El inesperado retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica para autónomos y empresas que permitirá a la Agencia Tributaria recibir en tiempo real los registros, ha provocado un visible cisma interno en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La repentina aprobación en el Consejo de Ministros de esta semana de un real decreto ley que pospone un año los plazos de adaptación al nuevo marco ha generado perplejidad, frustración y un malestar inusual entre los responsables técnicos que llevaban años trabajando en la implantación del nuevo modelo.. Seguir leyendo
Los responsables del sistema de verificación de facturas para pymes y autónomos lamentan la nueva prórroga y aseguran que la infraestructura estaba lista para funcionar
El inesperado retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica para autónomos y empresas que permitirá a la Agencia Tributaria recibir en tiempo real los registros, ha provocado un visible cisma interno en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La repentina aprobación en el Consejo de Ministros de esta semana de un real decreto ley que pospone un año los plazos de adaptación al nuevo marco ha generado perplejidad, frustración y un malestar inusual entre los responsables técnicos que llevaban años trabajando en la implantación del nuevo modelo.. Una de las reacciones más llamativas ha sido la de Javier Hurtado, inspector de Hacienda del Estado y miembro del grupo de trabajo encargado de la coordinación del proyecto: “Solo puedo pedir disculpas a tantas y tantas empresas, desarrolladores y despachos que han confiado en que se cumplirían los plazos que veníamos comunicando, de buena fe y con la mejor voluntad”, lamenta en una publicación en redes sociales. “Todo apunta a que han pesado consideraciones ajenas al propio proyecto para retrasar estas fechas límite de adaptación”, añade.. El inspector había acudido durante los últimos meses en representación de la Agencia Tributaria a un sinfín de encuentros profesionales para explicar los avances y detalles del modelo. El último se produjo precisamente este lunes, un día antes del anuncio de la moratoria, en un evento organizado por las patronales CEOE y Cepyme y la asociación de autónomos ATA.. El calendario oficial establecía que Verifactu entraría en vigor el 1 de enero de 2026 para las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades y el 1 de julio de ese año para autónomos y pymes, tras una primera moratoria ya otorgada anteriormente. Sin embargo, sorpresivamente y con el objetivo de reconducir las relaciones con Junts en el Congreso, el Gobierno anunció que se aplazaba un año adicional la obligatoriedad del sistema para ambos colectivos. “Se trata de un grave contratiempo en el camino de la digitalización de facturas”, subraya Hurtado.. También Bartolomé Borrego, vocal adscrito en la Agencia Tributaria, se ha sumado por la misma vía a las disculpas, dirigidas a “todos los desarrolladores, asesores y empresas” afectados. Tanto él como Hurtado apuntan directamente a que la decisión se ha tomado en instancias superiores, “sin previo aviso y sin que los que nos encontramos trabajando en el proyecto hayamos tenido ni conocimiento, ni posibilidad de dar una opinión”. Ambos sugieren, además, que nada se ha decidido en la propia Agencia Tributaria, que —subrayan— “ya tenía todo preparado”, con la normativa aprobada, los desarrollos informáticos completados y los sistemas funcionando. “Prueba inequívoca de ello es que más de 40.000 empresas ya estaban enviando exitosamente sus datos a través de Verifactu. La infraestructura estaba lista y operativa”.. Con todo, el vocal recuerda que el cambio no implica una derogación, sino un simple aplazamiento. Por eso, aplaude a quienes habían adelantado la transformación digital que otros aún posponen. “Estáis preparados para los desarrollos normativos futuros y habéis adquirido una ventaja competitiva real”. En paralelo, anima a quienes estaban rezagados a aprovechar la prórroga y no dejar la implementación para las semanas previas a la nueva fecha límite.. El malestar interno en la Agencia Tributaria también llega por parte del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, desde donde lamentan que el ministerio no les informara de la prórroga, habida cuenta de que “sobre los técnicos recae el peso de la información y gestión de Verifactu”. También la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado carga contra una decisión que se ha tomado “cediendo a presiones independentistas”.. Penalización para quienes sí cumplen. A la frustración interna en la Agencia Tributaria se suman las críticas de los profesionales del asesoramiento fiscal. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), integrado en el Consejo General de Economistas, advierten de que la decisión llega demasiado tarde para la mayoría de empresas, que ya habían organizado recursos, inversiones y calendarios en función de los plazos oficiales. Según Agustín Fernández, presidente del REAF, un cambio tan tardío complica la organización interna de los afectados y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo”. Aunque reconocen que la ampliación del plazo supone un respiro para quienes aún estaban en fase de adaptación, subrayan que para la gran mayoría implica “reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora”.. El decano del Colegio de Titulados Mercantiles de Santa Cruz de Tenerife y miembro del REAF, Samuel Cruz, también cree que se castiga a quienes habían cumplido y lamenta que se posponga nuevamente una medida que contribuye a luchar contra el fraude fiscal. De igual manera, aconseja a los autónomos y empresas que hubiesen empezado el proceso terminarlo, ya que, recuerda, el Gobierno ha optado por incluir la medida en un decreto ley más amplio que podría decaer en el Congreso.. Ese paquete incorpora varias medidas además de la prórroga: la posibilidad de que los ayuntamientos utilicen su superávit de 2024 para inversiones en vivienda y, también, la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las competencias sobre interventores, secretarios y tesoreros municipales. Un punto políticamente delicado que condicionará el destino de Verifactu.. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) coincide en el diagnóstico y va incluso más allá. Aunque admite que muchas pymes y autónomos han acogido la prórroga con alivio, considera que aplazar una reforma anunciada desde hace años a tan solo un mes de su entrada en vigor lanza “un mensaje profundamente negativo” y evidencia “una falta de planificación por parte de la propia Administración”. La asociación recuerda que miles de empresas habían realizado inversiones significativas, adaptado sistemas, contratado soluciones tecnológicas y recibido formación para cumplir puntualmente con la nueva obligación.. El retraso, añaden, transmite una señal “desalentadora” para quienes sí se prepararon a tiempo, que pueden sentir que su esfuerzo ha sido penalizado. Por ello, reclaman una política fiscal más estratégica, coherente y basada en cronogramas realistas, evaluaciones rigurosas y una comunicación institucional clara, capaz de ofrecer a empresas y profesionales la seguridad jurídica indispensable para abordar con solvencia una modernización tan profunda como la que representa Verifactu.
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