Cuando Salvador Illa llegó al Palau de la Generalitat en agosto de 2024, buena parte del empresariado catalán respiró aliviado. Tras más de una década marcada por el procés, la tensión política permanente, la incertidumbre institucional y la fuga de miles de sedes sociales fuera de Cataluña, la llegada del líder socialista fue interpretada como el inicio de una nueva etapa de normalidad.. En los principales foros económicos se instaló rápidamente la sensación de que Cataluña recuperaba un perfil más pragmático y previsible. Illa proyectaba una imagen de moderación, centralidad política y estabilidad institucional que recordaba, para algunos sectores empresariales, a la Cataluña pujolista de los años noventa: una administración orientada a atraer inversiones, colaborar con las empresas y evitar los conflictos ideológicos que habían monopolizado la agenda política durante años.. La sintonía se construyó desde el principio. El nuevo Govern tejió una relación fluida con las principales organizaciones empresariales, especialmente con Foment del Treball. El discurso de la colaboración público-privada volvió a ocupar un lugar central en la política catalana y comenzaron a producirse algunos gestos simbólicos que reforzaron la percepción de cambio de ciclo, como el regreso de importantes sedes empresariales que habían abandonado Cataluña durante los momentos más convulsos del procés.. El propio Illa ha cultivado cuidadosamente esa relación. En las últimas jornadas del Cercle d’Economia ha insistido en conceptos especialmente apreciados por el mundo empresarial: estabilidad, seguridad jurídica, resolución de conflictos, moderación institucional y colaboración entre el sector público y el privado. Este mismo año llegó incluso a proponer una «alianza duradera» entre el Govern y el mundo económico para generar prosperidad compartida, acompañando el mensaje con el anuncio de inversiones millonarias a través de fórmulas de colaboración público-privada.. El escollo. Sin embargo, existe una cuestión que desde hace tiempo inquieta a una parte importante del empresariado catalán y que se ha convertido en el principal punto de fricción con el Govern: la vivienda. La razón es tanto política como económica. Aunque Illa encarna una línea moderada en numerosos ámbitos, su mayoría parlamentaria depende de ERC y, especialmente, de los comuns, que han convertido la intervención del mercado inmobiliario en una de las condiciones fundamentales para sostener al Ejecutivo socialista.. Desde el inicio de la legislatura, los comuns han logrado arrancar al Govern una larga lista de compromisos. Entre ellos destacan la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la creación de un régimen sancionador para propietarios e intermediarios que incumplan la normativa, la puesta en marcha de las primeras multas, la creación de un registro de grandes tenedores, un cuerpo específico de inspectores para controlar el cumplimiento de la legislación y el compromiso político de limitar las operaciones consideradas especulativas en la compra de vivienda.. Todas estas medidas son vistas con preocupación por una parte del tejido económico catalán. El argumento que repiten empresarios, promotores y organizaciones sectoriales es que la creciente intervención genera inseguridad jurídica y dificulta las inversiones necesarias para incrementar la oferta de vivienda, precisamente el elemento que consideran clave para resolver el problema del acceso a un piso.. La discrepancia ha quedado reflejada públicamente en las dos últimas reuniones anuales del Cercle d’Economia. En 2025, el entonces presidente de la institución, Jaume Guardiola, ya advirtió a Illa sobre los riesgos de depender políticamente de los comuns para impulsar medidas intervencionistas. Guardiola defendió explorar acuerdos con fuerzas de centro y moderadas como Junts o el PP para evitar una excesiva regulación del mercado.. Un año después, el mensaje no ha cambiado. La actual presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, aprovechó la presencia del president para volver a expresar las reservas de la institución respecto a las políticas de vivienda. La economista defendió la necesidad de aumentar la oferta y cuestionó la limitación de los precios del alquiler, que calificó como una solución de corto recorrido. También reclamó ayudas para los colectivos vulnerables, pero sin trasladar a los propietarios la responsabilidad.. El diagnóstico del empresariado es claro: la regulación puede contener temporalmente los precios, pero difícilmente resolverá el déficit estructural de vivienda. Al contrario, sostienen que la incertidumbre normativa puede acabar reduciendo aún más la oferta disponible y desincentivando nuevas promociones.. Las críticas son todavía más contundentes desde Foment del Treball. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha cargado reiteradamente contra las políticas impulsadas por el Govern en esta materia. En algunas de sus intervenciones ha llegado a calificarlas de «filocomunistas» y de extrema izquierda, asegurando que constituyen el mayor ataque a la propiedad privada en las últimas cuatro décadas.. Pese a todo, la vivienda continúa siendo una excepción dentro de una relación que, en términos generales, sigue siendo positiva. El empresariado catalán continúa valorando favorablemente la estabilidad política recuperada tras los años del procés, la mejora del clima institucional y la voluntad de diálogo mostrada por Illa.. Dos años después de su llegada a la Generalitat, Illa mantiene intacto entre el empresariado el crédito ganado por haber devuelto tranquilidad y previsibilidad a la política catalana. Pero la vivienda se ha convertido en la gran grieta de ese consenso. El principal desacuerdo entre un Govern que necesita a los comuns para gobernar y un empresariado que teme que la intervención del mercado termine frenando precisamente aquello que todos dicen perseguir: más vivienda, más inversión y más prosperidad.
Mientras regresan inversiones y sedes sociales a Cataluña, las medidas intervencionistas en vivienda abren una brecha con parte del tejido económico
Cuando Salvador Illa llegó al Palau de la Generalitat en 2024, parte del empresariado catalán respiró aliviado. Tras una década marcada por el procés, la tensión política permanente, la incertidumbre y la fuga de miles de sedes sociales fuera de Cataluña, la llegada del líder socialista fue interpretada como el inicio de una nueva etapa de normalidad. En los principales foros económicos se instaló rápidamente la sensación de que Cataluña recuperaba un perfil más pragmático y previsible. Illa proyectaba una imagen de moderación, centralidad política y estabilidad institucional que recordaba, para algunos sectores empresariales, a la Cataluña pujolista: una administración orientada a atraer inversiones, colaborar con las empresas y evitar los conflictos ideológicos previos.. La sintonía se construyó desde el principio. El discurso de la colaboración público-privada volvió a ocupar un lugar central en la política catalana y comenzaron a producirse algunos gestos simbólicos que reforzaron la percepción de cambio de ciclo, como el regreso de importantes sedes empresariales que habían abandonado Cataluña durante los momentos más convulsos del procés. El propio Illa ha cultivado cuidadosamente esa relación. En las últimas jornadas del Cercle d’Economia ha insistido en conceptos especialmente apreciados por el mundo empresarial: estabilidad, seguridad jurídica, resolución de conflictos, moderación y colaboración entre el sector público y el privado.. Sin embargo, existe una cuestión que inquieta a parte del empresariado y que se ha convertido en el principal punto de fricción con el Govern: la vivienda. Aunque Illa encarna una línea moderada en muchos ámbitos, su mayoría depende de ERC y, especialmente, de los comuns, que han convertido la intervención del mercado inmobiliario en una de las condiciones fundamentales para sostener a Illa.. Desde el inicio de la legislatura, los comuns han logrado arrancar al Govern una larga lista de compromisos. Entre ellos destacan la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la creación de un régimen sancionador para propietarios que incumplan la normativa y el compromiso de limitar las operaciones consideradas especulativas en la compra de vivienda.. La discrepancia ha quedado reflejada públicamente en las dos últimas reuniones anuales del Cercle d’Economia. En 2025, el entonces presidente de la institución, Jaume Guardiola, ya advirtió a Illa sobre los riesgos de depender políticamente de los comuns para impulsar medidas intervencionistas. Guardiola defendió explorar acuerdos con fuerzas de centro para evitar una excesiva regulación del mercado. Un año, la actual presidenta del Cercle, Teresa Garcia, aprovechó y volvió a expresar las reservas de la institución respecto a las políticas de vivienda. La economista defendió la necesidad de aumentar la oferta y cuestionó la limitación de los precios del alquiler, que calificó como una solución de corto recorrido.. Dos años después de su llegada a la Generalitat, Illa mantiene intacto entre el empresariado el crédito ganado por haber devuelto tranquilidad y previsibilidad a la política catalana. Pero la vivienda se ha convertido en la gran grieta de ese consenso. El principal desacuerdo entre un Govern que necesita a los comuns para gobernar y un empresariado que teme que la intervención del mercado termine frenando el crecimiento.
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