El juicio contra un empresario del sector de la limpieza acusado de abusar sexualmente de una trabajadora con discapacidad psíquica comenzó la semana pasada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. La vista se celebró a puerta cerrada para preservar la intimidad de la denunciante y en ella la Fiscalía mantiene su petición de 15 años de prisión al considerar que el acusado se aprovechó de la especial vulnerabilidad de la mujer.. Los hechos que se investigan se habrían producido durante varios años en el entorno laboral. Según el Ministerio Fiscal, la trabajadora, quien llevaba empleada en ese puesto desde 2004, inició una relación personal con el empresario en 2019. Esa relación, de acuerdo con la acusación, evolucionó con el tiempo hasta incluir encuentros de carácter sexual entre julio de 2022 y febrero de 2023 en distintos lugares vinculados al trabajo, como comunidades de vecinos donde prestaba servicio, la oficina del acusado o incluso su domicilio.. La Fiscalía sostiene que el empresario conocía que la mujer tenía reconocido un 65% de discapacidad psíquica y que esa circunstancia la situaba en una posición de especial vulnerabilidad. En su escrito de acusación argumenta que la denunciante «no se encuentra en condiciones óptimas de conciencia y voluntad para consentir libremente la práctica de relaciones sexuales vía oral a la vista de su historial clínico y las patologías psiquiátricas que padece».. Por ese motivo, el Ministerio Público considera que el acusado habría aprovechado esa situación para mantener relaciones sexuales con ella sin que existiera un consentimiento válido. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante 20 años, así como una indemnización de 30.000 euros por los daños psíquicos y morales sufridos por la víctima.. La defensa, sin embargo, sostiene una versión completamente distinta. El abogado del empresario ha pedido la absolución de su cliente y asegura que la relación entre ambos fue voluntaria. Según trasladó antes del inicio del juicio, el acusado mantiene que existió «una relación sentimental real, efectiva, querida por ambos» y que «el consentimiento era también real y efectivo».. El letrado también ha defendido que la incapacidad civil reconocida a la denunciante en 2016 estaba limitada al ámbito económico y a la firma de contratos complejos. En ese sentido, ha recordado que los informes médicos de aquella época señalaban que la mujer se encontraba orientada y con capacidad para dirigir su vida personal, por lo que su libertad sexual no estaría anulada.. Durante el proceso judicial también se ha puesto sobre la mesa el contexto en el que surgió la denuncia. La defensa sostiene que la relación salió a la luz tras un conflicto familiar relacionado con cuestiones económicas. Será ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Ciudad Real el que, tras escuchar a las partes y analizar las pruebas, determine si los hechos constituyen el delito de agresión sexual que sostiene la Fiscalía o si, como afirma la defensa, se trató de una relación consentida.
A su vez, la institución ha pedido una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación de 20 años
El juicio contra un empresario del sector de la limpieza acusado de abusar sexualmente de una trabajadora con discapacidad psíquica comenzó la semana pasada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. La vista se celebró a puerta cerrada para preservar la intimidad de la denunciante y en ella la Fiscalía mantiene su petición de 15 años de prisión al considerar que el acusado se aprovechó de la especial vulnerabilidad de la mujer.. Los hechos que se investigan se habrían producido durante varios años en el entorno laboral. Según el Ministerio Fiscal, la trabajadora, quien llevaba empleada en ese puesto desde 2004, inició una relación personal con el empresario en 2019. Esa relación, de acuerdo con la acusación, evolucionó con el tiempo hasta incluir encuentros de carácter sexual entre julio de 2022 y febrero de 2023 en distintos lugares vinculados al trabajo, como comunidades de vecinos donde prestaba servicio, la oficina del acusado o incluso su domicilio.. La Fiscalía sostiene que el empresario conocía que la mujer tenía reconocido un 65% de discapacidad psíquica y que esa circunstancia la situaba en una posición de especial vulnerabilidad. En su escrito de acusación argumenta que la denunciante «no se encuentra en condiciones óptimas de conciencia y voluntad para consentir libremente la práctica de relaciones sexuales vía oral a la vista de su historial clínico y las patologías psiquiátricas que padece».. Por ese motivo, el Ministerio Público considera que el acusado habría aprovechado esa situación para mantener relaciones sexuales con ella sin que existiera un consentimiento válido. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante 20 años, así como una indemnización de 30.000 euros por los daños psíquicos y morales sufridos por la víctima.. La defensa, sin embargo, sostiene una versión completamente distinta. El abogado del empresario ha pedido la absolución de su cliente y asegura que la relación entre ambos fue voluntaria. Según trasladó antes del inicio del juicio, el acusado mantiene que existió «una relación sentimental real, efectiva, querida por ambos» y que «el consentimiento era también real y efectivo».. El letrado también ha defendido que la incapacidad civil reconocida a la denunciante en 2016 estaba limitada al ámbito económico y a la firma de contratos complejos. En ese sentido, ha recordado que los informes médicos de aquella época señalaban que la mujer se encontraba orientada y con capacidad para dirigir su vida personal, por lo que su libertad sexual no estaría anulada.. Durante el proceso judicial también se ha puesto sobre la mesa el contexto en el que surgió la denuncia. La defensa sostiene que la relación salió a la luz tras un conflicto familiar relacionado con cuestiones económicas. Será ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Ciudad Real el que, tras escuchar a las partes y analizar las pruebas, determine si los hechos constituyen el delito de agresión sexual que sostiene la Fiscalía o si, como afirma la defensa, se trató de una relación consentida.
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