La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recordó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que su obligación es la de defender a las mujeres, a la vez que criticó que no asuma su responsabilidad por los fallos en las pulseras antimaltrato.. Isabel Blanco, que realizó estas declaraciones en Valladolid antes de participar en la V edición de ‘FP Talks’ de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, también se refirió a la denuncia de los jueces de los juzgados de violencia sobre la mujer, que alertan de un colapso del sistema por la asunción de nuevas competencias y la falta de medios, y aseguró que lo importante en estos momentos es “escuchar a los jueces”. “Espero que el Gobierno atienda su petición de medios para que no se llegue al colapso”, afirmó.. La vicepresidenta recalcó que, a pesar de las declaraciones de Ana Redondo, “a mí no me incomoda el Ministerio de Igualdad». «Todo lo contrario. A mí me incomoda la incompetencia y que la ministra no haya asumido responsabilidades por su gestión”, comentó. En este sentido, recordó que la obligación de las administraciones es proteger a las mujeres y lamentó que cada día salga nuevos casos de mujeres que dicen sentirse desprotegidas.. Además, Isabel Blanco se refirió a la reducción de penas a los agresores sexuales que supuso la entrada ‘Ley del ‘si es sí’, y la Ley de Paridad, norma que, según explicó, facilitó el despido a las personas que apostaban por la conciliación. “A mí también me incomoda que Ana Redondo, que también es la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León, pretenda aplicar estas políticas en la Comunidad”, aseveró.. Por último, preguntada por posibles cambios en la prestación para la interrupción voluntaria del embarazo, Blanco, al igual que hiciera ayer el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que en Castilla y León no se han producido cambios, “ni los va a haber”, informa Ical.
La vicepresidenta espera que el Gobierno atienda la petición de los jueces para evitar el colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recordó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que su obligación es la de defender a las mujeres, a la vez que criticó que no asuma su responsabilidad por los fallos en las pulseras antimaltrato.. Isabel Blanco, que realizó estas declaraciones en Valladolid antes de participar en la V edición de ‘FP Talks’ de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, también se refirió a la denuncia de los jueces de los juzgados de violencia sobre la mujer, que alertan de un colapso del sistema por la asunción de nuevas competencias y la falta de medios, y aseguró que lo importante en estos momentos es “escuchar a los jueces”. “Espero que el Gobierno atienda su petición de medios para que no se llegue al colapso”, afirmó.. La vicepresidenta recalcó que, a pesar de las declaraciones de Ana Redondo, “a mí no me incomoda el Ministerio de Igualdad». «Todo lo contrario. A mí me incomoda la incompetencia y que la ministra no haya asumido responsabilidades por su gestión”, comentó. En este sentido, recordó que la obligación de las administraciones es proteger a las mujeres y lamentó que cada día salga nuevos casos de mujeres que dicen sentirse desprotegidas.. Además, Isabel Blanco se refirió a la reducción de penas a los agresores sexuales que supuso la entrada ‘Ley del ‘si es sí’, y la Ley de Paridad, norma que, según explicó, facilitó el despido a las personas que apostaban por la conciliación. “A mí también me incomoda que Ana Redondo, que también es la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León, pretenda aplicar estas políticas en la Comunidad”, aseveró.. Por último, preguntada por posibles cambios en la prestación para la interrupción voluntaria del embarazo, Blanco, al igual que hiciera ayer el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que en Castilla y León no se han producido cambios, “ni los va a haber”, informa Ical.
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