La ex consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, prosigue en su cruzada contra la jueza que instruye la causa de la dana. Su defensa ha presentado un auto recurso de apelación contra un auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que acuerda que, a partir del 30 de junio de 2026, las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales e investigados se compartirán con las partes, pero no serán transcritas por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).. Esto supone, según el recurso al que ha tenido acceso LA RAZÓN, un «cambio de criterio injustificado» pues hasta dicha fecha, por protección de la imagen de los investigados y testigos, no se entregaban grabaciones, pero sí se realizaban transcripciones escritas.. El auto argumenta que es imposible realizar esta acción, debido a la reducción de personal en el tribunal, lo que la defensa de Pradas considera «injustificado y lesivo».. Argumenta que la transcripción escrita es una «garantía esencial» en la fase de instrucción, que se rige por los principios de intermediación y escritura, no de oralidad. Además, insiste en que la entrega de grabaciones no sustituye la obligación de transcribir, ya que la constancia escrita facilita el acceso y revisión de las declaraciones por todas las partes y el tribunal, especialmente en procedimientos largos y complejos., como es el caso.. El recurso se basa en varios argumentos de la LOPJ y la LECrim, y resoluciones de distintas Audiencias Provinciales.
Argumenta que la aludida falta de medios no justifica esta decision
La ex consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, prosigue en su cruzada contra la jueza que instruye la causa de la dana. Su defensa ha presentado un auto recurso de apelación contra un auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que acuerda que, a partir del 30 de junio de 2026, las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales e investigados se compartirán con las partes, pero no serán transcritas por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).. Esto supone, según el recurso al que ha tenido acceso LA RAZÓN, un «cambio de criterio injustificado» pues hasta dicha fecha, por protección de la imagen de los investigados y testigos, no se entregaban grabaciones, pero sí se realizaban transcripciones escritas.. El auto argumenta que es imposible realizar esta acción, debido a la reducción de personal en el tribunal, lo que la defensa de Pradas considera «injustificado y lesivo».. Argumenta que la transcripción escrita es una «garantía esencial» en la fase de instrucción, que se rige por los principios de intermediación y escritura, no de oralidad. Además, insiste en que la entrega de grabaciones no sustituye la obligación de transcribir, ya que la constancia escrita facilita el acceso y revisión de las declaraciones por todas las partes y el tribunal, especialmente en procedimientos largos y complejos., como es el caso.. El recurso se basa en varios argumentos de la LOPJ y la LECrim, y resoluciones de distintas Audiencias Provinciales.
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