La asociación Impulso Ciudadano ha remitido a la Comisión Europea una extensa contribución para el Informe sobre el Estado de Derecho en España correspondiente a 2026, en la que alerta de la falta de avances estructurales en la independencia judicial, la persistente dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno, el control político de los medios públicos y privados y la utilización de instrumentos administrativos para condicionar el pluralismo informativo.. El documento, consultado por este medio y estructurado conforme al cuestionario oficial de Bruselas, sostiene que las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea en informes anteriores no solo no se han cumplido, sino que en algunos ámbitos la situación ha empeorado, afectando a la percepción pública de la independencia de las instituciones y debilitando los pesos y contrapesos democráticos.. Bloqueo en la reforma del CGPJ. Uno de los ejes centrales del informe es la ausencia de avances en la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese al compromiso asumido tras la renovación del órgano, desbloqueada gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP auspiciado por la Unión Europea.. Impulso Ciudadano recuerda que el sistema vigente, en el que la totalidad de los vocales es designada por las Cortes, no se ajusta a los estándares europeos. Aunque el acuerdo político incluía el compromiso de que el nuevo CGPJ presentara una propuesta de reforma del modelo de designación, el Consejo ha sido incapaz de consensuar una única alternativa y ha remitido dos propuestas distintas, lo que, a juicio de la asociación, mantiene paralizada la adecuación del sistema a los estándares europeos.. La entidad sostiene que el resultado es un órgano politizado, dividido en fracciones y sin capacidad para garantizar la apariencia de independencia exigida por la Unión Europea, y lamenta que se haya confirmado el diagnóstico que ya trasladó a Bruselas en su contribución anterior.. Dependencia del Ministerio Fiscal. El documento también subraya la falta de medidas para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal, cuya jefatura sigue estando vinculada temporalmente a la legislatura y designada por el Gobierno. La asociación recuerda que esta desvinculación ha sido recomendada reiteradamente por la Comisión Europea sin que se haya producido ningún avance.. En este contexto, muestra su preocupación por la tramitación de una reforma de la instrucción penal que prevé trasladar esta función de los jueces de instrucción a los fiscales. A juicio de Impulso Ciudadano, la combinación de una Fiscalía jerárquica dirigida por un Fiscal General nombrado por el Ejecutivo y la existencia de numerosos casos de corrupción que afectan a miembros del Gobierno o del partido en el poder agrava la percepción de falta de independencia.. La entidad cita además declaraciones públicas del presidente del Gobierno en las que se afirmaba que la Fiscalía “depende del Gobierno”, y sostiene que la posterior actuación de la Fiscalía y el respaldo del Ejecutivo al Fiscal General en procedimientos judiciales controvertidos han reforzado esa percepción.. Injerencias en Cataluña. El informe dedica menciones a Cataluña, donde denuncia una práctica reiterada de cuestionamiento de decisiones judiciales por parte del Gobierno autonómico, especialmente en materia lingüística. La asociación recuerda que esta situación ya fue recogida en un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y sostiene que se mantiene en la actualidad.. Asimismo, denuncia la negativa sistemática de la Generalitat a ejecutar sentencias firmes que reconocen el derecho a recibir una parte de la enseñanza en castellano, incluso en casos de alumnos con necesidades educativas especiales. Según el documento, las familias que reclaman este derecho se ven obligadas a acudir a los tribunales y, en algunos casos, sufren acoso y amenazas.. Presiones a periodistas y falta de protección. El texto también aborda la presión directa a periodistas y medios, citando señalamientos públicos y descalificaciones por parte de miembros del Gobierno, así como la concesión de amparo por parte de asociaciones profesionales a periodistas hostigados en redes sociales. En concreto, destaca cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió al director de La Razón, Francisco Marhuenda, como “el facha más paleto de España”.. Asimismo, critica la falta de condena por parte del Gobierno de España de determinadas agresiones a periodistas durante manifestaciones, pese a las alertas emitidas por organismos del Consejo de Europa.
La entidad denuncia falta de avances en la independencia judicial, presiones políticas y control de los medios en España en un informe aportado a la Comisión
La asociación Impulso Ciudadano ha remitido a la Comisión Europea una extensa contribución para el Informe sobre el Estado de Derecho en España correspondiente a 2026, en la que alerta de la falta de avances estructurales en la independencia judicial, la persistente dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno, el control político de los medios públicos y privados y la utilización de instrumentos administrativos para condicionar el pluralismo informativo.. El documento, consultado por este medio y estructurado conforme al cuestionario oficial de Bruselas, sostiene que las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea en informes anteriores no solo no se han cumplido, sino que en algunos ámbitos la situación ha empeorado, afectando a la percepción pública de la independencia de las instituciones y debilitando los pesos y contrapesos democráticos.. Bloqueo en la reforma del CGPJ. Uno de los ejes centrales del informe es la ausencia de avances en la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese al compromiso asumido tras la renovación del órgano, desbloqueada gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP auspiciado por la Unión Europea.. Impulso Ciudadano recuerda que el sistema vigente, en el que la totalidad de los vocales es designada por las Cortes, no se ajusta a los estándares europeos. Aunque el acuerdo político incluía el compromiso de que el nuevo CGPJ presentara una propuesta de reforma del modelo de designación, el Consejo ha sido incapaz de consensuar una única alternativa y ha remitido dos propuestas distintas, lo que, a juicio de la asociación, mantiene paralizada la adecuación del sistema a los estándares europeos.. La entidad sostiene que el resultado es un órgano politizado, dividido en fracciones y sin capacidad para garantizar la apariencia de independencia exigida por la Unión Europea, y lamenta que se haya confirmado el diagnóstico que ya trasladó a Bruselas en su contribución anterior.. Dependencia del Ministerio Fiscal. El documento también subraya la falta de medidas para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal, cuya jefatura sigue estando vinculada temporalmente a la legislatura y designada por el Gobierno. La asociación recuerda que esta desvinculación ha sido recomendada reiteradamente por la Comisión Europea sin que se haya producido ningún avance.. En este contexto, muestra su preocupación por la tramitación de una reforma de la instrucción penal que prevé trasladar esta función de los jueces de instrucción a los fiscales. A juicio de Impulso Ciudadano, la combinación de una Fiscalía jerárquica dirigida por un Fiscal General nombrado por el Ejecutivo y la existencia de numerosos casos de corrupción que afectan a miembros del Gobierno o del partido en el poder agrava la percepción de falta de independencia.. La entidad cita además declaraciones públicas del presidente del Gobierno en las que se afirmaba que la Fiscalía “depende del Gobierno”, y sostiene que la posterior actuación de la Fiscalía y el respaldo del Ejecutivo al Fiscal General en procedimientos judiciales controvertidos han reforzado esa percepción.. Injerencias en Cataluña. El informe dedica menciones a Cataluña, donde denuncia una práctica reiterada de cuestionamiento de decisiones judiciales por parte del Gobierno autonómico, especialmente en materia lingüística. La asociación recuerda que esta situación ya fue recogida en un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y sostiene que se mantiene en la actualidad.. Asimismo, denuncia la negativa sistemática de la Generalitat a ejecutar sentencias firmes que reconocen el derecho a recibir una parte de la enseñanza en castellano, incluso en casos de alumnos con necesidades educativas especiales. Según el documento, las familias que reclaman este derecho se ven obligadas a acudir a los tribunales y, en algunos casos, sufren acoso y amenazas.. Presiones a periodistas y falta de protección. El texto también aborda la presión directa a periodistas y medios, citando señalamientos públicos y descalificaciones por parte de miembros del Gobierno, así como la concesión de amparo por parte de asociaciones profesionales a periodistas hostigados en redes sociales. En concreto, destaca cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió al director de La Razón, Francisco Marhuenda, como “el facha más paleto de España”.. Asimismo, critica la falta de condena por parte del Gobierno de España de determinadas agresiones a periodistas durante manifestaciones, pese a las alertas emitidas por organismos del Consejo de Europa.
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