La Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI/Precarios) ha denunciado la existencia de “desigualdades inaceptables” en el acceso a los sexenios de investigación para el personal contratado laboral en universidades y centros públicos, y ha exigido que este reconocimiento se extienda en igualdad de condiciones a todo el personal investigador.. Los sexenios constituyen el principal sistema de evaluación de la actividad científica en España. Concedidos tras la valoración de la productividad investigadora, implican además un complemento salarial. Sin embargo, según la organización, su aplicación práctica continúa generando discriminaciones dentro del propio sistema público de I+D+i, especialmente entre los investigadores con contratos más precarios.. La controversia se produce pese a que en 2023 el Tribunal Supremo reconoció el derecho del personal docente e investigador temporal a que se evalúe su actividad científica y a percibir la correspondiente compensación económica. En la práctica, no obstante, muchos investigadores laborales deben presentar una autorización previa de su universidad o centro para poder concurrir a la convocatoria estatal, lo que permite establecer filtros internos considerados poco transparentes.. Algunas universidades públicas —entre ellas la Autónoma de Madrid, la de Alcalá, la Rey Juan Carlos y la Carlos III— sí permiten que el personal investigador laboral solicite y cobre sexenios, incluyendo figuras postdoctorales como Ramón y Cajal o Juan de la Cierva. No obstante, otras categorías, como el profesorado asociado o sustituto, suelen quedar excluidas.. La situación es aún más restrictiva en buena parte del sistema científico estatal. La FJI señala como ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación del país, donde —según denuncia— no está garantizado el acceso efectivo y retribuido a estos complementos para el personal laboral.. Para la federación, esta situación constituye una “discriminación estructural” que vulnera el principio de igualdad entre trabajadores fijos y temporales. “El personal laboral investiga, publica, lidera proyectos y dirige tesis, pero no recibe el mismo reconocimiento ni la misma retribución”, sostienen.. La presidenta de la FJI, Cristina Rodríguez, considera “inaceptable” que el reconocimiento de la calidad investigadora no esté asegurado en todo el sistema público. A su juicio, la desigualdad afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, que encadenan contratos durante años sin ver reconocido su trabajo en las mismas condiciones que el personal estabilizado.. La organización advierte además de que mantener esta situación agrava la precariedad, desincentiva la carrera científica y contribuye a la fuga de talento, debilitando el sistema de investigación español.. Entre sus reivindicaciones, la federación reclama que el CSIC y todas las universidades públicas permitan sin excepciones que el personal laboral solicite sexenios, que estos conlleven la correspondiente retribución económica en igualdad de condiciones y que se elimine cualquier discriminación basada en el tipo de contrato.. “La ciencia pública no puede construirse sobre desigualdades. A igual trabajo, igual reconocimiento”, concluye Rodríguez.
Focalizan su denuncia en el acceso a los sexenios y exigen el reconocimiento de este derecho a todo el personal laboral
La Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI/Precarios) ha denunciado la existencia de “desigualdades inaceptables” en el acceso a los sexenios de investigación para el personal contratado laboral en universidades y centros públicos, y ha exigido que este reconocimiento se extienda en igualdad de condiciones a todo el personal investigador.. Los sexenios constituyen el principal sistema de evaluación de la actividad científica en España. Concedidos tras la valoración de la productividad investigadora, implican además un complemento salarial. Sin embargo, según la organización, su aplicación práctica continúa generando discriminaciones dentro del propio sistema público de I+D+i, especialmente entre los investigadores con contratos más precarios.. La controversia se produce pese a que en 2023 el Tribunal Supremo reconoció el derecho del personal docente e investigador temporal a que se evalúe su actividad científica y a percibir la correspondiente compensación económica. En la práctica, no obstante, muchos investigadores laborales deben presentar una autorización previa de su universidad o centro para poder concurrir a la convocatoria estatal, lo que permite establecer filtros internos considerados poco transparentes.. Algunas universidades públicas —entre ellas la Autónoma de Madrid, la de Alcalá, la Rey Juan Carlos y la Carlos III— sí permiten que el personal investigador laboral solicite y cobre sexenios, incluyendo figuras postdoctorales como Ramón y Cajal o Juan de la Cierva. No obstante, otras categorías, como el profesorado asociado o sustituto, suelen quedar excluidas.. La situación es aún más restrictiva en buena parte del sistema científico estatal. La FJI señala como ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación del país, donde —según denuncia— no está garantizado el acceso efectivo y retribuido a estos complementos para el personal laboral.. Para la federación, esta situación constituye una “discriminación estructural” que vulnera el principio de igualdad entre trabajadores fijos y temporales. “El personal laboral investiga, publica, lidera proyectos y dirige tesis, pero no recibe el mismo reconocimiento ni la misma retribución”, sostienen.. La presidenta de la FJI, Cristina Rodríguez, considera “inaceptable” que el reconocimiento de la calidad investigadora no esté asegurado en todo el sistema público. A su juicio, la desigualdad afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, que encadenan contratos durante años sin ver reconocido su trabajo en las mismas condiciones que el personal estabilizado.. La organización advierte además de que mantener esta situación agrava la precariedad, desincentiva la carrera científica y contribuye a la fuga de talento, debilitando el sistema de investigación español.. Entre sus reivindicaciones, la federación reclama que el CSIC y todas las universidades públicas permitan sin excepciones que el personal laboral solicite sexenios, que estos conlleven la correspondiente retribución económica en igualdad de condiciones y que se elimine cualquier discriminación basada en el tipo de contrato.. “La ciencia pública no puede construirse sobre desigualdades. A igual trabajo, igual reconocimiento”, concluye Rodríguez.
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