El Pleno del Consejo aprobó el decreto-ley por el que se introducen medidas urgentes para combatir la regulación excesiva, racionalizar los procedimientos y garantizar la unidad del mercado. Este texto legal tiene por objeto abordar la necesidad de reducir la burocracia excesiva y actualizar los procesos administrativos. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, declaró que la disposición consta de 111 artículos organizados en nueve títulos, junto con dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una cláusula de excepción y cuatro disposiciones finales. A este respecto, explicó que, por ejemplo, se reducirán a la mitad los plazos para la solicitud de subvención para la vivienda, los trabajadores por cuenta propia con una licencia de otra comunidad autónoma podrán operar en la Comunidad Valenciana sin necesidad de una nueva y la administración se encargará de recuperar los datos bancarios. El Sr. Glinne ha subrayado que, por cada nueva norma que se introduzca, se eliminará o eliminará otra para combatir la hiperregulación. «Somos la primera comunidad autónoma en implementar una norma de este tipo». Este decreto ley modificará o derogará 96 normas, incluyendo 38 leyes y 43 decretos; afecta a 750 artículos, que, combinados con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos cambiados o eliminados para modernizar, racionalizar y simplificar la Administración Pública de la Comunidad Valenciana. El capítulo I aborda las medidas contra la hiperregulación, que complica el cumplimiento de los ciudadanos y las empresas, aumenta los costes administrativos, socava la eficiencia del sector público y dificulta la capacidad de la administración para hacer frente a los desafíos contemporáneos. Para lograrlo, introduce un marco coherente de principios y herramientas para orientar todas las actividades regulatorias en la Comunidad Autónoma hacia estándares de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Incluye disposiciones para la evaluación sistemática, los controles de la expansión regulatoria y las medidas para racionalizar y mejorar el marco jurídico. Para lograrlo, el decreto-ley introduce medidas novedosas que integran normas técnicas con tecnología de vanguardia, incluida la inteligencia artificial para identificar regulaciones redundantes, la formación de una junta de supervisión de la carga regulatoria y un buzón dedicado para que los ciudadanos y las empresas propongan simplificaciones. Además, avanza en la digitalización completa de los procesos administrativos para las personas que no están obligadas a interactuar electrónicamente con las autoridades, al encargar a las oficinas de PROP, las oficinas de asistencia de registro (OAMR) y las oficinas de asistencia especializadas (con estatus de OAMR) que ofrezcan apoyo para la identificación y firma electrónicas «a través de personal calificado» para procedimientos de gran volumen que utilizan la gestión electrónica. Esto reducirá sustancialmente el uso de papel, reducirá los errores y acelerará los tiempos de procesamiento, todo ello salvaguardando los derechos de las personas afectadas, lo que justifica su aplicación urgente a través de este decreto. El decreto, que afecta a todos los sectores gubernamentales debido a su amplio alcance, puede ser discutido en los Tribunales como un proyecto de ley y puede ser revisado allí para su contribución, pero se promulgará a través de un decreto que entrará en vigor el 1 de enero. (La ampliación debe continuar)
La nueva norma reducirá a la mitad los plazos para la concesión de ayudas para la vivienda.
El Pleno del Consejo aprobó el decreto-ley por el que se introducen medidas urgentes para combatir la regulación excesiva, racionalizar los procedimientos y garantizar la unidad del mercado. Este texto legal tiene por objeto abordar la necesidad de reducir la burocracia excesiva y actualizar los procesos administrativos. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, declaró que la disposición consta de 111 artículos organizados en nueve títulos, junto con dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una cláusula de excepción y cuatro disposiciones finales. A este respecto, explicó que, por ejemplo, se reducirán a la mitad los plazos para la solicitud de subvención para la vivienda, los trabajadores por cuenta propia con una licencia de otra comunidad autónoma podrán operar en la Comunidad Valenciana sin necesidad de una nueva y la administración se encargará de recuperar los datos bancarios. El Sr. Glinne ha subrayado que, por cada nueva norma que se introduzca, se eliminará o eliminará otra para combatir la hiperregulación. «Somos la primera comunidad autónoma en implementar una norma de este tipo». Este decreto ley modificará o derogará 96 normas, incluyendo 38 leyes y 43 decretos; afecta a 750 artículos, que, combinados con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos cambiados o eliminados para modernizar, racionalizar y simplificar la Administración Pública de la Comunidad Valenciana. El capítulo I aborda las medidas contra la hiperregulación, que complica el cumplimiento de los ciudadanos y las empresas, aumenta los costes administrativos, socava la eficiencia del sector público y dificulta la capacidad de la administración para hacer frente a los desafíos contemporáneos. Para lograrlo, introduce un marco coherente de principios y herramientas para orientar todas las actividades regulatorias en la Comunidad Autónoma hacia estándares de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Incluye disposiciones para la evaluación sistemática, los controles de la expansión regulatoria y las medidas para racionalizar y mejorar el marco jurídico. Para lograrlo, el decreto-ley introduce medidas novedosas que integran normas técnicas con tecnología de vanguardia, incluida la inteligencia artificial para identificar regulaciones redundantes, la formación de una junta de supervisión de la carga regulatoria y un buzón dedicado para que los ciudadanos y las empresas propongan simplificaciones. Además, avanza en la digitalización completa de los procesos administrativos para las personas que no están obligadas a interactuar electrónicamente con las autoridades, al encargar a las oficinas de PROP, las oficinas de asistencia de registro (OAMR) y las oficinas de asistencia especializadas (con estatus de OAMR) que ofrezcan apoyo para la identificación y firma electrónicas «a través de personal calificado» para procedimientos de gran volumen que utilizan la gestión electrónica. Esto reducirá sustancialmente el uso de papel, reducirá los errores y acelerará los tiempos de procesamiento, todo ello salvaguardando los derechos de las personas afectadas, lo que justifica su aplicación urgente a través de este decreto. El decreto, que afecta a todos los sectores gubernamentales debido a su amplio alcance, puede ser discutido en los Tribunales como un proyecto de ley y puede ser revisado allí para su contribución, pero se promulgará a través de un decreto que entrará en vigor el 1 de enero. (La ampliación debe continuar)
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