La política hídrica continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo central. En los últimos años, el debate se ha intensificado especialmente por la reducción progresiva de los caudales transferidos a través del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura considerada estratégica por el sector agrícola murciano. El Ejecutivo autonómico, presidido por Fernando López Miras, sostiene que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España están limitando el acceso a recursos hídricos esenciales para la agricultura, mientras que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se defiende la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las cuencas y cumplir con las exigencias ambientales europeas. En este contexto, la controversia se amplía ahora a la gestión de los acuíferos de la cuenca del Segura, cuya explotación afrontará nuevas restricciones a partir de 2027.
El PP ha anunciado que llevará a las Cortes Generales una iniciativa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que solicite y tramite las prórrogas previstas en la normativa europea para determinadas masas de agua subterránea, con el objetivo de evitar lo que considera un «golpe definitivo» al campo murciano.
El senador del PP por la Región de Murcia, Antonio Luengo, acompañado por la alcaldesa de Jumilla, Severa González, reclama al Ejecutivo central que actúe con urgencia ante un problema que, según denunció, conoce desde hace más de ocho años. «Ya está bien de que el Gobierno de España castigue a la Región de Murcia. Mientras otras comunidades reclaman y consiguen soluciones, aquí tenemos un Gobierno que conoce el problema, que tiene sobre la mesa las alternativas y que, sin embargo, sigue sin actuar».
Luengo explicó que las futuras limitaciones al uso de aguas subterráneas podrían tener importantes repercusiones económicas y sociales en la cuenca del Segura. Según los datos expuestos por el senador, de las 63 masas de agua subterránea existentes en la demarcación, 40 presentan problemas de sobreexplotación. Las restricciones previstas afectarían a 40.722 hectáreas de regadío, con unas pérdidas de producción estimadas en 826 millones de euros anuales y alrededor de 25.350 empleos en el conjunto de la cuenca.
En el caso concreto de la Región de Murcia, el impacto económico alcanzaría los 680 millones de euros al año y pondría en riesgo más de 20.500 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente a la actividad agrícola y agroalimentaria.
Luengo subrayó además que el problema no se limita a la reducción de las extracciones de agua subterránea, sino a la ausencia de recursos alternativos que permitan sustituir esos bombeos. En este sentido, recordó que ninguna comarca puede disminuir el uso de sus pozos sin disponer previamente de otras fuentes de suministro que garanticen el abastecimiento para el regadío.
«Esa sustitución exige infraestructuras de conexión, garantía de suministro y un coste asumible para el regante, tres condiciones que hoy no están resueltas en buena parte del territorio». A su juicio, resulta inviable exigir una reducción de las extracciones sin ofrecer simultáneamente soluciones que permitan mantener la actividad productiva.
El PP respalda así la posición que el Gobierno regional ya trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica mediante una comunicación formal en la que solicitó la aplicación de los mecanismos de flexibilidad previstos por la normativa comunitaria. La petición se centra en la posibilidad de ampliar los plazos para alcanzar los objetivos ambientales fijados para determinadas masas de agua subterránea.
Según recordó Luengo, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea contempla en su artículo 4 la posibilidad de prorrogar los plazos cuando las condiciones naturales impidan alcanzar el buen estado ecológico en los horizontes temporales establecidos. El senador defendió que esta situación encaja con la realidad de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Segura, cuya recuperación requiere décadas, independientemente de la intensidad de las medidas aplicadas.
La normativa europea también permite fijar objetivos adaptados cuando los costes económicos y sociales para alcanzar las metas previstas resulten desproporcionados. El Gobierno regional considera que este supuesto también concurre en varias masas de agua afectadas y reclama al Ejecutivo central que active estas herramientas de flexibilidad con el respaldo de los informes técnicos del Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura.
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La política hídrica continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno de la Región de Murcia y el Ejecutivo central. En los últimos años, el debate se ha intensificado especialmente por la reducción progresiva de los caudales transferidos a través del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura considerada estratégica por el sector agrícola murciano. El Ejecutivo autonómico, presidido por Fernando López Miras, sostiene que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España están limitando el acceso a recursos hídricos esenciales para la agricultura, mientras que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se defiende la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las cuencas y cumplir con las exigencias ambientales europeas. En este contexto, la controversia se amplía ahora a la gestión de los acuíferos de la cuenca del Segura, cuya explotación afrontará nuevas restricciones a partir de 2027.. El PP ha anunciado que llevará a las Cortes Generales una iniciativa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que solicite y tramite las prórrogas previstas en la normativa europea para determinadas masas de agua subterránea, con el objetivo de evitar lo que considera un «golpe definitivo» al campo murciano.. El senador del PP por la Región de Murcia, Antonio Luengo, acompañado por la alcaldesa de Jumilla, Severa González, reclama al Ejecutivo central que actúe con urgencia ante un problema que, según denunció, conoce desde hace más de ocho años. «Ya está bien de que el Gobierno de España castigue a la Región de Murcia. Mientras otras comunidades reclaman y consiguen soluciones, aquí tenemos un Gobierno que conoce el problema, que tiene sobre la mesa las alternativas y que, sin embargo, sigue sin actuar».. Luengo explicó que las futuras limitaciones al uso de aguas subterráneas podrían tener importantes repercusiones económicas y sociales en la cuenca del Segura. Según los datos expuestos por el senador, de las 63 masas de agua subterránea existentes en la demarcación, 40 presentan problemas de sobreexplotación. Las restricciones previstas afectarían a 40.722 hectáreas de regadío, con unas pérdidas de producción estimadas en 826 millones de euros anuales y alrededor de 25.350 empleos en el conjunto de la cuenca.. En el caso concreto de la Región de Murcia, el impacto económico alcanzaría los 680 millones de euros al año y pondría en riesgo más de 20.500 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente a la actividad agrícola y agroalimentaria.. Luengo subrayó además que el problema no se limita a la reducción de las extracciones de agua subterránea, sino a la ausencia de recursos alternativos que permitan sustituir esos bombeos. En este sentido, recordó que ninguna comarca puede disminuir el uso de sus pozos sin disponer previamente de otras fuentes de suministro que garanticen el abastecimiento para el regadío.. «Esa sustitución exige infraestructuras de conexión, garantía de suministro y un coste asumible para el regante, tres condiciones que hoy no están resueltas en buena parte del territorio». A su juicio, resulta inviable exigir una reducción de las extracciones sin ofrecer simultáneamente soluciones que permitan mantener la actividad productiva.. El PP respalda así la posición que el Gobierno regional ya trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica mediante una comunicación formal en la que solicitó la aplicación de los mecanismos de flexibilidad previstos por la normativa comunitaria. La petición se centra en la posibilidad de ampliar los plazos para alcanzar los objetivos ambientales fijados para determinadas masas de agua subterránea.. Según recordó Luengo, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea contempla en su artículo 4 la posibilidad de prorrogar los plazos cuando las condiciones naturales impidan alcanzar el buen estado ecológico en los horizontes temporales establecidos. El senador defendió que esta situación encaja con la realidad de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Segura, cuya recuperación requiere décadas, independientemente de la intensidad de las medidas aplicadas.. La normativa europea también permite fijar objetivos adaptados cuando los costes económicos y sociales para alcanzar las metas previstas resulten desproporcionados. El Gobierno regional considera que este supuesto también concurre en varias masas de agua afectadas y reclama al Ejecutivo central que active estas herramientas de flexibilidad con el respaldo de los informes técnicos del Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura.
Las restricciones previstas por el Gobierno de Pedro Sánchez afectarían a 40.722 hectáreas de regadío, con unas pérdidas de producción estimadas en 826 millones de euros anuales
