Nuevo giro inesperado en el caso de las fundaciones Cellex y Mir Puig. Según ha publicado esta mañana La Vanguardia, la Audiencia Provincial de Barcelona ha anulado la decisión de la jueza, que había intervenido ambas entidades tras recibir un informe policial que apuntaba a un posible uso irregular del patrimonio del empresario Pere Mir, fallecido en 2017.. En el proceso judicial, los tres albaceas responsables de gestionar el legado de Mir, Jordi Segarra, Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas, están siendo investigados por posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida.. Pere Mir murió en 2017 a los 98 años, dejando un patrimonio de 400 millones de euros. Las fundaciones quedaron entonces bajo la gestión los tres albaceas. Según los estatutos, el 90% de los recursos debían ir destinados a la ciencia, pero en seis años el patrimonio cayó a 12 millones sin auditorías.. La Audiencia considera que la jueza actuó con demasiada rapidez, y no garantizó el derecho a la defensa. Por ello, ordena repetir la vista con un margen mínimo de diez días para preparar las alegaciones. El tribunal recalca, además, que este cambio no afecta al fondo del caso, que sigue avanzando.. Caso Cellex. La investigación se centra en tres ejes: administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Una auditoría forense examina seis años de operaciones, revelando que el 80% de las donaciones se destinaron a proyectos vinculados a Tabernero o Segarra, sin concurrencia competitiva. El testamento de Mir especificaba que todo debía ir a ciencia y asistencia social. Hoy, esa voluntad está en entredicho.. Durante la investigación, la defensa de Josep Tabernero y Jordi Segarra se opuso, además, al volcado de datos de sus móviles, donde los Mossos d’Esquadra encontraron «conversaciones de interés» para la causa. El abogado aseguró que se trataba de una medida desproporcionada e «invasiva» de la privacidad, especialmente en el caso de Tabernero, que por su condición de médico pueden incluir datos personales y relativos a la salud de sus pacientes (cirugías, pruebas diagnósticas e informes médicos) que la legislación considera «especialmente protegidos».. El caso está todavía muy lejos de cerrarse, mientras la jueza Linage continúa la investigación a Tabernero, Segarra y Capellas. La misma magistrada rechazó, además, que la Generalitat de Cataluña se personara como acusación particular en el juicio por carecer de legitimación.
Los tres albaceas responsables de gestionar el legado de Mir, Jordi Segarra, Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas, están siendo investigados por posibles delitos de administración desleal
Nuevo giro inesperado en el caso de las fundaciones Cellex y Mir Puig. Según ha publicado esta mañana La Vanguardia, la Audiencia Provincial de Barcelona ha anulado la decisión de la jueza, que había intervenido ambas entidades tras recibir un informe policial que apuntaba a un posible uso irregular del patrimonio del empresario Pere Mir, fallecido en 2017.. En el proceso judicial, los tres albaceas responsables de gestionar el legado de Mir, Jordi Segarra, Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas, están siendo investigados por posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida.. Pere Mir murió en 2017 a los 98 años, dejando un patrimonio de 400 millones de euros. Las fundaciones quedaron entonces bajo la gestión los tres albaceas. Según los estatutos, el 90% de los recursos debían ir destinados a la ciencia, pero en seis años el patrimonio cayó a 12 millones sin auditorías.. La Audiencia considera que la jueza actuó con demasiada rapidez, y no garantizó el derecho a la defensa. Por ello, ordena repetir la vista con un margen mínimo de diez días para preparar las alegaciones. El tribunal recalca, además, que este cambio no afecta al fondo del caso, que sigue avanzando.. Caso Cellex. La investigación se centra en tres ejes: administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Una auditoría forense examina seis años de operaciones, revelando que el 80% de las donaciones se destinaron a proyectos vinculados a Tabernero o Segarra, sin concurrencia competitiva. El testamento de Mir especificaba que todo debía ir a ciencia y asistencia social. Hoy, esa voluntad está en entredicho.. Durante la investigación, la defensa de Josep Tabernero y Jordi Segarra se opuso, además, al volcado de datos de sus móviles, donde los Mossos d’Esquadra encontraron «conversaciones de interés» para la causa. El abogado aseguró que se trataba de una medida desproporcionada e «invasiva» de la privacidad, especialmente en el caso de Tabernero, que por su condición de médico pueden incluir datos personales y relativos a la salud de sus pacientes (cirugías, pruebas diagnósticas e informes médicos) que la legislación considera «especialmente protegidos».. El caso está todavía muy lejos de cerrarse, mientras la jueza Linage continúa la investigación a Tabernero, Segarra y Capellas. La misma magistrada rechazó, además, que la Generalitat de Cataluña se personara como acusación particular en el juicio por carecer de legitimación.
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