El rechazo al decreto ómnibus del Gobierno central en el Congreso de los Diputados tiene un efecto dominó directo y notable sobre las entregas a cuenta que recibe cada mes la Comunidad Valenciana -y el resto de autonomías-. Ante la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno incluyó en dicha norma un artículo en el que se prorrogaba -con ajustes técnicos- el Real Decreto Ley de actualización de entregas a cuenta aprobado en junio del año pasado, cuando tampoco hubo PGE, por lo que se actualizaron las entregas a cuenta de 2023.. Así, según el decreto ómnibus, y hasta que se aprueben los PGE de 2025 -si es que eso llega a suceder- la Comunidad Valenciana habría seguido recibiendo prácticamente la misma cantidad al mes que en 2024, es decir, unos 1.070 euros al mes.. Sin embargo, al decaer dicho decreto y no prorrogarse la actualización de entregas a cuenta de 2024, se vuelve a las entregas a cuenta de 2023, cuando se percibían 971 millones de euros al mes, 99 menos que en la actualidad.. Pero es que además, esta cifra es 193 millones de euros inferior a lo que le corresponde a la Comunidad Valenciana en 2025 según las cifras trasladadas por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio, cuando se comunicaron 13.974 millones de euros, 1.164 millones al mes.. Es decir, que con el rechazo al decreto ómnibus la Comunidad va a percibir 99 millones menos de lo que recibía hasta ahora, y 193 millones menos de lo que le correspondería en 2025 si hubiera Presupuestos Generales del Estado.. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, exigió ayer al Gobierno central que no dilate más la situación a la espera de unos PGE que los socios del Ejecutivo no están apoyando, y apruebe un nuevo Real Decreto Ley para actualizar las entregas a cuenta a la cifra correspondiente de 2025.. De lo contrario, recordó Merino durante una entrevista en la televisión pública À Punt, se repetirá la situación vivida durante los primeros seis meses del año pasado en los que la Comunitat percibió cada mes 90 millones de euros menos de lo que le correspondía.. La consellera recordó además que, tras el paso de la dana del pasado 29 de octubre y con la dramática situación que todavía se vive en la mitad de la provincia de Valencia, es más necesario que nunca que la región reciba una financiación adecuada a sus necesidades.. La consellera tuvo oportunidad de conversar durante unos minutos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Un diálogo en el que Merino trasladó a la ministra que «mezclar en un mismo RDL medidas tan importantes y tan dispares, además de una irresponsabilidad, solo puede calificarse de tacticismo político».. Merino señaló que «ahora que el Gobierno ya sabe que no va a poder aprobar unos PGE por el portazo de Junts, cada día que pase sin que actualice las entregas a cuenta del sistema de financiación a lo que el propio Gobierno nos comunicó a las CCAA en julio para 2025 estará convirtiendo a los valencianos en rehenes de su extrema debilidad parlamentaria».
Merino exige al Gobierno que actualice las cantidades correspondientes a 2025
El rechazo al decreto ómnibus del Gobierno central en el Congreso de los Diputados tiene un efecto dominó directo y notable sobre las entregas a cuenta que recibe cada mes la Comunidad Valenciana -y el resto de autonomías-. Ante la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno incluyó en dicha norma un artículo en el que se prorrogaba -con ajustes técnicos- el Real Decreto Ley de actualización de entregas a cuenta aprobado en junio del año pasado, cuando tampoco hubo PGE, por lo que se actualizaron las entregas a cuenta de 2023.. Así, según el decreto ómnibus, y hasta que se aprueben los PGE de 2025 -si es que eso llega a suceder- la Comunidad Valenciana habría seguido recibiendo prácticamente la misma cantidad al mes que en 2024, es decir, unos 1.070 euros al mes.. Sin embargo, al decaer dicho decreto y no prorrogarse la actualización de entregas a cuenta de 2024, se vuelve a las entregas a cuenta de 2023, cuando se percibían 971 millones de euros al mes, 99 menos que en la actualidad.. Pero es que además, esta cifra es 193 millones de euros inferior a lo que le corresponde a la Comunidad Valenciana en 2025 según las cifras trasladadas por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio, cuando se comunicaron 13.974 millones de euros, 1.164 millones al mes.. Es decir, que con el rechazo al decreto ómnibus la Comunidad va a percibir 99 millones menos de lo que recibía hasta ahora, y 193 millones menos de lo que le correspondería en 2025 si hubiera Presupuestos Generales del Estado.. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, exigió ayer al Gobierno central que no dilate más la situación a la espera de unos PGE que los socios del Ejecutivo no están apoyando, y apruebe un nuevo Real Decreto Ley para actualizar las entregas a cuenta a la cifra correspondiente de 2025.. De lo contrario, recordó Merino durante una entrevista en la televisión pública À Punt, se repetirá la situación vivida durante los primeros seis meses del año pasado en los que la Comunitat percibió cada mes 90 millones de euros menos de lo que le correspondía.. La consellera recordó además que, tras el paso de la dana del pasado 29 de octubre y con la dramática situación que todavía se vive en la mitad de la provincia de Valencia, es más necesario que nunca que la región reciba una financiación adecuada a sus necesidades.. La consellera tuvo oportunidad de conversar durante unos minutos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Un diálogo en el que Merino trasladó a la ministra que «mezclar en un mismo RDL medidas tan importantes y tan dispares, además de una irresponsabilidad, solo puede calificarse de tacticismo político».. Merino señaló que «ahora que el Gobierno ya sabe que no va a poder aprobar unos PGE por el portazo de Junts, cada día que pase sin que actualice las entregas a cuenta del sistema de financiación a lo que el propio Gobierno nos comunicó a las CCAA en julio para 2025 estará convirtiendo a los valencianos en rehenes de su extrema debilidad parlamentaria».
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