El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, alerta de una merma media de «en torno a 100 hectómetros cúbicos» en el trasvase y ha cuestionado «anomalías» en los caudales de cabecera. Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional.
En su comparecencia, Cabezas ha repasado la evolución normativa del trasvase desde el denominado Memorándum de 2012-2013 y su posterior desarrollo, y ha señalado que la revisión de la regla de explotación «no puede eludirse» por la «incompatibilidad» entre lo que dispone el Plan del Tajo y la regla vigente, al tratarse de normas «de igual rango».
El compareciente ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha encomendado al Centro de Estudios Hidrográficos una propuesta de revisión de la regla, que «no ha sido hecha pública», aunque «se ha filtrado una síntesis».
En paralelo, ha indicado que la Comunidad Autónoma le ha encargado al Instituto Euromediterráneo del Agua un análisis de revisión «de los números», con resultados «sustancialmente» similares.
Cabezas ha sostenido que el volumen medio trasvasable ha dependido «de forma determinante» del caudal mínimo fijado en Aranjuez, en el tramo Entrepeñas-Buendía/Aranjuez, y ha afirmado que la regla de explotación «para nada» ha sido determinante del volumen trasvasable, porque «solo afecta a la modulación del envío, no a su cantidad».
En ese sentido, ha insistido en que, fijado el caudal mínimo del Tajo, el efecto de la regla se ha limitado a si se ha enviado «más deprisa o más despacio», «más constante o más variable», pero «no» ha afectado «de forma significativa» al volumen medio.
También ha apuntado que, desde 2019 y hasta 2023, se han producido diferencias entre lo que la norma «permitía trasvasar» y lo que «realmente se ha trasvasado» en nivel 3, y ha indicado que se han venido decidiendo envíos inferiores a lo posible «sin una suficiente base técnica», según ha expuesto.
Además, ha advertido de «irregularidades» que ha situado «desde el año 23 en adelante» en los desembalses de cabecera, al desaparecer una «punta de invierno» y observarse patrones que, a su juicio, «no tienen explicación» con la información disponible.
En la misma línea, ha aludido a diferencias entre lo desembalsado en cabecera y lo que finalmente ha circulado por Aranjuez, con una consecuencia que, según ha dicho, ha hecho pensar en una demanda inferior en el tramo intermedio.
Sobre el impacto del Plan del Tajo, ha afirmado que se ha producido una decisión «lesiva» para el trasvase y ha cifrado la merma media «aproximadamente» en «unos 100 hectómetros menos» trasvasables directos. Asimismo, ha sostenido que el acoplamiento previsto y las actuaciones necesarias para compensar esa merma «no» han estado en condiciones de ponerse en marcha en el horizonte de 2027, de acuerdo con su intervención.
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Fernando Moreno, ha defendido que el trasvase ha necesitado «reglas claras» y «previsibilidad», pero ha subrayado que la estabilidad ha debido incluir «solidez jurídica», un entorno «ambiental sostenible» y una solución «políticamente defendible» para evitar judicialización.
Moreno ha cuestionado si el Memorándum de 2013 ha sido «suficientemente resiliente» frente a la sequía y el cambio climático y ha recordado que se han producido «meses de trasvase 0» en 2016-2017.
El diputado de Vox, Antonio Martínez, ha destacado el valor de los «datos» y «cuadros» aportados para comprender la evolución del trasvase. Martínez ha señalado que la subida de las necesidades del Tajo se ha producido «artificialmente», según ha indicado, y ha puesto el foco en dos cuestiones que ha calificado como «anomalías»: la reducción de envíos en torno a 2019-2023 y las irregularidades detectadas «más recientes» en los caudales, de acuerdo con su exposición.
El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha señalado que la perspectiva técnica aportada «ha sido diferente» a la escuchada en otras comparecencias, y considera que ha ayudado a «centrar» el debate.
El diputado del PP, Jesús Cano, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura «no» ha sido «una anomalía ni un privilegio», sino una infraestructura «de Estado» para corregir desequilibrios, y ha sostenido que el debate ha debido basarse en «datos» y «criterios técnicos».
Cano ha preguntado a Cabezas si el trasvase ha atravesado «el peor momento político de su historia» y ha cuestionado la idoneidad técnica de decisiones en nivel 3, además de criticar que se haya planteado sustituir el trasvase por la desalación, al considerar que ello habría supuesto agua «más cara» y mayor dependencia energética, según su intervención.
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El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, alerta de una merma media de «en torno a 100 hectómetros cúbicos» en el trasvase y ha cuestionado «anomalías» en los caudales de cabecera. Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional.. En su comparecencia, Cabezas ha repasado la evolución normativa del trasvase desde el denominado Memorándum de 2012-2013 y su posterior desarrollo, y ha señalado que la revisión de la regla de explotación «no puede eludirse» por la «incompatibilidad» entre lo que dispone el Plan del Tajo y la regla vigente, al tratarse de normas «de igual rango».. El compareciente ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha encomendado al Centro de Estudios Hidrográficos una propuesta de revisión de la regla, que «no ha sido hecha pública», aunque «se ha filtrado una síntesis».. En paralelo, ha indicado que la Comunidad Autónoma le ha encargado al Instituto Euromediterráneo del Agua un análisis de revisión «de los números», con resultados «sustancialmente» similares.. Cabezas ha sostenido que el volumen medio trasvasable ha dependido «de forma determinante» del caudal mínimo fijado en Aranjuez, en el tramo Entrepeñas-Buendía/Aranjuez, y ha afirmado que la regla de explotación «para nada» ha sido determinante del volumen trasvasable, porque «solo afecta a la modulación del envío, no a su cantidad».. En ese sentido, ha insistido en que, fijado el caudal mínimo del Tajo, el efecto de la regla se ha limitado a si se ha enviado «más deprisa o más despacio», «más constante o más variable», pero «no» ha afectado «de forma significativa» al volumen medio.. También ha apuntado que, desde 2019 y hasta 2023, se han producido diferencias entre lo que la norma «permitía trasvasar» y lo que «realmente se ha trasvasado» en nivel 3, y ha indicado que se han venido decidiendo envíos inferiores a lo posible «sin una suficiente base técnica», según ha expuesto.. Además, ha advertido de «irregularidades» que ha situado «desde el año 23 en adelante» en los desembalses de cabecera, al desaparecer una «punta de invierno» y observarse patrones que, a su juicio, «no tienen explicación» con la información disponible.. En la misma línea, ha aludido a diferencias entre lo desembalsado en cabecera y lo que finalmente ha circulado por Aranjuez, con una consecuencia que, según ha dicho, ha hecho pensar en una demanda inferior en el tramo intermedio.. Sobre el impacto del Plan del Tajo, ha afirmado que se ha producido una decisión «lesiva» para el trasvase y ha cifrado la merma media «aproximadamente» en «unos 100 hectómetros menos» trasvasables directos. Asimismo, ha sostenido que el acoplamiento previsto y las actuaciones necesarias para compensar esa merma «no» han estado en condiciones de ponerse en marcha en el horizonte de 2027, de acuerdo con su intervención.. En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Fernando Moreno, ha defendido que el trasvase ha necesitado «reglas claras» y «previsibilidad», pero ha subrayado que la estabilidad ha debido incluir «solidez jurídica», un entorno «ambiental sostenible» y una solución «políticamente defendible» para evitar judicialización.. Moreno ha cuestionado si el Memorándum de 2013 ha sido «suficientemente resiliente» frente a la sequía y el cambio climático y ha recordado que se han producido «meses de trasvase 0» en 2016-2017.. El diputado de Vox, Antonio Martínez, ha destacado el valor de los «datos» y «cuadros» aportados para comprender la evolución del trasvase. Martínez ha señalado que la subida de las necesidades del Tajo se ha producido «artificialmente», según ha indicado, y ha puesto el foco en dos cuestiones que ha calificado como «anomalías»: la reducción de envíos en torno a 2019-2023 y las irregularidades detectadas «más recientes» en los caudales, de acuerdo con su exposición.. El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha señalado que la perspectiva técnica aportada «ha sido diferente» a la escuchada en otras comparecencias, y considera que ha ayudado a «centrar» el debate.. El diputado del PP, Jesús Cano, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura «no» ha sido «una anomalía ni un privilegio», sino una infraestructura «de Estado» para corregir desequilibrios, y ha sostenido que el debate ha debido basarse en «datos» y «criterios técnicos».. Cano ha preguntado a Cabezas si el trasvase ha atravesado «el peor momento político de su historia» y ha cuestionado la idoneidad técnica de decisiones en nivel 3, además de criticar que se haya planteado sustituir el trasvase por la desalación, al considerar que ello habría supuesto agua «más cara» y mayor dependencia energética, según su intervención.
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