En medio de un revés político para la independencia, Junts, ERC, los Comunes y la CUP han apuntado a un gesto simbólico significativo. Lo descubrieron en un lugar inesperado: los archivos del siglo XVIII. La propuesta presentada en el Parlamento esta semana pide que el Congreso de los Diputados derogue los Decretos de Nueva Planta, que fueron promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716 después de la Guerra de Sucesión Española. Estos decretos eliminaron las leyes, foros e instituciones de los territorios de la Corona de Aragón (Catalunya, Valencia, Aragón y Mallorca) e introdujeron un sistema centralizado basado en el absolutismo borbónico. Para los grupos independentistas y expertos legales que defienden la iniciativa, revocarla serviría como un acto histórico y simbólico de reparación para las regiones cuyos sistemas legales les fueron impuestos hace más de trescientos años. El movimiento tiene un claro aspecto político: 1714 es un importante fundamento emocional de la narrativa soberanista, que ha reinterpretado ese conflicto dinástico del siglo XVIII como una lucha entre «España» y «Catalunya». Los defensores de la iniciativa sostienen que la Constitución de 1978 no mencionaba claramente la derogación de los decretos, «excepto en el caso del foral vasco-navarra», y ahora piden una corrección oficial que reconozca la diversidad legal y territorial que existía antes de que los Borbones llegaran al poder. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada rápidamente. El ejemplo más viral ha sido el de Alejandro Fernández, el jefe del PP en Cataluña, quien compartió la noticia y entregó un comentario mordaz. «Tenemos que ser más ambiciosos y eliminar toda la era paleolítica, ya que fue un período terrible carente de derechos sociales y laborales». Se benefician de que el transporte era ecológico y no tenía emisiones.
Algunos grupos presentaron una propuesta para anular los Decretos de Nuevas Plantas.
En medio de un revés político para la independencia, Junts, ERC, los Comunes y la CUP han apuntado a un gesto simbólico significativo. Lo descubrieron en un lugar inesperado: los archivos del siglo XVIII. La propuesta presentada en el Parlamento esta semana pide que el Congreso de los Diputados derogue los Decretos de Nueva Planta, que fueron promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716 después de la Guerra de Sucesión Española. Estos decretos eliminaron las leyes, foros e instituciones de los territorios de la Corona de Aragón (Catalunya, Valencia, Aragón y Mallorca) e introdujeron un sistema centralizado basado en el absolutismo borbónico. Para los grupos independentistas y expertos legales que defienden la iniciativa, revocarla serviría como un acto histórico y simbólico de reparación para las regiones cuyos sistemas legales les fueron impuestos hace más de trescientos años. El movimiento tiene un claro aspecto político: 1714 es un importante fundamento emocional de la narrativa soberanista, que ha reinterpretado ese conflicto dinástico del siglo XVIII como una lucha entre «España» y «Catalunya». Los defensores de la iniciativa sostienen que la Constitución de 1978 no mencionaba claramente la derogación de los decretos, «excepto en el caso del foral vasco-navarra», y ahora piden una corrección oficial que reconozca la diversidad legal y territorial que existía antes de que los Borbones llegaran al poder. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada rápidamente. El ejemplo más viral ha sido el de Alejandro Fernández, el jefe del PP en Cataluña, quien compartió la noticia y entregó un comentario mordaz. «Tenemos que ser más ambiciosos y eliminar toda la era paleolítica, ya que fue un período terrible carente de derechos sociales y laborales». Se benefician de que el transporte era ecológico y no tenía emisiones.
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