Mónica García continúa con su obcecación en conseguir los datos de los cribados de cáncer de los últimos años de todas las autonomías del PP (más que de ninguna otra) y, según ha asegurado esta mañana los quiere «en un ‘Excel’, en un ‘Word’… me los pueden dar como quieran».. La ministra, que ya lleva dos semanas con la cantinela, dio la razón así a los consejeros «populares» que, desde que recibieron la primera petición del Ministerio, el pasado 13 de octubre, adujeron que Sanidad no había creado un sistema de información con el que poder volcar dichos datos de manera segura, homogénea y estandarizada. Un compromiso que el departamento de Mónica García adquirió en abril de 2024 y que sigue sin cumplir a día de hoy.. La ministra siguió avanzando en sus amenazas, que cristalizaron ayer lunes en un requerimiento formal que envió a todas las Consejerías de Sanidad, dándoles un mes de plazo para hacerle llegar la información.. La amenaza ha tenido respuesta oficial hoy por parte de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha hecho pública la carta enviada al Ministerio exigiéndole, en nombre de todos los consejeros del PP, la convocatoria de un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para «abordar de forma conjunta dos cuestiones de máxima relevancia para el conjunto del país».. El primer asunto es el «análisis y aprobación, en su caso, de los trabajos y acuerdos adoptados en la Comisión de Salud Pública en relación con los programas de cribado». El segundo punto es la falta de especialistas sanitarios, que, según recordó, «la propia ministra ha reconocido como el principal problema estructural del sistema sanitario español».. Como respuesta a las demandas de las autonomías, Mónica García señaló esta mañana que aceptaba convocarlo y, horas más tarde, los consejeros de Sanidad recibieron el orden del día de un Pleno extraordinario para el 12 de noviembre.. Pero la sorpresa fue doble ya que, por un lado, los dos temas demandados como prioritarios aparecían en el último punto de la agenda, el 5, bajo el epígrafe de «asuntos solicitados por las comunidades autónomas», y, además, la convocatoria es telemática y no presencial, como había solicitado la Comunidad de Madrid.. En el documento, al que ha accedido LA RAZÓN, aparecen la mayor parte de los asuntos que se quedaron sin abordar en el Pleno del pasado 23 de octubre, que las autonomías del PP abandonaron en señal de protesta por la «falta de lealtad institucional» del Ministerio.. «Lo que le pedíamos era un Pleno extraordinario para debatir estos dos asuntos, que son de máxima relevancia. No uno donde los dos temas aparecen al final del orden del día, después de otros muchos», señala Matute a este periódico.. Por otro lado, en un nuevo capítulo de la crisis de los cribados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha informado hoy que releva de su cargo al delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Manuel Molina, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, epicentro de los fallos de comunicación.
La ministra lo convoca para el día 12 de noviembre, pero incluye el asunto al final del orden del día
Mónica García continúa con su obcecación en conseguir los datos de los cribados de cáncer de los últimos años de todas las autonomías del PP (más que de ninguna otra) y, según ha asegurado esta mañana los quiere «en un ‘Excel’, en un ‘Word’… me los pueden dar como quieran».. La ministra, que ya lleva dos semanas con la cantinela, dio la razón así a los consejeros «populares» que, desde que recibieron la primera petición del Ministerio, el pasado 13 de octubre, adujeron que Sanidad no había creado un sistema de información con el que poder volcar dichos datos de manera segura, homogénea y estandarizada. Un compromiso que el departamento de Mónica García adquirió en abril de 2024 y que sigue sin cumplir a día de hoy.. La ministra siguió avanzando en sus amenazas, que cristalizaron ayer lunes en un requerimiento formal que envió a todas las Consejerías de Sanidad, dándoles un mes de plazo para hacerle llegar la información.. La amenaza ha tenido respuesta oficial hoy por parte de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha hecho pública la carta enviada al Ministerio exigiéndole, en nombre de todos los consejeros del PP, la convocatoria de un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para «abordar de forma conjunta dos cuestiones de máxima relevancia para el conjunto del país».. El primer asunto es el «análisis y aprobación, en su caso, de los trabajos y acuerdos adoptados en la Comisión de Salud Pública en relación con los programas de cribado». El segundo punto es la falta de especialistas sanitarios, que, según recordó, «la propia ministra ha reconocido como el principal problema estructural del sistema sanitario español».. Como respuesta a las demandas de las autonomías, Mónica García señaló esta mañana que aceptaba convocarlo y, horas más tarde, los consejeros de Sanidad recibieron el orden del día de un Pleno extraordinario para el 12 de noviembre.. Pero la sorpresa fue doble ya que, por un lado, los dos temas demandados como prioritarios aparecían en el último punto de la agenda, el 5, bajo el epígrafe de «asuntos solicitados por las comunidades autónomas», y, además, la convocatoria es telemática y no presencial, como había solicitado la Comunidad de Madrid.. En el documento, al que ha accedido LA RAZÓN, aparecen la mayor parte de los asuntos que se quedaron sin abordar en el Pleno del pasado 23 de octubre, que las autonomías del PP abandonaron en señal de protesta por la «falta de lealtad institucional» del Ministerio.. «Lo que le pedíamos era un Pleno extraordinario para debatir estos dos asuntos, que son de máxima relevancia. No uno donde los dos temas aparecen al final del orden del día, después de otros muchos», señala Matute a este periódico.. Por otro lado, en un nuevo capítulo de la crisis de los cribados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha informado hoy que releva de su cargo al delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Manuel Molina, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, epicentro de los fallos de comunicación.
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