Controlar a los trabajadores mediante detectives privados. Este es el método que utiliza Limusa, la contrata municipal de limpieza de Lorca. Desde el pasado mes de julio se ha puesto en marcha esta práctica para evitar bajas identificables como fraudulentas. Ha sido, según aseguran desde el Ayuntamiento, a petición del colectivo de los propios trabajadores representado por su comité de empresa. El objetivo es reducir el alto índice de absentismo, que en departamentos de interiores ronda el 20 por ciento, y generar una bolsa de empleo.
El concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha respondido con este argumento a las declaraciones vertidas por los ediles de PSOE e IU. En septiembre de 2024, el comité de empresa de Interiores sugirió que «tras realizar el análisis se tomen medidas disciplinarias necesarias con aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones laborales» con el fin de evitar una posible sobrecarga de trabajo por el elevado porcentaje de bajas de esa sección en concreto.
El concejal ha remarcado que «esa misma sugerencia y posicionamiento ha sido tratado continuamente en los distintos comités de empresa de Limusa. De tal manera, que la empresa ha establecido un conjunto de medidas para dar respuesta a esas solicitudes consistentes en el seguimiento con detectives, auditoría de centros de trabajo para valorar que centros necesitaban más personal y control de bajas», según recoge EP.
Y ha añadido que «este paquete de medidas es plenamente conocido por los trabajadores y por los comités de empresa, como ha quedado reflejado en las continuas reuniones mantenidas con todos ellos. Además, el uso de detectives privados en Limusa no es algo nuevo, sino una práctica que se ha llevado a cabo durante los últimos 30 años, tanto con gobiernos del PSOE como del PP. De hecho, administraciones socialistas anteriores hicieron uso de este servicio, incluso llegando a despedir a trabajadores. Es, por tanto, una herramienta que el PSOE utilizó sin reparos en el pasado y que ahora pretende cuestionar por puro interés político».
El edil ha recordado que «se trata del uso de dinero público» y ha manifestado que «como medio propio del Ayuntamiento de Lorca, es obligación y responsabilidad de la empresa asegurar el buen uso de los recursos públicos, además de la mejora del servicio y la adecuación de la plantilla a las tareas encomendadas».
Así que de esos controles han derivado en sanción determinadas infracciones por una mínima parte del personal de los centros de trabajo visitados y se ha procedido a tramitar los expedientes correspondientes.
«No vamos a hacer públicos datos privados como sí han hecho PSOE e IU faltando a la veracidad de los hechos punibles, pero ante las sanciones impuestas por la empresa a determinados trabajadores, de todas las secciones, ¿no hacemos nada, lo dejamos pasar a pesar de existir las infracciones? Las sanciones no tienen nada que ver con la reivindicación de mejoras laborales como las vividas en el último pleno sino a incumplimiento de las obligaciones laborales», ha destacado el concejal.
De hecho, Bayonas López ha subrayado que «a partir de esas medidas tomadas se han impuesto sanciones no sólo a empleadas de la sección de interiores sino también al de transporte colectivo urbano y limpieza viaria. Y los seguimientos se han hecho en varios centros de trabajo considerando preferentes los de mayor carga de trabajo, teniendo en cuenta la especial sensibilidad de los colegios donde acuden miles de niños a diario».
En cuanto al carácter legal o jurídico de las medidas tomadas por la empresa, en concreto a las pruebas recabadas por los detectives, el concejal de Calidad Urbana ha concluido indicando que «los trabajadores cuentan con la administración de justicia para determinar el alcance de las pruebas obtenidas y su proporcionalidad con las infracciones cometidas y las sanciones impuestas».
Noticias de Murcia en La Razón
Controlar a los trabajadores mediante detectives privados. Este es el método que utiliza Limusa, la contrata municipal de limpieza de Lorca. Desde el pasado mes de julio se ha puesto en marcha esta práctica para evitar bajas identificables como fraudulentas. Ha sido, según aseguran desde el Ayuntamiento, a petición del colectivo de los propios trabajadores representado por su comité de empresa. El objetivo es reducir el alto índice de absentismo, que en departamentos de interiores ronda el 20 por ciento, y generar una bolsa de empleo.. El concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha respondido con este argumento a las declaraciones vertidas por los ediles de PSOE e IU. En septiembre de 2024, el comité de empresa de Interiores sugirió que «tras realizar el análisis se tomen medidas disciplinarias necesarias con aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones laborales» con el fin de evitar una posible sobrecarga de trabajo por el elevado porcentaje de bajas de esa sección en concreto.. El concejal ha remarcado que «esa misma sugerencia y posicionamiento ha sido tratado continuamente en los distintos comités de empresa de Limusa. De tal manera, que la empresa ha establecido un conjunto de medidas para dar respuesta a esas solicitudes consistentes en el seguimiento con detectives, auditoría de centros de trabajo para valorar que centros necesitaban más personal y control de bajas», según recoge EP.. Y ha añadido que «este paquete de medidas es plenamente conocido por los trabajadores y por los comités de empresa, como ha quedado reflejado en las continuas reuniones mantenidas con todos ellos. Además, el uso de detectives privados en Limusa no es algo nuevo, sino una práctica que se ha llevado a cabo durante los últimos 30 años, tanto con gobiernos del PSOE como del PP. De hecho, administraciones socialistas anteriores hicieron uso de este servicio, incluso llegando a despedir a trabajadores. Es, por tanto, una herramienta que el PSOE utilizó sin reparos en el pasado y que ahora pretende cuestionar por puro interés político».. El edil ha recordado que «se trata del uso de dinero público» y ha manifestado que «como medio propio del Ayuntamiento de Lorca, es obligación y responsabilidad de la empresa asegurar el buen uso de los recursos públicos, además de la mejora del servicio y la adecuación de la plantilla a las tareas encomendadas».. Así que de esos controles han derivado en sanción determinadas infracciones por una mínima parte del personal de los centros de trabajo visitados y se ha procedido a tramitar los expedientes correspondientes.. «No vamos a hacer públicos datos privados como sí han hecho PSOE e IU faltando a la veracidad de los hechos punibles, pero ante las sanciones impuestas por la empresa a determinados trabajadores, de todas las secciones, ¿no hacemos nada, lo dejamos pasar a pesar de existir las infracciones? Las sanciones no tienen nada que ver con la reivindicación de mejoras laborales como las vividas en el último pleno sino a incumplimiento de las obligaciones laborales», ha destacado el concejal.. De hecho, Bayonas López ha subrayado que «a partir de esas medidas tomadas se han impuesto sanciones no sólo a empleadas de la sección de interiores sino también al de transporte colectivo urbano y limpieza viaria. Y los seguimientos se han hecho en varios centros de trabajo considerando preferentes los de mayor carga de trabajo, teniendo en cuenta la especial sensibilidad de los colegios donde acuden miles de niños a diario».. En cuanto al carácter legal o jurídico de las medidas tomadas por la empresa, en concreto a las pruebas recabadas por los detectives, el concejal de Calidad Urbana ha concluido indicando que «los trabajadores cuentan con la administración de justicia para determinar el alcance de las pruebas obtenidas y su proporcionalidad con las infracciones cometidas y las sanciones impuestas».
El objetivo es detectar a las personas que están cometiendo un fraude