Demoras de más de un año en el pago de la renta de inclusión a una persona trans y comunicaciones reclamando el pago de 30.000 euros por tratamientos de cáncer son algunas situaciones de exclusión constatadas en el tercer Balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia.. El balance, elaborado por entidades como CEAR-PV, Movimiento por la Paz, València Acull y Campaña CIEs NO, expone casos de discriminación en diferentes ámbitos como el padrón, la vivienda, los servicios sociales, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), citas en extranjería, exclusión financiera, trabajo, cuidados y hogar, educación o en la dana.. Precisamente tras la dana, el informe refleja situaciones frecuentes que han impedido a los migrantes acogerse a la regularización extraordinaria, el caso de una persona con infección bacteriana sin seguimiento sanitario, interrupción educativa de menores migrantes, despidos sin justificación legal, o aumento del empleo informal.. Sobre el padrón, la puerta de entrada a derechos básicos, indica que pese a las mejoras del sistema de citas para el empadronamiento en València, sigue habiendo brecha digital y ha sufrido varios colapsos, y se observan deficiencias y errores en la información que se facilita en el Ayuntamiento de València a las personas que piden orientación sobre cómo realizar la solicitud de empadronamiento especial, y comentarios o instrucciones desmotivadoras para que no presenten la solicitud de empadronamiento especial.. Junto con la precariedad en la atención y en los recursos disponibles, las personas migrantes en situación de calle deben lidiar con los discursos de odio y la criminalización, y constantemente son multados por pernoctar en la calle o poner una tienda de campaña para refugiarse del calor extremo, en el caso de las mujeres para protegerse de las potenciales agresiones sexuales, a las que están «muchísimo más expuestas», señala el informe.. También se refiere a la proliferación de empresas que se dedican a la desocupación de viviendas y advierte de que el hecho de que una empresa pueda ser contratada para ejercer «funciones parapoliciales» es un hecho «gravísimo y antidemocrático».. En el caso de familias o mujeres solas con menores, persiste el miedo a que si acuden a Servicios Sociales por encontrarse en situación de vulnerabilidad puedan retirarles la custodia, lo que produce un efecto disuasorio.. Explican el caso de una mujer de origen brasileño, en situación de especial vulnerabilidad por tratarse de una persona trans que además estaba reconocida como víctima de violencia de género y explotación sexual, para la que se tramitó la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) con carácter de urgencia pero, por cuestiones de documentación acorde a su nombre e identidad de género, se demoró más de un año.. «Valoramos como algo fundamental la ampliación de presupuesto para personal y la mayor dotación de medios materiales para la atención. Pero si quienes se encuentran en primera línea no cambian su perspectiva respecto a las personas migrantes, seguirán actuando como una estructura que refuerza la segregación y la exclusión en lugar de paliarla», defienden.. Sobre el CIE de Zapadores, el informe asegura que todas las personas encerradas «siguen sufriendo deficiencias en los servicios (mala alimentación, atención médica limitada, inexistencia de atención psicológica) y, a menudo, un trato deshumanizado por parte de la policía».. Numerosos registros civiles de la provincia de València están rechazando la inscripción de menores de familias migrantes para adquirir la nacionalidad por simple presunción, por el hecho de que sus progenitores no disponen de residencia legal en España, y también han detectado situaciones en la que la Fiscalía de Menores se niega a reconocer la minoría de edad a pesar de la documentación que lo certifica.. El balance concluye afirmando que «en pleno auge de la extrema derecha en nuestro territorio, donde ya se encuentran en las instituciones y en el gobierno, pero también a nivel estatal y global, los derechos de las personas migrantes y las políticas de redistribución social son dos ejes de disputa democrática que no podemos abandonar».
Un informe recaba situaciones frecuentes que sufren de racismo y xenofobia en Valencia
Demoras de más de un año en el pago de la renta de inclusión a una persona trans y comunicaciones reclamando el pago de 30.000 euros por tratamientos de cáncer son algunas situaciones de exclusión constatadas en el tercer Balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia.. El balance, elaborado por entidades como CEAR-PV, Movimiento por la Paz, València Acull y Campaña CIEs NO, expone casos de discriminación en diferentes ámbitos como el padrón, la vivienda, los servicios sociales, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), citas en extranjería, exclusión financiera, trabajo, cuidados y hogar, educación o en la dana.. Precisamente tras la dana, el informe refleja situaciones frecuentes que han impedido a los migrantes acogerse a la regularización extraordinaria, el caso de una persona con infección bacteriana sin seguimiento sanitario, interrupción educativa de menores migrantes, despidos sin justificación legal, o aumento del empleo informal.. Sobre el padrón, la puerta de entrada a derechos básicos, indica que pese a las mejoras del sistema de citas para el empadronamiento en València, sigue habiendo brecha digital y ha sufrido varios colapsos, y se observan deficiencias y errores en la información que se facilita en el Ayuntamiento de València a las personas que piden orientación sobre cómo realizar la solicitud de empadronamiento especial, y comentarios o instrucciones desmotivadoras para que no presenten la solicitud de empadronamiento especial.. Junto con la precariedad en la atención y en los recursos disponibles, las personas migrantes en situación de calle deben lidiar con los discursos de odio y la criminalización, y constantemente son multados por pernoctar en la calle o poner una tienda de campaña para refugiarse del calor extremo, en el caso de las mujeres para protegerse de las potenciales agresiones sexuales, a las que están «muchísimo más expuestas», señala el informe.. También se refiere a la proliferación de empresas que se dedican a la desocupación de viviendas y advierte de que el hecho de que una empresa pueda ser contratada para ejercer «funciones parapoliciales» es un hecho «gravísimo y antidemocrático».. En el caso de familias o mujeres solas con menores, persiste el miedo a que si acuden a Servicios Sociales por encontrarse en situación de vulnerabilidad puedan retirarles la custodia, lo que produce un efecto disuasorio.. Explican el caso de una mujer de origen brasileño, en situación de especial vulnerabilidad por tratarse de una persona trans que además estaba reconocida como víctima de violencia de género y explotación sexual, para la que se tramitó la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) con carácter de urgencia pero, por cuestiones de documentación acorde a su nombre e identidad de género, se demoró más de un año.. «Valoramos como algo fundamental la ampliación de presupuesto para personal y la mayor dotación de medios materiales para la atención. Pero si quienes se encuentran en primera línea no cambian su perspectiva respecto a las personas migrantes, seguirán actuando como una estructura que refuerza la segregación y la exclusión en lugar de paliarla», defienden.. Sobre el CIE de Zapadores, el informe asegura que todas las personas encerradas «siguen sufriendo deficiencias en los servicios (mala alimentación, atención médica limitada, inexistencia de atención psicológica) y, a menudo, un trato deshumanizado por parte de la policía».. Numerosos registros civiles de la provincia de València están rechazando la inscripción de menores de familias migrantes para adquirir la nacionalidad por simple presunción, por el hecho de que sus progenitores no disponen de residencia legal en España, y también han detectado situaciones en la que la Fiscalía de Menores se niega a reconocer la minoría de edad a pesar de la documentación que lo certifica.. El balance concluye afirmando que «en pleno auge de la extrema derecha en nuestro territorio, donde ya se encuentran en las instituciones y en el gobierno, pero también a nivel estatal y global, los derechos de las personas migrantes y las políticas de redistribución social son dos ejes de disputa democrática que no podemos abandonar».
Noticias de la Comunidad Valenciana en La Razón
