La organización de la Feria del Pilar de 2026 corre un riesgo severo tras el último dictamen del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). Este organismo ha declarado nulo, por segunda vez consecutiva, el concurso de licitación para la gestión de la Plaza de Toros de la Misericordia, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). La resolución judicial responde a las impugnaciones presentadas por las empresas Tauroemoción y Nautalia, que volvieron a denunciar que el pliego no se ajustaba a la legalidad vigente, dejando al coso de la capital aragonesa sin una empresa adjudicataria a las puertas del verano. El origen del conflicto radica en la configuración jurídica que la DPZ ha aplicado al proceso de adjudicación. El tribunal ya tumbó un primer pliego el pasado mes de marzo al dictaminar que la institución tramitaba como un simple arrendamiento patrimonial lo que formalmente es una concesión de servicios públicos vinculada a la explotación taurina. En este segundo fallo, los magistrados concluyen que la Diputación no corrigió los errores señalados inicialmente, insistiendo en la falta de exigencias sobre solvencia técnica y profesional de las firmas licitadoras y limitando la adjudicación al plano estrictamente económico. Ante este bloqueo normativo, la dirección de la Diputación Provincial ha anunciado que buscará el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Los servicios jurídicos de la institución presentarán una solicitud de suspensión cautelar de la resolución con el objetivo de reanudar el proceso de adjudicación lo antes posible. No obstante, fuentes del sector consideran que esta vía judicial abre un escenario de incertidumbre y retrasos técnicos que dificulta la contratación de los festejos mayores y populares dada la cercanía de las fechas festivas. La resolución ha provocado una inmediata reacción política por parte del Partido Popular de Zaragoza. Su presidente provincial, Ramón Celma, ha calificado la gestión de la DPZ de «pésima» y ha asegurado que el Gobierno provincial se ha alineado de forma efectiva con las tesis antitaurinas al poner en peligro las vaquillas, los recortadores y las corridas de toros de la feria. Celma ha recordado que la institución ignoró las advertencias técnicas formuladas hace meses y le ha exigido una rectificación urgente para respetar la identidad y las tradiciones de miles de aficionados de la provincia. En términos similares se ha pronunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha lanzado duras críticas hacia la gestión del Partido Socialista al frente de la Diputación tras conocerse el dictamen judicial. Chueca ha tildado de lamentable la posibilidad de que la ciudad se quede sin su programación taurina tradicional durante las Fiestas del Pilar debido a la incapacidad operativa de la corporación provincial. Asimismo, la
La Diputación de Zaragoza recurrirá ante el TSJA para intentar salvar la Feria del Pilar mediante medidas cautelares
La organización de la Feria del Pilar de 2026 corre un riesgo severo tras el último dictamen del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). Este organismo ha declarado nulo, por segunda vez consecutiva, el concurso de licitación para la gestión de la Plaza de Toros de la Misericordia, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). La resolución judicial responde a las impugnaciones presentadas por las empresas Tauroemoción y Nautalia, que volvieron a denunciar que el pliego no se ajustaba a la legalidad vigente, dejando al coso de la capital aragonesa sin una empresa adjudicataria a las puertas del verano.El origen del conflicto radica en la configuración jurídica que la DPZ ha aplicado al proceso de adjudicación. El tribunal ya tumbó un primer pliego el pasado mes de marzo al dictaminar que la institución tramitaba como un simple arrendamiento patrimonial lo que formalmente es una concesión de servicios públicos vinculada a la explotación taurina. En este segundo fallo, los magistrados concluyen que la Diputación no corrigió los errores señalados inicialmente, insistiendo en la falta de exigencias sobre solvencia técnica y profesional de las firmas licitadoras y limitando la adjudicación al plano estrictamente económico.Ante este bloqueo normativo, la dirección de la Diputación Provincial ha anunciado que buscará el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Los servicios jurídicos de la institución presentarán una solicitud de suspensión cautelar de la resolución con el objetivo de reanudar el proceso de adjudicación lo antes posible. No obstante, fuentes del sector consideran que esta vía judicial abre un escenario de incertidumbre y retrasos técnicos que dificulta la contratación de los festejos mayores y populares dada la cercanía de las fechas festivas.La resolución ha provocado una inmediata reacción política por parte del Partido Popular de Zaragoza. Su presidente provincial, Ramón Celma, ha calificado la gestión de la DPZ de «pésima» y ha asegurado que el Gobierno provincial se ha alineado de forma efectiva con las tesis antitaurinas al poner en peligro las vaquillas, los recortadores y las corridas de toros de la feria. Celma ha recordado que la institución ignoró las advertencias técnicas formuladas hace meses y le ha exigido una rectificación urgente para respetar la identidad y las tradiciones de miles de aficionados de la provincia.En términos similares se ha pronunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha lanzado duras críticas hacia la gestión del Partido Socialista al frente de la Diputación tras conocerse el dictamen judicial. Chueca ha tildado de lamentable la posibilidad de que la ciudad se quede sin su programación taurina tradicional durante las Fiestas del Pilar debido a la incapacidad operativa de la corporación provincial. Asimismo, la reg
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