La escena ocurrió a plena luz del día, sobre una calle nevada de Mineápolis, mientras decenas de personas gritaban pidiendo que se detuvieran. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, disparó a quemarropa contra un vehículo detenido. Dentro iba Renee Nicole Macklin Good, 37 años, madre de tres hijos, ciudadana estadounidense nacida en Colorado. Murió minutos después. Era 7 de enero y, para muchos en Minnesota, la tragedia que se temía desde hacía semanas acababa de materializarse.. El tiroteo se produjo apenas días después de que la Administración de Donald Trump anunciara en términos grandilocuentes el lanzamiento de la «mayor operación hasta la fecha» contra inmigrantes indocumentados en el área de las Twin Cities. Desde comienzos de diciembre, agentes federales —ICE, Patrulla Fronteriza y unidades de Investigaciones de Seguridad Nacional— habían convertido barrios enteros en escenarios de despliegue militar: rostros cubiertos, rifles en mano, detenciones en gimnasios, ferreterías, escuelas y a las puertas de viviendas familiares.. Cuando Good fue abatida, líderes locales y defensores de derechos humanos ya hablaban abiertamente de una catástrofe anunciada. “Nunca habíamos visto una aplicación de la ley tan hipermilitarizada, con miles de agentes desplegados de golpe”, advirtió Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network. En su opinión, el resultado era previsible: más miedo, más tensión y, finalmente, más muertos.. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional fue inmediata y familiar. Según las autoridades, Good habría utilizado su vehículo como arma, intentando atropellar a los agentes. Un relato que choca frontalmente con los testimonios de testigos y con los vídeos grabados por transeúntes: en las imágenes se observa a un agente forcejeando con la manija del coche, exigiendo que se abriera la puerta, y a otro disparando casi de inmediato cuando el vehículo comienza a avanzar lentamente.. No es la primera vez que ese argumento aparece en incidentes similares. En varios casos recientes, jueces han desestimado acusaciones contra personas heridas por agentes federales tras comprobar que no existió un intento real de embestida. El patrón se repite: disparos, justificación oficial y una investigación interna que rara vez deriva en responsabilidades.. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, los agentes migratorios han estado vinculados a al menos 14 tiroteos, cuatro de ellos mortales, según datos recopilados por organizaciones especializadas en violencia armada. En septiembre, Silverio Villegas González, inmigrante indocumentado, murió a tiros durante un control vehicular en las afueras de Chicago. No fue el único. En octubre, un joven hondureño de 24 años falleció al intentar huir de una redada en Virginia. En julio, un trabajador agrícola murió tras caer del techo de un invernadero durante una operación de ICE en California.. A esas muertes se suman las ocurridas bajo custodia federal. En 2025, 32 personas fallecieron en centros de detención migratoria, el año más letal para la agencia desde 2004. Para Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, el mensaje es claro: «La Administración Trump ha otorgado a ICE una impunidad virtual para sembrar terror y violencia en comunidades inmigrantes. Esto tiene que parar».. Pero la Casa Blanca defiende su estrategia. Trump ha insistido en que las redadas son necesarias para “limpiar” las ciudades de criminales peligrosos, un argumento que repite desde su primera campaña presidencial. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó públicamente a los agentes tras la muerte de Good, subrayando que «nuestros oficiales actúan en situaciones de alto riesgo para proteger al pueblo estadounidense» y prometiendo una revisión interna sin admitir irregularidades.. Los datos, sin embargo, erosionan ese discurso. Un análisis preliminar de Minnesota Public Radio revela que la mayoría de las personas detenidas en las redadas recientes no tiene antecedentes penales. A escala nacional, la tendencia es similar: la gran parte de los arrestados desde enero carece de condenas criminales. La imagen del operativo quirúrgico contra delincuentes se diluye frente a la realidad de detenciones indiscriminadas.. En Mineápolis, la indignación no tardó en estallar. Horas después de la muerte de Good, agentes armados irrumpieron en la Roosevelt High School, a apenas cinco kilómetros del lugar del tiroteo. Según responsables del centro, los agentes redujeron a personas en el suelo, esposaron a dos miembros del personal y utilizaron agentes químicos contra quienes protestaban. «Nunca había visto algo así», dijo un funcionario escolar. «Actuaban como si no existieran límites».. La víctima, Renee Macklin Good, no encajaba en ningún perfil criminal. Era poeta, escritora, madre. En redes sociales se describía como alguien que estaba «experimentando Mineápolis», con una bandera arcoíris en su perfil. Su exmarido contó que acababa de dejar a su hijo de seis años en la escuela cuando se cruzó con el operativo federal en una calle residencial. Un encuentro casual que terminó en tragedia.. Las autoridades locales han pedido explicaciones y una investigación independiente. El alcalde de Mineápolis habló de una “pérdida inaceptable” y organizaciones civiles convocaron vigilias y protestas frente a edificios federales. Para muchos residentes, la ciudad se ha convertido en un laboratorio de una política migratoria basada en la fuerza y el miedo.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó ayer que EE UU ha «arrestado, detenido y deportado a sus países de origen» a más de 650.000 inmigrantes irregulares gracias a la cruzada contra la inmigración que ha emprendido el presidente, Donald Trump. «Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Más de 650.000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen», presumió.. El anuncio se produjo después de la última muerte causada por las redadas. Ocurrió a plena luz del día, sobre una calle nevada de Mineápolis, mientras decenas de personas gritaban pidiendo que se detuvieran. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, disparó a quemarropa contra un vehículo detenido. Dentro iba Renee Nicole Macklin Good, 37 años, madre de tres hijos, ciudadana estadounidense nacida en Colorado. Murió minutos después.. Era 7 de enero y, para muchos en Minnesota, la tragedia que se temía desde hacía semanas acababa de materializarse. El tiroteo se produjo apenas días después de que la Administración de Donald Trump anunciara en términos grandilocuentes el lanzamiento de la «mayor operación hasta la fecha» contra inmigrantes indocumentados en el área de las Twin Cities. Desde comienzos de diciembre, agentes federales –ICE, Patrulla Fronteriza y unidades de Investigaciones de Seguridad Nacional– habían convertido barrios enteros en escenarios de despliegue militar: rostros cubiertos, rifles en mano, detenciones en gimnasios, ferreterías, escuelas y a las puertas de viviendas familiares.. Cuando Good fue abatida, líderes locales y defensores de derechos humanos ya hablaban abiertamente de una catástrofe anunciada. «Nunca habíamos visto una aplicación de la ley tan hipermilitarizada, con miles de agentes desplegados de golpe», advirtió Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network. En su opinión, el resultado era previsible: más miedo, más tensión y, finalmente, más muertos.. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional fue inmediata y familiar. Según las autoridades, Good habría utilizado su vehículo como arma intentando atropellar a los agentes. Un relato que choca frontalmente con los testimonios de testigos y con los vídeos grabados por transeúntes: en las imágenes se observa a un agente forcejeando con la manija del coche, exigiendo que se abriera la puerta, y a otro disparando casi de inmediato cuando el vehículo comienza a avanzar lentamente.. No es la primera vez que ese argumento aparece en incidentes similares. En varios casos recientes, jueces han desestimado acusaciones contra personas heridas por agentes federales tras comprobar que no existió un intento real de embestida. El patrón se repite: disparos, justificación oficial y una investigación interna que rara vez deriva en responsabilidades.. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, los agentes migratorios han estado vinculados a al menos 14 tiroteos, cuatro de ellos mortales, según datos recopilados por organizaciones especializadas en violencia armada. En septiembre, Silverio Villegas González, inmigrante indocumentado, murió a tiros durante un control vehicular en las afueras de Chicago. No fue el único. En octubre, un joven hondureño de 24 años falleció al intentar huir de una redada en Virginia. En julio, un trabajador agrícola murió tras caer del techo de un invernadero durante una operación de ICE en California. A esas muertes se suman además las ocurridas bajo custodia federal.
La Casa Blanca presume de haber deportado a 650.000 personas y haber forzado a dos millones a marcharse. La última muerte de Mineápolis aviva la indignación
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