Un total de 400 familias de las playas de Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre se ven afectadas por la nueva línea de deslinde del dominio público terrestre que, al haberse visto retrasada por Costas, obliga a la demolición de estas casas que quedarían en terreno público.
«Son construcciones legales, con sus escrituras públicas, inscritas en el registro de propiedad, pagando sus impuestos, y, por supuesto, todas plenamente consolidadas en sus entornos urbanos», ha lamentado este lunes el senador del Partido Popular (PP), Francisco Bernabé.
El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para «poner fin al bloqueo que la Mesa del Congreso mantiene sobre la proposición de ley del PP en esta materia» y Bernabé ha anunciado que «si no desiste esta actitud de fraude legal» iniciarán acciones judiciales personales contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el resto de miembros de la Mesa, ya que consideran que «están anteponiendo los mandatos de Pedro Sánchez al interés general de todos los españoles» al retrasar la tramitación en la Cámara Baja de la proposición de ley del PP para «salvaguardar los núcleos tradicionales costeros de nuestro litoral, aquellos que tienen unos valores especiales de tipo etnográfico, histórico, paisajístico, vinculados al medio marino».
«El Senado es una Cámara de las Cortes Generales tan legítima como el Congreso e intentar eliminar la iniciativa del PP es negar la legitimidad constitucional del Senado para legislar».
Bernabé ha afirmado que esta proposición lleva más de 60 prórogas acordadas por la Mesa del Congreso ya que «semana tras semana se amplia el plazo de enmiendas sin razón». Así, ha advertido de que «tiene que seguir adelante y si no se consigue por la vía política será a través de los tribunales de justicia, en este caso el Constitucional».
El senador ha indicado que las familias afectadas «están usando todos los medios legales, y poniendo recursos ante esas órdenes de demolición». Así, ha explicado que dos viviendas de Cabo de Palos que «han perdido esos recursos y tienen ya la orden de demolición pendiente sobre sus cabezas, eventualmente van a recubrir ahora ante el Tribunal Supremo».
Además, al quedar estas casas en dominio público, Bernabé ha explicado que las familias deberían costear la demolición y no recibirían ningún tipo de indemnización por perder sus viviendas.
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Un total de 400 familias de las áreas costeras de Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre se ven impactadas por la nueva línea de deslinde del dominio público terrestre. Esta situación, que ha sido postergada por Costas, obliga a demoler las casas que se encuentran en terrenos públicos. «Son edificaciones legales, con sus escrituras, registradas adecuadamente y cumpliendo con sus obligaciones fiscales, además de estar completamente integradas en sus respectivos entornos urbanos», lamentó el senador del Partido Popular (PP), Francisco Bernabé, este lunes. El PP ha llevado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para «terminar con el estancamiento que la Mesa del Congreso mantiene sobre su proposición de ley» y Bernabé advirtió que «si no se detiene este comportamiento de fraude legal» tomarán acciones legales personales contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los otros miembros de la Mesa, argumentando que «están favoreciendo los intereses de Pedro Sánchez sobre el bienestar de los españoles» al demorar la discusión del proyecto de ley del PP que busca «proteger las zonas costeras tradicionales con valores etnográficos, históricos y paisajísticos, relacionados con el entorno marino». Bernabé subrayó que el Senado es tan legítimo como el Congreso y que intentar anular la iniciativa del PP es desestimar su capacidad constitucional para legislar. Además, indicó que esta proposición ha sido objeto de más de 60 extensiones de plazo acordadas por la Mesa del Congreso, ya que «cada semana se prolonga el tiempo para enmendar sin justificación». De esta manera, ha señalado que «se debe continuar, y si no se logra por la vía política, se hará a través de los tribunales de justicia, específicamente el Tribunal Constitucional». El senador ha mencionado que las familias perjudicadas «están utilizando todos los recursos legales y presentando apelaciones contra esas órdenes de demolición». En este sentido, se ha detallado que dos casas en Cabo de Palos que «han perdido esos derechos y ya tienen la orden de demolición pendiente», presentarán una apelación ante el Tribunal Supremo. Asimismo, al situarse estas propiedades en el dominio público, Bernabé ha indicado que las familias tendrán que asumir los costos de la demolición y no recibirán compensación alguna por la pérdida de sus hogares.
El Partido Popular presenta ante el Tribunal Constitucional la impugnación al obstáculo en su Ley de Costas.
