Ante un modelo como el actual, considerado burocrático, ineficiente y fragmentado en 17 sistemas autonómicos, con desigualdades manifiestas y una atención heterogénea en el territorio, se presenta una alternativa de transformación en el libro editado por la Fundación Bamberg «Un nuevo sistema sanitario para España. La despolitización de la Sanidad», alternativa que defendemos en cada oportunidad que se nos presenta. En él se planteaba una reforma profunda y estructural de la sanidad española, con el objetivo fundamental de alejarla de la influencia política partidista y garantizar su sostenibilidad, equidad, eficiencia y calidad a largo plazo.. La propuesta se basa en principios irrenunciables: la salud como derecho y valor estratégico por encima de ideologías, la necesidad de despolitizar y profesionalizar la gestión, y la responsabilización de todos los actores implicados, desde los profesionales hasta los ciudadanos.. El núcleo de la reforma descansa en una separación nítida de las funciones de financiación, aseguramiento y provisión. La financiación sería responsabilidad exclusiva del Estado a través de los Presupuestos Generales, desvinculándola de la cotización a la Seguridad Social para asegurar a todos los españoles por el mero hecho de serlo. Se crearía un Ente Asegurador Estatal (EAE), encargado de asegurar una cartera básica única de prestaciones para toda la población. Para introducir competencia y transparencia en el cálculo de la prima –que se fijaría según riesgos sociodemográficos–, se permitiría la concurrencia de aseguradoras privadas homologadas que pudieran ofrecer condiciones equivalentes o mejores.. En la provisión de servicios, las comunidades autónomas mantendrían un papel crucial en la planificación de las Áreas de Salud, pero la gestión se adjudicaría a Entidades de Gestión Sanitaria (EGS). Estas EGS, que pueden ser públicas o privadas, serían organizaciones autónomas con personalidad jurídica propia que integrarían toda la atención (primaria, especializada, salud pública y sociosanitaria) en su área geográfica. Se financiarían mediante un pago capitativo por persona asignada, abonado directamente por el EAE, lo que incentiva la prevención y la eficiencia, ya que asumen el riesgo sanitario de su población. La actividad de la EAE es auditada y evaluada en función de los resultados en salud de su población.. Un elemento clave es la libertad de elección real e informada: los ciudadanos podrían escoger médico y centro en cualquier punto de España, promoviendo una competencia basada en la calidad. Cuando un paciente es atendido fuera de su área, su EGS de origen paga a la EGS receptora a través de un sistema de interfacturación con precios regulados. Para que esta elección sea efectiva, se exige una transparencia total, con la publicación obligatoria de recursos humanos y tecnológicos, actividad y resultados en salud de todos los centros.. La gobernanza del sistema se rediseña para evitar el dominio político. Se propone la creación de un Consejo General de Salud (CGS), un órgano independiente y despolitizado con representación del Estado, las autonomías, colegios profesionales, pacientes, universidades y otros organismos de la sociedad civil. Este consejo tendría la autoridad para fijar la cartera de servicios, las primas, los precios de interfacturación y acreditar centros de referencia nacionales. El Consejo Interterritorial se reforzaría como órgano de coordinación entre CCAA, y en las Cortes se establecería una Comisión Legislativa Sanitaria para unificar y supervisar la normativa, asegurando la equidad en los derechos y deberes en todo el territorio y el fin del galimatías legislativo actual. El Ministerio de Sanidad se concentraría en la regulación, el control de mercado, la evaluación de tecnologías y la alta inspección.. Los profesionales sanitarios serían revalorizados mediante un nuevo Estatuto que eliminaría la condición de funcionario (o estatutario), permitiendo retribuciones vinculadas al mérito y los resultados. La gestión de los recursos humanos pasaría a ser competencia de las EGS, fomentando la movilidad y la contratación flexible. Se potencia especialmente la figura del médico de cabecera como gestor y coordinador central del paciente. El modelo busca fomentar la innovación y la calidad a través de la competitividad regulada entre EGS, la acreditación de centros de excelencia y el desarrollo de sistemas de información interoperables en todo el país. La selección de los MIR sería competencia de los centros de las EGS que estén acreditados.. En definitiva, la visión presentada es la de una transformación radical: de un sistema estatalista, politizado y fragmentado, a uno descentralizado, profesionalizado y basado en una competencia regulada y en la elección informada. El Estado financia y regula, las autonomías planifican y supervisan, las entidades gestoras proveen con autonomía, y los ciudadanos eligen con responsabilidad. El resultado es un sistema que favorece de manera automática la eficiencia en el manejo de los recursos y la eficacia en el logro de los resultados en salud. La sanidad dejaría de utilizarse como arma arrojadiza en la confrontación política, las Consejerías dejarían de administrar miles de millones de euros y decenas de miles de empleados, y la sociedad civil, los ciudadanos, tendrían el poder de elegir y establecer sus preferencias.
Presidente de la Fundación Bamberg
Ante un modelo como el actual, considerado burocrático, ineficiente y fragmentado en 17 sistemas autonómicos, con desigualdades manifiestas y una atención heterogénea en el territorio, se presenta una alternativa de transformación en el libro editado por la Fundación Bamberg «Un nuevo sistema sanitario para España. La despolitización de la Sanidad», alternativa que defendemos en cada oportunidad que se nos presenta. En él se planteaba una reforma profunda y estructural de la sanidad española, con el objetivo fundamental de alejarla de la influencia política partidista y garantizar su sostenibilidad, equidad, eficiencia y calidad a largo plazo.. La propuesta se basa en principios irrenunciables: la salud como derecho y valor estratégico por encima de ideologías, la necesidad de despolitizar y profesionalizar la gestión, y la responsabilización de todos los actores implicados, desde los profesionales hasta los ciudadanos.. El núcleo de la reforma descansa en una separación nítida de las funciones de financiación, aseguramiento y provisión. La financiación sería responsabilidad exclusiva del Estado a través de los Presupuestos Generales, desvinculándola de la cotización a la Seguridad Social para asegurar a todos los españoles por el mero hecho de serlo. Se crearía un Ente Asegurador Estatal (EAE), encargado de asegurar una cartera básica única de prestaciones para toda la población. Para introducir competencia y transparencia en el cálculo de la prima –que se fijaría según riesgos sociodemográficos–, se permitiría la concurrencia de aseguradoras privadas homologadas que pudieran ofrecer condiciones equivalentes o mejores.. En la provisión de servicios, las comunidades autónomas mantendrían un papel crucial en la planificación de las Áreas de Salud, pero la gestión se adjudicaría a Entidades de Gestión Sanitaria (EGS). Estas EGS, que pueden ser públicas o privadas, serían organizaciones autónomas con personalidad jurídica propia que integrarían toda la atención (primaria, especializada, salud pública y sociosanitaria) en su área geográfica. Se financiarían mediante un pago capitativo por persona asignada, abonado directamente por el EAE, lo que incentiva la prevención y la eficiencia, ya que asumen el riesgo sanitario de su población. La actividad de la EAE es auditada y evaluada en función de los resultados en salud de su población.. Un elemento clave es la libertad de elección real e informada: los ciudadanos podrían escoger médico y centro en cualquier punto de España, promoviendo una competencia basada en la calidad. Cuando un paciente es atendido fuera de su área, su EGS de origen paga a la EGS receptora a través de un sistema de interfacturación con precios regulados. Para que esta elección sea efectiva, se exige una transparencia total, con la publicación obligatoria de recursos humanos y tecnológicos, actividad y resultados en salud de todos los centros.. La gobernanza del sistema se rediseña para evitar el dominio político. Se propone la creación de un Consejo General de Salud (CGS), un órgano independiente y despolitizado con representación del Estado, las autonomías, colegios profesionales, pacientes, universidades y otros organismos de la sociedad civil. Este consejo tendría la autoridad para fijar la cartera de servicios, las primas, los precios de interfacturación y acreditar centros de referencia nacionales. El Consejo Interterritorial se reforzaría como órgano de coordinación entre CCAA, y en las Cortes se establecería una Comisión Legislativa Sanitaria para unificar y supervisar la normativa, asegurando la equidad en los derechos y deberes en todo el territorio y el fin del galimatías legislativo actual. El Ministerio de Sanidad se concentraría en la regulación, el control de mercado, la evaluación de tecnologías y la alta inspección.. Los profesionales sanitarios serían revalorizados mediante un nuevo Estatuto que eliminaría la condición de funcionario (o estatutario), permitiendo retribuciones vinculadas al mérito y los resultados. La gestión de los recursos humanos pasaría a ser competencia de las EGS, fomentando la movilidad y la contratación flexible. Se potencia especialmente la figura del médico de cabecera como gestor y coordinador central del paciente. El modelo busca fomentar la innovación y la calidad a través de la competitividad regulada entre EGS, la acreditación de centros de excelencia y el desarrollo de sistemas de información interoperables en todo el país. La selección de los MIR sería competencia de los centros de las EGS que estén acreditados.. En definitiva, la visión presentada es la de una transformación radical: de un sistema estatalista, politizado y fragmentado, a uno descentralizado, profesionalizado y basado en una competencia regulada y en la elección informada. El Estado financia y regula, las autonomías planifican y supervisan, las entidades gestoras proveen con autonomía, y los ciudadanos eligen con responsabilidad. El resultado es un sistema que favorece de manera automática la eficiencia en el manejo de los recursos y la eficacia en el logro de los resultados en salud. La sanidad dejaría de utilizarse como arma arrojadiza en la confrontación política, las Consejerías dejarían de administrar miles de millones de euros y decenas de miles de empleados, y la sociedad civil, los ciudadanos, tendrían el poder de elegir y establecer sus preferencias.
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