Durante años, la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes han mantenido una relación de cooperación institucional basada en un objetivo común: difundir y proteger la lengua española en el mundo. Sin embargo, esa alianza histórica atraviesa ahora su momento más tenso. Lo que comenzó como un comentario desafortunado del director del Cervantes, Luis García Montero, se ha transformado en una controversia pública que pone de relieve las diferencias de fondo entre ambas entidades y su relación con el Gobierno.. El detonante fue una declaración de García Montero, quien insinuó que la RAE estaba “en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”, en alusión a su director, Santiago Muñoz Machado. La frase, pronunciada pocos días antes del inicio del Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú), provocó un terremoto en el ámbito cultural.. La respuesta de la RAE no se hizo esperar: emitió un comunicado en el que expresó su “repulsa absoluta” ante unas palabras que calificó de “lamentables e injustificadas”. Defendió, además, la trayectoria de Muñoz Machado, jurista, ensayista y académico elegido por votación interna, como prueba de su legitimidad.. Aunque ambas instituciones intentaron mantener las formas durante la inauguración del Congreso, las tensiones eran evidentes. Los medios captaron una distancia palpable entre ambos directores y una frialdad impropia de dos representantes del idioma que comparten misión.. Una disputa que va más allá de lo personal. Lo que se percibe como una disputa personal tiene raíces institucionales. Según diversas fuentes, el malestar entre la RAE y el Cervantes viene de meses atrás. En el fondo, la disputa refleja diferencias sobre el papel que debe ocupar cada institución en la política cultural española y en la proyección internacional del idioma.. La RAE, de carácter independiente y con más de tres siglos de historia, reivindica su autonomía frente a la injerencia política y su autoridad normativa. El Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, opera con una estructura diplomática y una orientación más cultural y pedagógica. En la práctica, ambas compiten por protagonismo en la gestión de los proyectos lingüísticos del Estado, desde la enseñanza del español en el exterior hasta los acuerdos con organismos internacionales. Algunos académicos interpretan la tensión actual como una lucha por la visibilidad institucional y el control de los recursos.. A la polémica se sumó el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, que acusó al Gobierno de intentar “colonizar la RAE” y calificó a García Montero de “mediocre y paniaguado”. En sus palabras, el conflicto no sería solo entre instituciones, sino un intento del poder político de “contaminar” espacios culturales tradicionalmente autónomos.. La irrupción del novelista encendió todavía más los ánimos, dividiendo opiniones en redes sociales y en el propio mundo académico. Mientras algunos reclamaron una “despolitización urgente” de la cultura, otros consideran que la RAE debe adaptarse a un ecosistema más abierto y plural, menos elitista y más representativo del español global.. El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hizo un llamamiento a “recuperar la cordialidad institucional” y subrayó que “la lengua española necesita unidad, no confrontación”. Desde el entorno del Rey Felipe VI, que inauguró el evento, se insistió en la importancia de mantener el diálogo y la colaboración entre las instituciones que representan al español ante el mundo.. De momento, ninguna de las partes ha dado señales de reconciliación. En el Cervantes se insiste en que “la cooperación no está en peligro”, mientras en la RAE prefieren el silencio. Detrás del ruido mediático, el debate sigue siendo de fondo: cómo coordinar la política lingüística de un idioma que pertenece a más de 500 millones de hablantes sin que las instituciones que lo representan se conviertan en rivales.
Las tensiones entre las dos principales instituciones del idioma español han estallado públicamente en plena celebración del Congreso de la Lengua en Perú
Durante años, la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes han mantenido una relación de cooperación institucional basada en un objetivo común: difundir y proteger la lengua española en el mundo. Sin embargo, esa alianza histórica atraviesa ahora su momento más tenso. Lo que comenzó como un comentario desafortunado del director del Cervantes, Luis García Montero, se ha transformado en una controversia pública que pone de relieve las diferencias de fondo entre ambas entidades y su relación con el Gobierno.. El detonante fue una declaración de García Montero, quien insinuó que la RAE estaba “en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias”, en alusión a su director, Santiago Muñoz Machado. La frase, pronunciada pocos días antes del inicio del Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú), provocó un terremoto en el ámbito cultural.. La respuesta de la RAE no se hizo esperar: emitió un comunicado en el que expresó su “repulsa absoluta” ante unas palabras que calificó de “lamentables e injustificadas”. Defendió, además, la trayectoria de Muñoz Machado, jurista, ensayista y académico elegido por votación interna, como prueba de su legitimidad.. Aunque ambas instituciones intentaron mantener las formas durante la inauguración del Congreso, las tensiones eran evidentes. Los medios captaron una distancia palpable entre ambos directores y una frialdad impropia de dos representantes del idioma que comparten misión.. Una disputa que va más allá de lo personal. Lo que se percibe como una disputa personal tiene raíces institucionales. Según diversas fuentes, el malestar entre la RAE y el Cervantes viene de meses atrás. En el fondo, la disputa refleja diferencias sobre el papel que debe ocupar cada institución en la política cultural española y en la proyección internacional del idioma.. La RAE, de carácter independiente y con más de tres siglos de historia, reivindica su autonomía frente a la injerencia política y su autoridad normativa. El Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, opera con una estructura diplomática y una orientación más cultural y pedagógica. En la práctica, ambas compiten por protagonismo en la gestión de los proyectos lingüísticos del Estado, desde la enseñanza del español en el exterior hasta los acuerdos con organismos internacionales. Algunos académicos interpretan la tensión actual como una lucha por la visibilidad institucional y el control de los recursos.. A la polémica se sumó el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, que acusó al Gobierno de intentar “colonizar la RAE” y calificó a García Montero de “mediocre y paniaguado”. En sus palabras, el conflicto no sería solo entre instituciones, sino un intento del poder político de “contaminar” espacios culturales tradicionalmente autónomos.. La irrupción del novelista encendió todavía más los ánimos, dividiendo opiniones en redes sociales y en el propio mundo académico. Mientras algunos reclamaron una “despolitización urgente” de la cultura, otros consideran que la RAE debe adaptarse a un ecosistema más abierto y plural, menos elitista y más representativo del español global.. El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hizo un llamamiento a “recuperar la cordialidad institucional” y subrayó que “la lengua española necesita unidad, no confrontación”. Desde el entorno del Rey Felipe VI, que inauguró el evento, se insistió en la importancia de mantener el diálogo y la colaboración entre las instituciones que representan al español ante el mundo.. De momento, ninguna de las partes ha dado señales de reconciliación. En el Cervantes se insiste en que “la cooperación no está en peligro”, mientras en la RAE prefieren el silencio. Detrás del ruido mediático, el debate sigue siendo de fondo: cómo coordinar la política lingüística de un idioma que pertenece a más de 500 millones de hablantes sin que las instituciones que lo representan se conviertan en rivales.
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