La cría de animales, ya sea por afición, por obtener descendencia o con fines económicos, está regulada por un sistema de obligaciones que busca garantizar el bienestar animal y evitar situaciones de riesgo. La Ley 7/2023 establece que las infracciones graves pueden sancionarse con multas de entre 10.001 y 50.000 euros, un tramo que refleja la importancia de proteger a los animales frente a prácticas inadecuadas.. El artículo 74 define como infracción grave cualquier conducta que, por acción u omisión, cause daño o sufrimiento al animal sin llegar a provocarle la muerte ni secuelas extremas. La norma incluye tanto el incumplimiento de obligaciones como la realización de prácticas expresamente prohibidas.. Entre las conductas tipificadas como graves se encuentra la cría de animales silvestres alóctonos —especies no autóctonas— y su comercio, salvo en los supuestos autorizados. La ley busca evitar la expansión de especies invasoras y proteger los ecosistemas locales.. Daños, secuelas y prácticas que comprometen la integridad del animal. La normativa considera infracción grave cualquier acción que provoque lesiones graves, secuelas permanentes o sufrimiento innecesario, siempre que no constituya delito penal. El objetivo es impedir que el manejo de los animales derive en daños físicos o emocionales.. El incumplimiento de la identificación obligatoria, el uso de métodos agresivos o violentos en la educación o la administración de sustancias que alteren el comportamiento sin prescripción veterinaria también se incluyen en este nivel sancionador.. La ley prohíbe las mutilaciones no autorizadas, el uso de animales como premio, recompensa, rifa o promoción, y su empleo como reclamo publicitario sin permiso. Todas estas prácticas se consideran incompatibles con el bienestar animal y pueden derivar en sanciones importantes.
La normativa española refuerza el control sobre la cría, comercio y manejo de animales para evitar daños, sufrimiento y prácticas que comprometan su bienestar
La cría de animales, ya sea por afición, por obtener descendencia o con fines económicos, está regulada por un sistema de obligaciones que busca garantizar el bienestar animal y evitar situaciones de riesgo. La Ley 7/2023 establece que las infracciones graves pueden sancionarse con multas de entre 10.001 y 50.000 euros, un tramo que refleja la importancia de proteger a los animales frente a prácticas inadecuadas.. El artículo 74 define como infracción grave cualquier conducta que, por acción u omisión, cause daño o sufrimiento al animal sin llegar a provocarle la muerte ni secuelas extremas. La norma incluye tanto el incumplimiento de obligaciones como la realización de prácticas expresamente prohibidas.. Entre las conductas tipificadas como graves se encuentra la cría de animales silvestres alóctonos —especies no autóctonas— y su comercio, salvo en los supuestos autorizados. La ley busca evitar la expansión de especies invasoras y proteger los ecosistemas locales.. La normativa considera infracción grave cualquier acción que provoque lesiones graves, secuelas permanentes o sufrimiento innecesario, siempre que no constituya delito penal. El objetivo es impedir que el manejo de los animales derive en daños físicos o emocionales.. El incumplimiento de la identificación obligatoria, el uso de métodos agresivos o violentos en la educación o la administración de sustancias que alteren el comportamiento sin prescripción veterinaria también se incluyen en este nivel sancionador.. La ley prohíbe las mutilaciones no autorizadas, el uso de animales como premio, recompensa, rifa o promoción, y su empleo como reclamo publicitario sin permiso. Todas estas prácticas se consideran incompatibles con el bienestar animal y pueden derivar en sanciones importantes.
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