Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 en Níjar (Almería) por Ana Julia Quezada, ha informado que la Audiencia Provincial de Almería ha denegado el recurso presentado por la asesina en octubre pasado. La resolución reconoce que «el peculio, así como cualquier otra pensión o asignación que pudiera corresponderle a Quesada, es embargable, considerando que el mínimo de subsistencia, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya lo recibe dentro del centro penitenciario. Por tanto, cualquier excedente deberá destinarse a satisfacer el interés de las víctimas y al pago de la responsabilidad civil», tras siete años de impagos.. En un comunicado, la madre de la víctima ha aclarado que este fallo significa que «se ha denegado el recurso presentado por su defensa, dado que se considera que todas sus necesidades básicas están cubiertas en el centro penitenciario y, por tanto, cualquier excedente debe destinarse a cumplir con la condena». Cabe recordar que Quezada cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz y debe hacer frente a una indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres.. La sentencia de septiembre de 2019 obligaba a Quezada a abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por daños morales, toda vez que también cifraba en 200.203 euros el montante a abonar derivado de los gastos ocasionados al Estado por las labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas para tratar de dar con el menor durante su desaparición.. En este contexto, Ramírez ha detallado que la Audiencia Provincial continúa investigando los bienes de Quesada fuera de España, señalando que «aún estamos pendientes de respuesta». Asimismo, ha añadido que «han pasado siete años sin que nadie nos haya dado información sobre la supuesta casa, a pesar de que aparece en las diligencias policiales e incluso en un documental, entre otros indicios».. Respecto a la decisión de la Audiencia de reconocer el carácter embargable del peculio, Ramírez ha señalado que «esperamos que el centro penitenciario pueda informar a partir de ahora sobre su situación dentro de prisión, en relación con los trabajos realizados y las cantidades depositadas en el peculio o por cualquier otro concepto, con el objetivo de proteger y garantizar nuestros derechos como víctimas».. Ante esta situación, Ramírez ha señalado que solicitarán «todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que se repita una situación en la que, durante siete años, se nos ha abonado menos de 250 euros en concepto de responsabilidad civil». Además, ha añadido que «este avance, junto con el estudio que se está llevando a cabo sobre las presuntas amenazas recibidas -recientemente calificadas como graves por la Fiscalía-, me hace confiar en que se está empezando a trabajar en la protección de nuestros derechos y seguridad», ha concluido.
Rechaza el recurso de Ana Julia Quezada, que debe indemnizar a los padres de la víctima
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 en Níjar (Almería) por Ana Julia Quezada, ha informado que la Audiencia Provincial de Almería ha denegado el recurso presentado por la asesina en octubre pasado. La resolución reconoce que «el peculio, así como cualquier otra pensión o asignación que pudiera corresponderle a Quesada, es embargable, considerando que el mínimo de subsistencia, equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya lo recibe dentro del centro penitenciario. Por tanto, cualquier excedente deberá destinarse a satisfacer el interés de las víctimas y al pago de la responsabilidad civil», tras siete años de impagos.. En un comunicado, la madre de la víctima ha aclarado que este fallo significa que «se ha denegado el recurso presentado por su defensa, dado que se considera que todas sus necesidades básicas están cubiertas en el centro penitenciario y, por tanto, cualquier excedente debe destinarse a cumplir con la condena». Cabe recordar que Quezada cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz y debe hacer frente a una indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres.. La sentencia de septiembre de 2019 obligaba a Quezada a abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por daños morales, toda vez que también cifraba en 200.203 euros el montante a abonar derivado de los gastos ocasionados al Estado por las labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas para tratar de dar con el menor durante su desaparición.. En este contexto, Ramírez ha detallado que la Audiencia Provincial continúa investigando los bienes de Quesada fuera de España, señalando que «aún estamos pendientes de respuesta». Asimismo, ha añadido que «han pasado siete años sin que nadie nos haya dado información sobre la supuesta casa, a pesar de que aparece en las diligencias policiales e incluso en un documental, entre otros indicios».. Respecto a la decisión de la Audiencia de reconocer el carácter embargable del peculio, Ramírez ha señalado que «esperamos que el centro penitenciario pueda informar a partir de ahora sobre su situación dentro de prisión, en relación con los trabajos realizados y las cantidades depositadas en el peculio o por cualquier otro concepto, con el objetivo de proteger y garantizar nuestros derechos como víctimas».. Ante esta situación, Ramírez ha señalado que solicitarán «todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que se repita una situación en la que, durante siete años, se nos ha abonado menos de 250 euros en concepto de responsabilidad civil». Además, ha añadido que «este avance, junto con el estudio que se está llevando a cabo sobre las presuntas amenazas recibidas -recientemente calificadas como graves por la Fiscalía-, me hace confiar en que se está empezando a trabajar en la protección de nuestros derechos y seguridad», ha concluido.
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