La Fiscalía de Barcelona ha remitido a la Agencia de Vivienda de Cataluña el caso de las 18 infraviviendas, de 15 metros cuadrados y sin ventilación, que se alquilaban en Badalona (Barcelona) por 450 euros mensuales, para que valore si sanciona a la empresa responsable de los arrendamientos.. La Fiscalía de Consumo, dirigida por Paloma Pelegrín y que lleva año y medio de andadura en Barcelona, ha decidido actuar por primera vez contra ese tipo de promotores que sacan provecho de la crisis de vivienda inmobiliaria para poner en el mercado pisos que no reúnen las condiciones de habitabilidad.. El ministerio público, según ha informado Pelegrín en un encuentro con los medios, abrió diligencias preprocesales tras tener constancia de la existencia de 18 infraviviendas en la calle Sant Joan de la Creu de Badalona, que el Ayuntamiento desmanteló en octubre de 2024.. Se trataba de habitáculos de 15 metros cuadrados, sin ventilación, que habían sido construidos en un antiguo almacén situado en el barrio Sant Crist de Badalona y en los que residían una o varias personas, en su mayoría migrantes, y algunas de ellas familias con menores.. En el marco de las diligencias, la Fiscalía ha remitido un requerimiento a la Agencia de Vivienda de Cataluña, que es la competente para llevar a cabo inspecciones e imponer sanciones por abusos en el mercado inmobiliario, para que estudie el caso y valore si debe abrir expediente a la empresa promotora de los alquileres.. Tras desmantelar el complejo de infraviviendas, el Ayuntamiento de Badalona anunció que promovería expedientes contra las empresas que alquilaban los pisos, lo que aseguró que podría acarrear sanciones de entre 10 y 12 millones de euros por las distintas irregularidades que reunían.
Es la primera vez que se actúa contra este tipo de promotores que sacan provecho de la crisis inmobiliaria
La Fiscalía de Barcelona ha remitido a la Agencia de Vivienda de Cataluña el caso de las 18 infraviviendas, de 15 metros cuadrados y sin ventilación, que se alquilaban en Badalona (Barcelona) por 450 euros mensuales, para que valore si sanciona a la empresa responsable de los arrendamientos.. La Fiscalía de Consumo, dirigida por Paloma Pelegrín y que lleva año y medio de andadura en Barcelona, ha decidido actuar por primera vez contra ese tipo de promotores que sacan provecho de la crisis de vivienda inmobiliaria para poner en el mercado pisos que no reúnen las condiciones de habitabilidad.. El ministerio público, según ha informado Pelegrín en un encuentro con los medios, abrió diligencias preprocesales tras tener constancia de la existencia de 18 infraviviendas en la calle Sant Joan de la Creu de Badalona, que el Ayuntamiento desmanteló en octubre de 2024.. Se trataba de habitáculos de 15 metros cuadrados, sin ventilación, que habían sido construidos en un antiguo almacén situado en el barrio Sant Crist de Badalona y en los que residían una o varias personas, en su mayoría migrantes, y algunas de ellas familias con menores.. En el marco de las diligencias, la Fiscalía ha remitido un requerimiento a la Agencia de Vivienda de Cataluña, que es la competente para llevar a cabo inspecciones e imponer sanciones por abusos en el mercado inmobiliario, para que estudie el caso y valore si debe abrir expediente a la empresa promotora de los alquileres.. Tras desmantelar el complejo de infraviviendas, el Ayuntamiento de Badalona anunció que promovería expedientes contra las empresas que alquilaban los pisos, lo que aseguró que podría acarrear sanciones de entre 10 y 12 millones de euros por las distintas irregularidades que reunían.
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