El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 ya está en vigor con la entrada del nuevo año, uno de los argumentos que esgrime el Gobierno andaluz para trasladar la importancia de contar con una mayoría suficiente que otorgue «estabilidad» a la comunidad autónoma, especialmente cuando en unos meses los andaluces tendrán que elegir a un nuevo Parlamento y, por tanto, al presidente –o presidenta– de la región.. Al margen de las novedades de las cuentas públicas, que incluye una nueva –aunque limitada– bajada de impuestos, el presupuesto autonómico consolida una tendencia de los últimos años: los beneficios fiscales se concentran en políticas sociales y solo uno de cada cuatro euros se destinan a fomento empresarial.. Esta realidad contradice dos discursos. Por un lado, el de la izquierda, que señala repetidamente que las bajadas de impuestos solo benefician a los «ricos»; por otro, también matiza uno de los argumentos que enarbola el PP: que la mejor política social es el empleo, convicción que no se ve reflejada en el apoyo a las políticas de fomento empresarial a través de la fiscalidad.. Los beneficios fiscales se definen como una contribución indirecta a los objetivos de la política fiscal y económica por la vía de una menor fiscalidad, en actividades consideradas prioritarias desde el punto de vista social y de la actividad productiva. La primera gana por goleada a la segunda. El objetivo final en ambos casos es incentivar a un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta.. Según la memoria presupuestaria, el objetivo al que más contribuye el presupuesto de beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía es el de Seguridad y Protección social, con 3.483 millones de euros, un 68,3% del total, que asciende a 5.097 millones. Le sigue, muy de lejos, el de Fomento Empresarial, Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento, con 1.263 millones, el 24,8%.. A Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, solo se computa un 2,5%, mientras que a Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, un 0,4%.. En realidad, los beneficios fiscales van en consonancia con lo que el presupuesto autonómico destina a cada una de las políticas. La organización territorial del Estado otorga a las comunidades autónomas las principales políticas de gasto público –excluidas las pensiones y las prestaciones por desempleo–, en especial la sanidad y la educación. Así, las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026 conceden dos de cada tres euros a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza 16.265,9 millones de euros. Este año, de hecho, se incrementa en 1.016,3 millones respecto a 2025.. Educación cuenta con un montante total de 11.186,4 millones de euros, 284,4 millones más que el pasado año; y las políticas de vivienda reciben 763,3 millones de euros.. De los 51.597,9 millones de las cuentas ya vigentes, las denominadas políticas de apoyo al tejido productivo suman 7.418,7 millones de euros.. En cualquier caso, los beneficios fiscales que se aplican en Andalucía corresponden a las políticas que impulsan tanto la Administración General del Estado como la autonómica, toda vez que cada una de ellas tiene distintas competencias en la materia.
La política fiscal para el fomento Empresarial o la Innovación apenas aglutina uno de cada cuatro euros del total
El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 ya está en vigor con la entrada del nuevo año, uno de los argumentos que esgrime el Gobierno andaluz para trasladar la importancia de contar con una mayoría suficiente que otorgue «estabilidad» a la comunidad autónoma, especialmente cuando en unos meses los andaluces tendrán que elegir a un nuevo Parlamento y, por tanto, al presidente –o presidenta– de la región.. Al margen de las novedades de las cuentas públicas, que incluye una nueva –aunque limitada– bajada de impuestos, el presupuesto autonómico consolida una tendencia de los últimos años: los beneficios fiscales se concentran en políticas sociales y solo uno de cada cuatro euros se destinan a fomento empresarial.. Esta realidad contradice dos discursos. Por un lado, el de la izquierda, que señala repetidamente que las bajadas de impuestos solo benefician a los «ricos»; por otro, también matiza uno de los argumentos que enarbola el PP: que la mejor política social es el empleo, convicción que no se ve reflejada en el apoyo a las políticas de fomento empresarial a través de la fiscalidad.. Los beneficios fiscales se definen como una contribución indirecta a los objetivos de la política fiscal y económica por la vía de una menor fiscalidad, en actividades consideradas prioritarias desde el punto de vista social y de la actividad productiva. La primera gana por goleada a la segunda. El objetivo final en ambos casos es incentivar a un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta.. Según la memoria presupuestaria, el objetivo al que más contribuye el presupuesto de beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía es el de Seguridad y Protección social, con 3.483 millones de euros, un 68,3% del total, que asciende a 5.097 millones. Le sigue, muy de lejos, el de Fomento Empresarial, Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento, con 1.263 millones, el 24,8%.. A Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, solo se computa un 2,5%, mientras que a Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, un 0,4%.. En realidad, los beneficios fiscales van en consonancia con lo que el presupuesto autonómico destina a cada una de las políticas. La organización territorial del Estado otorga a las comunidades autónomas las principales políticas de gasto público –excluidas las pensiones y las prestaciones por desempleo–, en especial la sanidad y la educación. Así, las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026 conceden dos de cada tres euros a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza 16.265,9 millones de euros. Este año, de hecho, se incrementa en 1.016,3 millones respecto a 2025.. Educación cuenta con un montante total de 11.186,4 millones de euros, 284,4 millones más que el pasado año; y las políticas de vivienda reciben 763,3 millones de euros.. De los 51.597,9 millones de las cuentas ya vigentes, las denominadas políticas de apoyo al tejido productivo suman 7.418,7 millones de euros.. En cualquier caso, los beneficios fiscales que se aplican en Andalucía corresponden a las políticas que impulsan tanto la Administración General del Estado como la autonómica, toda vez que cada una de ellas tiene distintas competencias en la materia.
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