El Área Metropolitana de Barcelona, liderada por la teniente de alcalde de la capital catalana, Laia Bonet, ha celebrado esta mañana que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya respaldado la legalidad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona, reforzando así la «solidez jurídica» de este sistema restrictivo.. Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, las zonas de control desplegadas por Barcelona «garantizan seguridad jurídica, coherencia territorial y eficacia ambiental», como indican las dos últimas sentencias del tribunal catalán, avanzadas este martes por ‘El Periódico de Catalunya’.. La ZBE se puso en marcha hace varios años en Barcelona con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y «proteger la salud pública». Desde su llegada, la medida ha sido objeto de recursos ante tribunales, aunque el TSJC ha desestimado todos ellos al entender que la normativa cumple con los requisitos legales.. El tribunal sostiene que las medidas municipales para limitar el acceso de vehículos más contaminantes a las vías interurbanas se ajustan a la legalidad, y que el objetivo que persigue la norma, mejorar la calidad del aire, es legítimo y propocional.
El AMB celebra el respaldo legal del TSJC
El Área Metropolitana de Barcelona, liderada por la teniente de alcalde de la capital catalana, Laia Bonet, ha celebrado esta mañana que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya respaldado la legalidad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona, reforzando así la «solidez jurídica» de este sistema restrictivo.. Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, las zonas de control desplegadas por Barcelona «garantizan seguridad jurídica, coherencia territorial y eficacia ambiental», como indican las dos últimas sentencias del tribunal catalán, avanzadas este martes por ‘El Periódico de Catalunya’.. La ZBE se puso en marcha hace varios años en Barcelona con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y «proteger la salud pública». Desde su llegada, la medida ha sido objeto de recursos ante tribunales, aunque el TSJC ha desestimado todos ellos al entender que la normativa cumple con los requisitos legales.. El tribunal sostiene que las medidas municipales para limitar el acceso de vehículos más contaminantes a las vías interurbanas se ajustan a la legalidad, y que el objetivo que persigue la norma, mejorar la calidad del aire, es legítimo y propocional.
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