así como la falta de respeto grave a la integridad y dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, entre ellas, el daño, la agresión, la injuria o la ofensa al profesorado en el ejercicio de sus funciones», reza el decreto.. La nueva norma, además, incluye la posibilidad de que haya una mediación, es decir, un procedimiento conciliador, cuando se produzca algún tipo de conflicto. En este proceso se debe dar, por ejemplo «la aceptación y suscripción de un compromiso de colaboración entre el centro educativo, el alumnado y los padres, las madres o los representantes legales, a fin de coordinar con el profesorado y con otros profesionales las acciones». También «el reconocimiento de la falta grave» o «la petición de disculpas o la reparación del daño».. El decreto, como se puede observar, es tajante: tolerancia cero a la violencia en las aulas. Por ello, refuerza la figura de autoridad del docente, ya de por sí reconocida, pero que, con la aplicación de esta nueva norma se le otorga de autoridad pública y de asistencia jurídica. Asimismo, también pone sobre la mesa la problemática del uso de dispositivos móviles en el aula. Esta era una reclamación por parte de muchas familias, es decir, que se limitara e, incluso, se eliminara el uso de teléfonos, tabletas y ordenadores en clase. La nueva norma sólo permite su utilización si se circunscribe al uso escolar.. Ortí ha celebrado recientemente la entrada en vigor del nuevo decreto de la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, que nace con el objetivo de reforzar la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos. La consellera ha explicado que la nueva normativa da respuesta a «una demanda del colectivo docente y también de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en los últimos años». La norma, que establece uno de los marcos normativos más actualizados en España para la gestión de la convivencia escolar, incorpora una vertiente inclusiva, reforzando la protección de las víctimas, especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad, que actuará como causa agravante en la gradación de la responsabilidad.. En palabras de la consellera, representa «un blindaje legal ante las conductas que alteran la convivencia en los centros educativos, garantizando la protección y el bienestar del alumnado, incluyendo la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad, así como los derechos regulados en la normativa vigente».
El ansiado decreto de convivencia, ya en vigor, aplica sanciones más duras contra los agresores y restringe el uso de los dispositivos móviles sólo a un uso académico
Este pasado miércoles 7 de enero no sólo significó el regreso a clase de miles de niños valencianos tras dos semanas de vacaciones por Navidad. También fue la entrada en vigor de una de las iniciativas más ambiciosas de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades: el nuevo decreto de convivencia en las aulas. La norma busca convertir en espacios seguros y libres de cualquier tipo de violencia los centros escolares de la Comunitat Valenciana.. No ha sido un proceso fácil. Pero esta revolución para luchar contra la violencia en las aulas ya es una realidad. La conselleria, -en manos de Carmen Ortí, quien accedió al cargo hace apenas un mes-, ha consensuado esta nueva legislación con toda la comunidad educativa. Ha sido un trabajo de diálogo, de escucha y, sobre todo, con la intención de atajar problemas muy serios que afectan tanto a alumnos como a docentes.. Por ello, el decreto pone el foco en el acoso escolar y el ciberacoso. También, en las agresiones -verbales e, incluso, físicas- al personal docente y apuesta por la restricción del uso de los dispositivos móviles en el aula, sólo limitado a un uso meramente académico o por motivos de salud debidamente justificados, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar socioemocional del alumnado.. Cabe destacar que, entre las claves de este nuevo decreto está la consideración de faltas graves las agresiones al personal docente, lo que incluye, además, mayores sanciones. De esta forma, se consideran actos de alta gravedad «el acoso y ciberacoso a cualquier miembro de la comunidad educativa; la agresión física o moral, las amenazas y coacciones, la violencia de género y la discriminación grave por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otras condiciones personales o sociales, así como la falta de respeto grave a la integridad y dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, entre ellas, el daño, la agresión, la injuria o la ofensa al profesorado en el ejercicio de sus funciones», reza el decreto.. La nueva norma, además, incluye la posibilidad de que haya una mediación, es decir, un procedimiento conciliador, cuando se produzca algún tipo de conflicto. En este proceso se debe dar, por ejemplo «la aceptación y suscripción de un compromiso de colaboración entre el centro educativo, el alumnado y los padres, las madres o los representantes legales, a fin de coordinar con el profesorado y con otros profesionales las acciones». También «el reconocimiento de la falta grave» o «la petición de disculpas o la reparación del daño».. El decreto, como se puede observar, es tajante: tolerancia cero a la violencia en las aulas. Por ello, refuerza la figura de autoridad del docente, ya de por sí reconocida, pero que, con la aplicación de esta nueva norma se le otorga de autoridad pública y de asistencia jurídica. Asimismo, también pone sobre la mesa la problemática del uso de dispositivos móviles en el aula. Esta era una reclamación por parte de muchas familias, es decir, que se limitara e, incluso, se eliminara el uso de teléfonos, tabletas y ordenadores en clase. La nueva norma sólo permite su utilización si se circunscribe al uso escolar.. Ortí ha celebrado recientemente la entrada en vigor del nuevo decreto de la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, que nace con el objetivo de reforzar la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos. La consellera ha explicado que la nueva normativa da respuesta a «una demanda del colectivo docente y también de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en los últimos años». La norma, que establece uno de los marcos normativos más actualizados en España para la gestión de la convivencia escolar, incorpora una vertiente inclusiva, reforzando la protección de las víctimas, especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad, que actuará como causa agravante en la gradación de la responsabilidad.. En palabras de la consellera, representa «un blindaje legal ante las conductas que alteran la convivencia en los centros educativos, garantizando la protección y el bienestar del alumnado, incluyendo la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad, así como los derechos regulados en la normativa vigente».
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