El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la convalidación del Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, impulsado por el Gobierno autonómico. La alianza entre PSOE y Vox junto con el Grupo Mixto han votado en contra y solo el PP ha votado a favor, dejando al Ejecutivo regional sin su paquete de medidas para ampliar la oferta de vivienda. La oposición ha justificado su rechazo por falta de diálogo, precios inalcanzables para las familias trabajadoras y beneficios desmedidos para el sector promotor, que, según coinciden los tres grupos, «sale ganando» mientras «no se ofrece una solución real a los jóvenes ni a quienes no pueden acceder a una casa».
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, ha defendido el decreto como una respuesta «inaplazable a la emergencia residencial» que atraviesa la Región y ha instado a los diputados a «formar parte de la solución y no del problema». Ha asegurado que la norma «nace del diálogo con los agentes del sector» y que «aporta soluciones reales» al incluir medidas «innovadoras y de rápido impacto», como la creación de la figura de la vivienda asequible de la Región de Murcia, que sustituye a la tradicional VPO.
García ha explicado que el decreto simplifica trámites sustituyendo las calificaciones por una declaración responsable, incorpora fórmulas de convivencia compartida como coliving y cohousing, y prevé incentivos urbanísticos: una prima de edificabilidad del 40% en promociones destinadas íntegramente a vivienda protegida y del 50% para suelos municipales o con restos arqueológicos. Además, crea un Panel de Impulso Urbanístico para desbloquear trámites administrativos y abre la puerta a nuevas bonificaciones fiscales municipales. «Hoy podían haber dado un ejemplo de servicio público, pero han optado por el bloqueo», ha lamentado el consejero.
Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega, ha argumentado su voto en contra por «la falta de diálogo y la ausencia de medidas reales para bajar el precio de la vivienda». Ortega ha asegurado que el Ejecutivo regional ha rechazado las tres condiciones propuestas por los socialistas: que el suelo público siga siendo de titularidad pública, que al menos el 30% de las viviendas asequibles se destinen a alquiler barato y que se dupliquen los fondos del programa Aval Joven. «Ofrecen viviendas de 90 metros cuadrados por 170.000 euros y las llaman asequibles. Eso no lo puede pagar ni una familia trabajadora ni un joven con un sueldo medio en esta Región», ha reprochado.
El diputado socialista ha añadido que el Gobierno de López Miras «no ha construido una sola vivienda pública en ocho años» y que «traslada competencias a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos». Según Ortega, «este decreto da continuidad a la ley del suelo que ya provocó la mayor crisis económica del país» y «solo beneficia a quienes especulan con el suelo».
Desde Vox, María José Ruiz ha calificado la propuesta del PP como «una ocurrencia más del bipartidismo» y «una copia del modelo del PSOE». Ha afirmado que el decreto «no reduce impuestos ni liberaliza suelo», y ha defendido que «la única manera de abaratar el precio de la vivienda es liberar el suelo no protegido, bajar la carga fiscal y facilitar los cambios de uso». También ha criticado las referencias al coliving y cohousing, que ha tildado de «ideas propias de economías colectivistas y de la Agenda 2030». «Queremos una España de propietarios, no una España donde se comparta hasta la habitación», ha subrayado.
Además, el portavoz de este grupo parlamentario, José Ángel Antelo ha justificado el voto negativo de su grupo porque «el PP no ha negociado previamente el decreto con Vox» y ha acusado a los populares de «traer a la Cámara textos cerrados sin consenso». «No bajan ni un impuesto y siguen sin construir viviendas reales. Prometen 25.000 y no han hecho ni 200 en ocho años», ha añadido. Según el líder de Vox, «el PP ha traído a la Cámara un texto cerrado, sin negociar previamente, que repite los errores del bipartidismo».
Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV), ha calificado la iniciativa como «un ejemplo de publicidad engañosa». Ha afirmado que el decreto «no crea viviendas asequibles, sino un timo en toda regla», al establecer precios de 1.840 euros por metro cuadrado, por encima de la media regional de 1.555, y viviendas de 72 metros útiles a 170.000 euros. «Ese precio es inalcanzable para el 80% de los murcianos», ha asegurado.
Marín ha acusado al Gobierno regional de «trabajar al dictado de la patronal del ladrillo» y de «privatizar el suelo público municipal», al «inventariar 136 parcelas de los ayuntamientos, más de un millón de metros cuadrados públicos, que quieren entregar a los buitres inmobiliarios mediante permutas o subastas». Además, ha recordado que «desde 2020 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública en la Región de Murcia». La parlamentaria también ha tendido la mano al PSOE para elaborar una ley de vivienda alternativa a la de López Miras.
Desde el PP, Joaquín Segado ha lamentado el rechazo del decreto y ha acusado a PSOE y Vox de haber «formado una pinza para dañar al Partido Popular y bloquear las soluciones que necesita la Región». Segado ha defendido que la norma «ha sido pionera, ambiciosa y fruto del diálogo con ayuntamientos, colegios profesionales, promotores y colectivos sociales» y ha advertido que «con su voto en contra, hoy han dado la espalda a los jóvenes y a la clase media».
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El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia no ha aprobado la validación del Decreto-Ley 3/2025, que aborda medidas urgentes relacionadas con la vivienda y la planificación urbana, presentadas por el gobierno regional. La coalición del PSOE, Vox y el Grupo Mixto votó en contra de la propuesta, mientras que sólo el PP la apoyó, lo que resultó en que el Ejecutivo regional no pudo implementar sus medidas para aumentar la oferta de viviendas. La oposición ha explicado su negativa citando una falta de comunicación, costos inasequibles para las familias trabajadoras y beneficios excesivamente generosos para los desarrolladores. Argumentan que los promotores están «ganando» mientras que no se proporcionan soluciones genuinas para los jóvenes u otros que no pueden pagar la vivienda. En respuesta, el Ministro de Desarrollo e Infraestructura, Jorge García, ha apoyado el decreto como una medida necesaria para abordar la crisis de vivienda en la Región y ha pedido a los diputados que «contribuyan a la solución en lugar de ser parte del problema». Afirmó que la norma «proviene de conversaciones con las partes interesadas en el sector» y «ofrece soluciones genuinas» mediante la incorporación de medidas «innovadoras y de impacto rápido», como el establecimiento de viviendas asequibles en la Región de Murcia, que reemplaza a la tradicional VPO. García señaló que el decreto agiliza los procesos mediante la sustitución de las calificaciones por una declaración responsable, incluye arreglos de vida compartida como coliving y cohousing, y ofrece incentivos urbanos: un aumento del 40% en la capacidad de construcción para proyectos dirigidos enteramente a viviendas protegidas y un aumento del 1363% para tierras municipales o aquellos con hallazgos arqueológicos. También establece un Grupo de Impulso Urbano para racionalizar los procesos administrativos e introduce nuevos incentivos fiscales municipales. «Hoy tuvieron la oportunidad de demostrar servicio público, pero en su lugar eligieron imponer un bloqueo», expresó el concejal con decepción. Miguel Ángel Ortega, diputado del PSOE, explicó su voto en contra debido a «la falta de diálogo y la ausencia de medidas genuinas para reducir los costos de la vivienda». Ortega declaró que el gobierno regional había rechazado las tres condiciones presentadas por los socialistas: mantener la tierra pública en manos públicas, garantizar que al menos el 30% de las viviendas asequibles se destinen a alquileres bajos y duplicar los fondos para el programa Aval Joven. Proporcionan 90 metros cuadrados de espacio habitable por 170.000 euros y lo etiquetan como asequible.
PP no puede obtener apoyo para uno de los proyectos de vivienda más ambiciosos de la región de Murcia.
