La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) ha criticado que las escuelas de iniciativa social «solo» reciben el 14% de los recursos de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI), cuando escolarizan al 30% del alumnado con necesidades educativas específicas asociadas (NESE A).. Así lo ha explicado el presidente de CCAPAC, Santi Giménez, y su predecesora en el cargo, Mar Pla, este martes durante la ponencia de la proposición de ley sobre el 6% del PIB para la educación en el Parlament, informa la Confederació en un comunicado.. Según Giménez, la escuela de iniciativa social escolariza a 345.000 alumnos y, de estos, 30.000 tienen diferentes discapacidades o trastornos y más de 60.000 tienen necesidades socioeconómicas, e insiste en que «asignan a los niños con necesidades especiales, pero no los recursos», lo que genera una discriminación, en sus palabras.. «Un alumno con necesidades específicas en una escuela concertada dispone de menos horas de apoyo, menos técnicos especializados y menos orientación psicopedagógica que si fuera a un centro público», asegura.. Por su parte, Pla ha criticado la infrafinanciación en la concertada, que dice que obliga a las familias a asumir un copago medio del 30% del coste real de la plaza escolar y añade: «A las familias de la escuela de iniciativa social nos toca poner lo que la administración no está poniendo».
La escuela de iniciativa social escolariza a 345.000 alumnos y, de estos, 30.000 tienen diferentes discapacidades o trastornos y más de 60.000 tienen necesidades socioeconómicas
La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) ha criticado que las escuelas de iniciativa social «solo» reciben el 14% de los recursos de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI), cuando escolarizan al 30% del alumnado con necesidades educativas específicas asociadas (NESE A).. Así lo ha explicado el presidente de CCAPAC, Santi Giménez, y su predecesora en el cargo, Mar Pla, este martes durante la ponencia de la proposición de ley sobre el 6% del PIB para la educación en el Parlament, informa la Confederació en un comunicado.. Según Giménez, la escuela de iniciativa social escolariza a 345.000 alumnos y, de estos, 30.000 tienen diferentes discapacidades o trastornos y más de 60.000 tienen necesidades socioeconómicas, e insiste en que «asignan a los niños con necesidades especiales, pero no los recursos», lo que genera una discriminación, en sus palabras.. «Un alumno con necesidades específicas en una escuela concertada dispone de menos horas de apoyo, menos técnicos especializados y menos orientación psicopedagógica que si fuera a un centro público», asegura.. Por su parte, Pla ha criticado la infrafinanciación en la concertada, que dice que obliga a las familias a asumir un copago medio del 30% del coste real de la plaza escolar y añade: «A las familias de la escuela de iniciativa social nos toca poner lo que la administración no está poniendo».
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