La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha salido en defensa de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que se está tramitando para su aprobación en el Parlamento, asegurando que «ninguno de los preceptos» de la norma «vulnera la autonomía universitaria» tras advertir el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, de que el texto está «en el límite de la inconstitucionalidad. Bordea en algunos artículos la constitucionalidad –ha remarcado–. En un escrito remitido a Europa Press, la Consejería explica que los «cambios» introducidos en el texto que contó hace un año con el «voto positivo de todos los rectores andaluces» son «consecuencia de la tramitación correspondiente» y «a instancia de las observaciones» hechas por el Consejo de Transparencia, Consejo Asesor de Estudiantes, Agencia de la Competencia, Gabinete jurídico y Consejo Consultivo.. La única «incorporación importante» que se ha hecho con respecto al anteproyecto de Ley que «tuvo el visto bueno de los rectores –insiste la Junta–» es la referente a la figura del interventor externo –antes facultativo y ahora obligatorio–. Una figura que «ya existe en todas las administraciones públicas» y que persigue ser «una garantía para la adecuada fiscalización de la gestión económica» porque «pretendemos que no vuelva a suceder lo ocurrido en la Universidad de Málaga, que gastó 80 millones sin la autorización que exige la Ley». «En el resto de cuestiones sobre las que existía alguna duda, se acordó –hace un año– que se establecería lo que indicara el Consultivo y así se ha hecho», remarca la Consejería en el escrito remitido, en el que se asegura que este organismo «analizó detalladamente el respeto a la autonomía universitaria señalando lo siguiente: «La autonomía universitaria se constituye en elemento fundamental para el análisis del texto sometido a examen […] En definitiva, la comunidad autónomaes competente para la aprobación de la Ley cuyo anteproyecto se ha remitido a este Consejo para dictamen».. En su intervención en la comisión parlamentaria sobre la LUPA, el también rector de la Pablo de Olavide ha lamentado que el texto que ha llegado a la Cámara andaluza «difiere en aspectos sustantivos» al que se analizó hace un año por los rectores y que recibió el visto bueno de estos. Los rectores del sistema público andaluz consideran que la Ley ahora en trámite supone «una injerencia política» y ponen «en entredicho su legalidad» al «invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución» y al «vulnerar» artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No obstante, aclaran que «no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo». Oliva, que ha reconocido la «preocupación» de los rectores y el «deseo de que se tengan en cuenta las consideraciones» hechas en la comisión, ha llamado la atención, por ejemplo, sobre la «flagrante restricción» a las universidades a la hora de su organización interna en materia de contratación, con una revisión semestral del personal sustituto. Una «injerencia injusticada», según la AUPA. Sobre contratación, de hecho, apuntan incluso a que «el Estado es el único con competencias en legislación laboral».. Sobre las «nuevas figuras» que se recogen en el texto andaluz, Oliva ha sostenido que «las modalidades» están recogidas en la LOSU, por lo que categorías como la del profesor singular invitado «por claridad, debería suprimirse porque no añade nada especial» con respecto a lo que ha existe. En cuanto al profesor emérito, ha recordado que la LOSU establece que los requisitos los fija cada universidad. Lo de la LUPA es «un error técnico de competencias», ha confiado el presidente de AUPA. Sobre el hecho de que la oferta de plazas de profesorado tiene que ser aprobada por la Junta de Andalucía, «la LOSU es clara: es competencia de las universidades». «Es preocupante que se hayan añadido cosas que afectan claramente a la autonomía universitaria y que son una vulneración de la LOSU». Sobre las becas de internacionalización, los rectores reclaman que se deje por escrito que serán «exclusivamente para los estudiantes de la pública»; consideran «excesivo» que el número de miembros del Consejo Social que nombrará la Junta sean nueve, lo que «puede comprometer la independencia del órgano»; y exigen que las universidades de nueva creación se adapten a la nueva normativa «desde un principio», no que cuenten con un año para adaptarse a la misma.. En relación a la obligación de que haya un interventor externo en cada universidad –hace un año se planteó que fuera facultativo–, «no sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión», máxime, ha puntualizado Francisco Oliva, cuando «todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas». «No hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades», ha subrayado. «Carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión». El parlamentario ‘popular’ José Carlos García ha tomado la palabra para recordar que la Ley tiene el aval de los servicios jurídicos autonómicos y del Consejo Consultivo y ha defendido la figura del interventor «ante lo que ha pasado en la Universidad de Málaga». «Cuatro ojos ven más que dos».
Los cambios introducidos en el texto son «consecuencia de la tramitación correspondiente»
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha salido en defensa de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que se está tramitando para su aprobación en el Parlamento, asegurando que «ninguno de los preceptos» de la norma «vulnera la autonomía universitaria» tras advertir el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, de que el texto está «en el límite de la inconstitucionalidad. Bordea en algunos artículos la constitucionalidad –ha remarcado–. En un escrito remitido a Europa Press, la Consejería explica que los «cambios» introducidos en el texto que contó hace un año con el «voto positivo de todos los rectores andaluces» son «consecuencia de la tramitación correspondiente» y «a instancia de las observaciones» hechas por el Consejo de Transparencia, Consejo Asesor de Estudiantes, Agencia de la Competencia, Gabinete jurídico y Consejo Consultivo.. La única «incorporación importante» que se ha hecho con respecto al anteproyecto de Ley que «tuvo el visto bueno de los rectores –insiste la Junta–» es la referente a la figura del interventor externo –antes facultativo y ahora obligatorio–. Una figura que «ya existe en todas las administraciones públicas» y que persigue ser «una garantía para la adecuada fiscalización de la gestión económica» porque «pretendemos que no vuelva a suceder lo ocurrido en la Universidad de Málaga, que gastó 80 millones sin la autorización que exige la Ley». «En el resto de cuestiones sobre las que existía alguna duda, se acordó –hace un año– que se establecería lo que indicara el Consultivo y así se ha hecho», remarca la Consejería en el escrito remitido, en el que se asegura que este organismo «analizó detalladamente el respeto a la autonomía universitaria señalando lo siguiente: «La autonomía universitaria se constituye en elemento fundamental para el análisis del texto sometido a examen […] En definitiva, la comunidad autónomaes competente para la aprobación de la Ley cuyo anteproyecto se ha remitido a este Consejo para dictamen».. En su intervención en la comisión parlamentaria sobre la LUPA, el también rector de la Pablo de Olavide ha lamentado que el texto que ha llegado a la Cámara andaluza «difiere en aspectos sustantivos» al que se analizó hace un año por los rectores y que recibió el visto bueno de estos. Los rectores del sistema público andaluz consideran que la Ley ahora en trámite supone «una injerencia política» y ponen «en entredicho su legalidad» al «invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución» y al «vulnerar» artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No obstante, aclaran que «no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo». Oliva, que ha reconocido la «preocupación» de los rectores y el «deseo de que se tengan en cuenta las consideraciones» hechas en la comisión, ha llamado la atención, por ejemplo, sobre la «flagrante restricción» a las universidades a la hora de su organización interna en materia de contratación, con una revisión semestral del personal sustituto. Una «injerencia injusticada», según la AUPA. Sobre contratación, de hecho, apuntan incluso a que «el Estado es el único con competencias en legislación laboral».. Sobre las «nuevas figuras» que se recogen en el texto andaluz, Oliva ha sostenido que «las modalidades» están recogidas en la LOSU, por lo que categorías como la del profesor singular invitado «por claridad, debería suprimirse porque no añade nada especial» con respecto a lo que ha existe. En cuanto al profesor emérito, ha recordado que la LOSU establece que los requisitos los fija cada universidad. Lo de la LUPA es «un error técnico de competencias», ha confiado el presidente de AUPA. Sobre el hecho de que la oferta de plazas de profesorado tiene que ser aprobada por la Junta de Andalucía, «la LOSU es clara: es competencia de las universidades». «Es preocupante que se hayan añadido cosas que afectan claramente a la autonomía universitaria y que son una vulneración de la LOSU». Sobre las becas de internacionalización, los rectores reclaman que se deje por escrito que serán «exclusivamente para los estudiantes de la pública»; consideran «excesivo» que el número de miembros del Consejo Social que nombrará la Junta sean nueve, lo que «puede comprometer la independencia del órgano»; y exigen que las universidades de nueva creación se adapten a la nueva normativa «desde un principio», no que cuenten con un año para adaptarse a la misma.. En relación a la obligación de que haya un interventor externo en cada universidad –hace un año se planteó que fuera facultativo–, «no sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión», máxime, ha puntualizado Francisco Oliva, cuando «todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas». «No hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades», ha subrayado. «Carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión». El parlamentario ‘popular’ José Carlos García ha tomado la palabra para recordar que la Ley tiene el aval de los servicios jurídicos autonómicos y del Consejo Consultivo y ha defendido la figura del interventor «ante lo que ha pasado en la Universidad de Málaga». «Cuatro ojos ven más que dos».
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