La comparecencia de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, este martes como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus ha tenido como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respalda de informes jurídicos. Los comparecientes sólo han respondido a las preguntas formuladas por el juez, José Antonio Gómez, la Fiscalía Anticorrupción y el abogado de la defensa, según fuentes presenciales de la declaración.. Esta jornada se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el segundo episodio de declaraciones testificales en el marco de las diligencias previas 2476/2024 por los contratos del SAS. La semana pasada fue el turno de la actual viceconsejera de Economía y exinterventora general de la Junta, Amelia Martínez, así como de dos interventoras del SAS, además de un exdirectivos del SAS y de la Consejería de Salud, aunque con diferentes estatus procesal. Como investigados lo han hecho los responsables del SAS en diferentes etapas, y de testigos, las comparecencias de hace una semana.. Las fuentes apuntan que los distintos responsables que ha tenido el SAS entre julio de 2022 y hasta la actualidad han sostenido que sus decisiones se sustentaban en los informes de los funcionarios, por lo que han considerado haber trabajado amparados ante una situación de emergencia, que llevó al desbordamiento del sistema sanitario, por lo cual el resto de circunstancias estaban en un segundo plano. Ante la pregunta por parte del juez instructor de si la contratación administrativa de emergencia se pudo revertir para retornar a la ordinaria, una vez que la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda publicó la Instrucción 9/2021 sobre el fin de la tramitación de los expedientes de emergencia, ha esgrimido aquí uno de los comparecientes la idea de que a ellos nos le concernía esa instrucción, en palabras de la fuente seguidora de la comparecencia.. El tono de la comparecencia de la actual directora gerente del SAS y sus antecesores ha sido de exposición de su trabajo como gestores sanitarios sin dilucidar los límites entre contratación ordinaria y de emergencia bajo el paraguas, como ha afirmado un compareciente, de que la jornada laboral arrancaba con el informe de víctimas mortales del Covid. A Valle García se le ha cuestionado por una adenda de contratación de 2024 para esgrimir la actual directora gerente del SAS que en su caso prestó atención a que fueron actuaciones efectivamente prestadas, así como que no eran facturas que excedieran los servicios contratados, aun cuando se han apuntado pagos materiales superiores a los contratos.. Las fuentes informantes han apuntado que el exgerente Miguel Ángel Guzmán ha rechazado que fuera a iniciativa de la Consejería de Salud la propuesta de incluir la contratación del SAS dentro del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, que promovió el cambio de la fiscalización previa de esos contratos por el control financiero permanente, que se acomete a posteriori. Guzmán ha sostenido, según el relato de las fuentes presenciales, que «un gestor no puede intervenir» en los contenidos del Consejo Gobierno, además de blandir su condición de «sufridor de la situación» y que «el competente es Hacienda» en lo relativo al control del gasto, por lo que las fuentes apelan a las diferencias entre la testifical de la viceconsejera de Economía y exinterventora general acerca del entendimiento informal para ello entre Hacienda y Salud ante la tesis que ha defendido el exgerente del SAS.. Las fuentes han apuntado que «los fiscales sí han preguntado por Hospital Militar», en alusión a la solicitud de información del juez en una providencia sobre su financiación con fondos europeos. Miguel Ángel Guzmán cesó como director gerente del Servicio Andaluz de Salud el 29 de julio de 2022 tras su elección el 19 de noviembre de 2019. También fue viceconsejero de Salud y Consumo entre el 29 de julio de 2022 y 27 de diciembre de 2023.. Diego Agustín Vargas gestionó el SAS entre el 9 de agosto de 2022 y el 27 de diciembre de 2023. Valle García ejerce la máxima responsabilidad del SAS desde su nombramiento el 27 diciembre de 2023. En noviembre de 2024 estos tres responsables del SAS en diferentes momentos ya comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 13, momento en que reclamaron el archivo de la causa, así como una fianza de 15.000 euros a cada parlamentario socialista denunciante.. La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se sustenta en una denuncia de 31 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se adhirió Podemos Andalucía, y en la que ambos partidos ejercen la acusación popular. Se siguen otras diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, en este caso sobre la fragmentación de contratos por el SAS. Se investiga un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de 242 millones una vez que el Estado hizo decaer las medidas del Decreto-ley sobre contratación de bienes y servicios en tiempo de pandemia del Covid-19, que el propio Gobierno andaluz así reconoció con una Instrucción de la Dirección General de Contratación de 18 de junio de 2021.
Han comparecido como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS
La comparecencia de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, este martes como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus ha tenido como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respalda de informes jurídicos. Los comparecientes sólo han respondido a las preguntas formuladas por el juez, José Antonio Gómez, la Fiscalía Anticorrupción y el abogado de la defensa, según fuentes presenciales de la declaración.. Esta jornada se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el segundo episodio de declaraciones testificales en el marco de las diligencias previas 2476/2024 por los contratos del SAS. La semana pasada fue el turno de la actual viceconsejera de Economía y exinterventora general de la Junta, Amelia Martínez, así como de dos interventoras del SAS, además de un exdirectivos del SAS y de la Consejería de Salud, aunque con diferentes estatus procesal. Como investigados lo han hecho los responsables del SAS en diferentes etapas, y de testigos, las comparecencias de hace una semana.. Las fuentes apuntan que los distintos responsables que ha tenido el SAS entre julio de 2022 y hasta la actualidad han sostenido que sus decisiones se sustentaban en los informes de los funcionarios, por lo que han considerado haber trabajado amparados ante una situación de emergencia, que llevó al desbordamiento del sistema sanitario, por lo cual el resto de circunstancias estaban en un segundo plano. Ante la pregunta por parte del juez instructor de si la contratación administrativa de emergencia se pudo revertir para retornar a la ordinaria, una vez que la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda publicó la Instrucción 9/2021 sobre el fin de la tramitación de los expedientes de emergencia, ha esgrimido aquí uno de los comparecientes la idea de que a ellos nos le concernía esa instrucción, en palabras de la fuente seguidora de la comparecencia.. El tono de la comparecencia de la actual directora gerente del SAS y sus antecesores ha sido de exposición de su trabajo como gestores sanitarios sin dilucidar los límites entre contratación ordinaria y de emergencia bajo el paraguas, como ha afirmado un compareciente, de que la jornada laboral arrancaba con el informe de víctimas mortales del Covid. A Valle García se le ha cuestionado por una adenda de contratación de 2024 para esgrimir la actual directora gerente del SAS que en su caso prestó atención a que fueron actuaciones efectivamente prestadas, así como que no eran facturas que excedieran los servicios contratados, aun cuando se han apuntado pagos materiales superiores a los contratos.. Las fuentes informantes han apuntado que el exgerente Miguel Ángel Guzmán ha rechazado que fuera a iniciativa de la Consejería de Salud la propuesta de incluir la contratación del SAS dentro del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, que promovió el cambio de la fiscalización previa de esos contratos por el control financiero permanente, que se acomete a posteriori. Guzmán ha sostenido, según el relato de las fuentes presenciales, que «un gestor no puede intervenir» en los contenidos del Consejo Gobierno, además de blandir su condición de «sufridor de la situación» y que «el competente es Hacienda» en lo relativo al control del gasto, por lo que las fuentes apelan a las diferencias entre la testifical de la viceconsejera de Economía y exinterventora general acerca del entendimiento informal para ello entre Hacienda y Salud ante la tesis que ha defendido el exgerente del SAS.. Las fuentes han apuntado que «los fiscales sí han preguntado por Hospital Militar», en alusión a la solicitud de información del juez en una providencia sobre su financiación con fondos europeos. Miguel Ángel Guzmán cesó como director gerente del Servicio Andaluz de Salud el 29 de julio de 2022 tras su elección el 19 de noviembre de 2019. También fue viceconsejero de Salud y Consumo entre el 29 de julio de 2022 y 27 de diciembre de 2023.. Diego Agustín Vargas gestionó el SAS entre el 9 de agosto de 2022 y el 27 de diciembre de 2023. Valle García ejerce la máxima responsabilidad del SAS desde su nombramiento el 27 diciembre de 2023. En noviembre de 2024 estos tres responsables del SAS en diferentes momentos ya comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 13, momento en que reclamaron el archivo de la causa, así como una fianza de 15.000 euros a cada parlamentario socialista denunciante.. La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se sustenta en una denuncia de 31 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se adhirió Podemos Andalucía, y en la que ambos partidos ejercen la acusación popular. Se siguen otras diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, en este caso sobre la fragmentación de contratos por el SAS. Se investiga un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de 242 millones una vez que el Estado hizo decaer las medidas del Decreto-ley sobre contratación de bienes y servicios en tiempo de pandemia del Covid-19, que el propio Gobierno andaluz así reconoció con una Instrucción de la Dirección General de Contratación de 18 de junio de 2021.
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