Bruselas ha rechazado este jueves la creación de un nuevo mecanismo de financiación específico para garantizar el acceso al aborto en la Unión Europea. Tras analizar la iniciativa ciudadana que buscaba amparar a mujeres residentes en países con leyes restrictivas, el Ejecutivo comunitario ha optado por no intervenir con herramientas adicionales, argumentando que se trata de una competencia nacional y que los Estados miembros pueden utilizar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para sufragar estas intervenciones.. La Comisión descarta un marco normativo adicional dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) al señalar que “no es necesario proponer un nuevo instrumento jurídico”. Según Bruselas, el respaldo financiero de la UE ya podía canalizarse con rapidez mediante los mecanismos existentes, siempre que fuera “conforme con las legislaciones nacionales”. En este sentido, el FSE+ -dotado con 142.700 millones de euros para empleo y servicios sociales- se perfila como la vía clave. Este fondo puede “apoyar los esfuerzos de estos Estados miembros, al tiempo que les concede autonomía para determinar cómo y en qué condiciones se proporciona el acceso al aborto seguro y legal”.. Bajo este esquema, los gobiernos nacionales pueden, de forma voluntaria, reasignar recursos para ayudar a mujeres que viajan desde Estados que restringen esta práctica. No obstante, para aplicar esta medida, los países interesados deben modificar sus programas operativos nacionales. Con esta postura, la Comisión traslada la responsabilidad a las capitales europeas, que deben decidir si adaptan su planificación financiera para convertir la interrupción voluntaria del embarazo en una realidad accesible. Al respecto, fuentes de Moncloa han confirmado que “España usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo al derecho al aborto”.. De hecho, España, junto a Eslovenia, Suecia, Dinamarca y Estonia, ha enviado este jueves una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidiendo una respuesta favorable a la iniciativa, destacando su importancia para los “derechos reproductivos a nivel europeo”.. Para que la financiación con cargo al FSE+ se ajuste al marco jurídico comunitario, la Comisión ha fijado condiciones precisas: la Unión no puede intervenir en la decisión soberana de cada Estado miembro sobre la legalización del aborto ni en la regulación que establezca al respecto, por lo que la medida únicamente podrá aplicarse a prestaciones que ya sean legales en el país que las ofrece. Además, la ayuda económica deberá estar disponible para todas las mujeres sin distinción de nacionalidad o residencia; priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad que no pudieran asumir el coste del desplazamiento y la intervención.. Esta resolución llega tras meses de intensa presión por parte de la sociedad civil y del Comité Económico y Social Europeo (CESE), que el pasado enero calificó el aborto como un «derecho humano fundamental» y urgió a crear un mecanismo de solidaridad para cerrar las brechas de desigualdad económica en el continente.. Con el respaldo de más de 1,2 millones de firmas verificadas, la iniciativa ciudadana «My Voice, My Choice» (Mi voz, mi elección) proponía crear un fondo de solidaridad de la UE para facilitar que las mujeres de países con prohibición total del aborto -como Hungría, Croacia, Malta y Polonia- pudieran acceder a estos servicios en otros Estados miembros. El Parlamento Europeo apoyó la propuesta en diciembre, aunque algunos eurodiputados señalaron que vulneraba las normas de la UE y las legislaciones nacionales.
No obstante, respalda el uso de fondos sociales ya existentes
Bruselas ha rechazado este jueves la creación de un nuevo mecanismo de financiación específico para garantizar el acceso al aborto en la Unión Europea. Tras analizar la iniciativa ciudadana que buscaba amparar a mujeres residentes en países con leyes restrictivas, el Ejecutivo comunitario ha optado por no intervenir con herramientas adicionales, argumentando que se trata de una competencia nacional y que los Estados miembros pueden utilizar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para sufragar estas intervenciones.. La Comisión descarta un marco normativo adicional dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) al señalar que “no es necesario proponer un nuevo instrumento jurídico”. Según Bruselas, el respaldo financiero de la UE ya podía canalizarse con rapidez mediante los mecanismos existentes, siempre que fuera “conforme con las legislaciones nacionales”. En este sentido, el FSE+ -dotado con 142.700 millones de euros para empleo y servicios sociales- se perfila como la vía clave. Este fondo puede “apoyar los esfuerzos de estos Estados miembros, al tiempo que les concede autonomía para determinar cómo y en qué condiciones se proporciona el acceso al aborto seguro y legal”.. Bajo este esquema, los gobiernos nacionales pueden, de forma voluntaria, reasignar recursos para ayudar a mujeres que viajan desde Estados que restringen esta práctica. No obstante, para aplicar esta medida, los países interesados deben modificar sus programas operativos nacionales. Con esta postura, la Comisión traslada la responsabilidad a las capitales europeas, que deben decidir si adaptan su planificación financiera para convertir la interrupción voluntaria del embarazo en una realidad accesible. Al respecto, fuentes de Moncloa han confirmado que “España usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo al derecho al aborto”.. De hecho, España, junto a Eslovenia, Suecia, Dinamarca y Estonia, ha enviado este jueves una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidiendo una respuesta favorable a la iniciativa, destacando su importancia para los “derechos reproductivos a nivel europeo”.. Para que la financiación con cargo al FSE+ se ajuste al marco jurídico comunitario, la Comisión ha fijado condiciones precisas: la Unión no puede intervenir en la decisión soberana de cada Estado miembro sobre la legalización del aborto ni en la regulación que establezca al respecto, por lo que la medida únicamente podrá aplicarse a prestaciones que ya sean legales en el país que las ofrece. Además, la ayuda económica deberá estar disponible para todas las mujeres sin distinción de nacionalidad o residencia; priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad que no pudieran asumir el coste del desplazamiento y la intervención.. Esta resolución llega tras meses de intensa presión por parte de la sociedad civil y del Comité Económico y Social Europeo (CESE), que el pasado enero calificó el aborto como un «derecho humano fundamental» y urgió a crear un mecanismo de solidaridad para cerrar las brechas de desigualdad económica en el continente.. Con el respaldo de más de 1,2 millones de firmas verificadas, la iniciativa ciudadana «My Voice, My Choice» (Mi voz, mi elección) proponía crear un fondo de solidaridad de la UE para facilitar que las mujeres de países con prohibición total del aborto -como Hungría, Croacia, Malta y Polonia- pudieran acceder a estos servicios en otros Estados miembros. El Parlamento Europeo apoyó la propuesta en diciembre, aunque algunos eurodiputados señalaron que vulneraba las normas de la UE y las legislaciones nacionales.
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