La historia de Thierry Puech, un vecino de la ciudad costera de Sète, ha dado la vuelta a Europa después de que estuviera a punto de enfrentarse a una multa de 300.000 euros y a una posible pena de dos años de prisión por la tenencia de su gato, Tigrou.. El motivo no fue un comportamiento problemático del animal, sino un defecto administrativo que permaneció oculto durante cuatro años: el felino había sido introducido en territorio francés de forma ilegal, sin declarar su procedencia y sin la preceptiva vacuna antirrábica.. Puech adoptó a Tigrou a finales de 2022 a través de una asociación local. El gato se encontraba entonces en acogida temporal en otro hogar y, según explicó el propio dueño al medio Midi Libre, tanto la organización como el veterinario al que acudió en enero de 2023 para una revisión dental intentaron leer el microchip sin éxito.. A pesar de este contratiempo, el animal recibió todos los cuidados necesarios durante los años siguientes, incluyendo visitas periódicas a una clínica veterinaria para controles y vacunas.. La tranquilidad se rompió en 2026, cuando Tigrou desarrolló cálculos en la vejiga y requirió una intervención quirúrgica especializada.. El microchip reveló un origen tunecino y desató el conflicto legal. Tras la operación, el veterinario aconsejó a Puech tramitar la tarjeta I-CAD, el certificado oficial que acredita la propiedad del animal.. Fue entonces cuando recibió una comunicación que le heló la sangre: el microchip de Tigrou, que finalmente pudo ser leído, revelaba que el gato provenía de Túnez y que había ingresado en Francia sin cumplir los requisitos sanitarios exigidos por la normativa europea.. Al no contar con una vacuna antirrábica válida anterior a su entrada, el animal era considerado ilegal. Las autoridades dieron a Puech un ultimátum de 48 horas para presentar una justificación, advirtiéndole que, en caso contrario, se enfrentaría a una multa de 300.000 euros, a dos años de prisión y al sacrificio del felino.. Ante la gravedad de la situación, el propietario acudió al día siguiente a la Dirección Departamental de Protección de la Población para explicar su caso.. Aportó toda la documentación que acreditaba los cuidados veterinarios dispensados a Tigrou desde 2022 y la familia que había acogido inicialmente al gato envió un correo electrónico confirmando los hechos.. Una semana después, la administración comunicó a Puech que los procedimientos judiciales habían sido archivados y que la situación del animal quedaba regularizada.. Tigrou continúa hoy viviendo con su dueño, ahora ya como propietario oficial, después de haber esquivado una de las multas más elevadas jamás impuestas por la tenencia irregular de una mascota.
Un residente de la localidad francesa de Sète se enfrentó a una sanción económica de 300.000 euros y a la posible eutanasia de su felino después de que las autoridades descubrieran que el animal había entrado en el país sin la documentación exigida
La historia de Thierry Puech, un vecino de la ciudad costera de Sète, ha dado la vuelta a Europa después de que estuviera a punto de enfrentarse a una multa de 300.000 euros y a una posible pena de dos años de prisión por la tenencia de su gato, Tigrou.. El motivo no fue un comportamiento problemático del animal, sino un defecto administrativo que permaneció oculto durante cuatro años: el felino había sido introducido en territorio francés de forma ilegal, sin declarar su procedencia y sin la preceptiva vacuna antirrábica.. Puech adoptó a Tigrou a finales de 2022 a través de una asociación local. El gato se encontraba entonces en acogida temporal en otro hogar y, según explicó el propio dueño al medio Midi Libre, tanto la organización como el veterinario al que acudió en enero de 2023 para una revisión dental intentaron leer el microchip sin éxito.. A pesar de este contratiempo, el animal recibió todos los cuidados necesarios durante los años siguientes, incluyendo visitas periódicas a una clínica veterinaria para controles y vacunas.. La tranquilidad se rompió en 2026, cuando Tigrou desarrolló cálculos en la vejiga y requirió una intervención quirúrgica especializada.. Tras la operación, el veterinario aconsejó a Puech tramitar la tarjeta I-CAD, el certificado oficial que acredita la propiedad del animal.. Fue entonces cuando recibió una comunicación que le heló la sangre: el microchip de Tigrou, que finalmente pudo ser leído, revelaba que el gato provenía de Túnez y que había ingresado en Francia sin cumplir los requisitos sanitarios exigidos por la normativa europea.. Al no contar con una vacuna antirrábica válida anterior a su entrada, el animal era considerado ilegal. Las autoridades dieron a Puech un ultimátum de 48 horas para presentar una justificación, advirtiéndole que, en caso contrario, se enfrentaría a una multa de 300.000 euros, a dos años de prisión y al sacrificio del felino.. Ante la gravedad de la situación, el propietario acudió al día siguiente a la Dirección Departamental de Protección de la Población para explicar su caso.. Aportó toda la documentación que acreditaba los cuidados veterinarios dispensados a Tigrou desde 2022 y la familia que había acogido inicialmente al gato envió un correo electrónico confirmando los hechos.. Una semana después, la administración comunicó a Puech que los procedimientos judiciales habían sido archivados y que la situación del animal quedaba regularizada.. Tigrou continúa hoy viviendo con su dueño, ahora ya como propietario oficial, después de haber esquivado una de las multas más elevadas jamás impuestas por la tenencia irregular de una mascota.
Noticias de Sociedad en La Razón
