La escalada del conflicto en Oriente Medio, con la guerra abierta entre Irán e Israel, ya tiene consecuencias económicas a escala global y también en Cataluña. Ante este escenario de incertidumbre, el Govern que preside Salvador Illa ha dado luz verde a un primer paquete de medidas para amortiguar el impacto de la crisis sobre la economía catalana y la ciudadanía, que ya anunció el pasado lunes. Las ayudas estarán abiertas, tal y como ha explicado Sílvia Paneque, portavoz del Govern, «hasta que sea necesario».. El plan moviliza hasta 400 millones de euros y persigue un doble objetivo: proteger a las familias y colectivos más vulnerables, y reforzar la capacidad del tejido empresarial para resistir en un entorno internacional cada vez más inestable. Sin embargo, el reparto de los recursos evidencia una clara prioridad: solo 30 millones, es decir, un 7,5% del total, se destinan directamente a medidas de apoyo a las familias.. El grueso de la inversión se concentra en el impulso a empresas y en la aceleración de la transición ecológica, dos ámbitos que el ejecutivo considera estratégicos para afrontar una crisis marcada por el encarecimiento de la energía, los problemas logísticos y la volatilidad de los mercados.. El tejido económico, principal destinatario del plan. Más de la mitad de los recursos, hasta 216 millones de euros, se dirigen a apuntalar el tejido empresarial. El Govern apuesta por evitar que el impacto de la guerra debilite la competitividad de las empresas catalanas, especialmente aquellas con presencia internacional o más expuestas a las disrupciones comerciales.. Entre las principales medidas destacan nuevas líneas de financiación a través del Institut Català de Finances y ACCIÓ, con préstamos en condiciones preferentes para cubrir necesidades de liquidez, impulsar la internacionalización o hacer frente a situaciones de emergencia derivadas del conflicto. También se prevén ayudas directas condicionadas al mantenimiento del empleo, especialmente en sectores como el industrial, agrícola y pesquero.. El plan incorpora, además, mecanismos para mitigar el impacto del encarecimiento de los carburantes y de los costes logísticos, así como incentivos para diversificar mercados y captar nuevas inversiones. A ello se suman medidas fiscales temporales y la creación de canales de atención rápida para empresas afectadas por la crisis en Oriente Medio.. Apoyo limitado a las familias. Frente al peso del bloque económico, las medidas dirigidas a las familias cuentan con una dotación mucho más reducida: hasta 30 millones de euros. El objetivo es atender situaciones de vulnerabilidad derivadas del aumento de precios y de la presión sobre los ingresos familiares.. El Govern prevé activar una línea específica de ayudas para hogares afectados por la crisis, así como reforzar la colaboración con los ayuntamientos para ampliar las prestaciones de urgencia social. Estas ayudas están orientadas principalmente a garantizar el acceso a la alimentación y el pago de suministros básicos.. También se contemplan actuaciones indirectas, como el refuerzo del transporte público por carretera ante el encarecimiento del combustible o la revisión de los precios del transporte escolar para evitar que queden desiertos los contratos de cara al próximo curso.. La transición ecológica, eje estratégico frente a la crisis. El tercer pilar del plan, con una dotación de hasta 154 millones de euros, se centra en acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, uno de los factores más afectados por el conflicto. El Govern impulsará nuevas líneas de crédito para proyectos de energías renovables, reforzará la empresa pública energética para promover parques fotovoltaicos y fomentará las comunidades energéticas basadas en el autoconsumo. Asimismo, se apuesta por el desarrollo del biogás y por la simplificación de trámites para facilitar la implantación de instalaciones renovables.. En el ámbito del transporte, se prevé avanzar en la electrificación, desplegar infraestructuras de recarga y reforzar el plan de impulso al vehículo eléctrico. Paralelamente, se hará un seguimiento de la evolución del precio de los combustibles para adaptar las políticas públicas si fuera necesario.. El acuerdo incluye también un seguimiento específico del impacto de la inflación sobre los consumidores, a través de la Agencia Catalana del Consumo, y mantiene activa una comisión interdepartamental que evaluará la evolución de la crisis y propondrá nuevas medidas en función de cómo evolucione el conflicto.
La mayor parte de los recursos se dirige a empresas y transición ecológica
La escalada del conflicto en Oriente Medio, con la guerra abierta entre Irán e Israel, ya tiene consecuencias económicas a escala global y también en Cataluña. Ante este escenario de incertidumbre, el Govern que preside Salvador Illa ha dado luz verde a un primer paquete de medidas para amortiguar el impacto de la crisis sobre la economía catalana y la ciudadanía, que ya anunció el pasado lunes. Las ayudas estarán abiertas, tal y como ha explicado Sílvia Paneque, portavoz del Govern, «hasta que sea necesario».. El plan moviliza hasta 400 millones de euros y persigue un doble objetivo: proteger a las familias y colectivos más vulnerables, y reforzar la capacidad del tejido empresarial para resistir en un entorno internacional cada vez más inestable. Sin embargo, el reparto de los recursos evidencia una clara prioridad: solo 30 millones, es decir, un 7,5% del total, se destinan directamente a medidas de apoyo a las familias.. El grueso de la inversión se concentra en el impulso a empresas y en la aceleración de la transición ecológica, dos ámbitos que el ejecutivo considera estratégicos para afrontar una crisis marcada por el encarecimiento de la energía, los problemas logísticos y la volatilidad de los mercados.. El tejido económico, principal destinatario del plan. Más de la mitad de los recursos, hasta 216 millones de euros, se dirigen a apuntalar el tejido empresarial. El Govern apuesta por evitar que el impacto de la guerra debilite la competitividad de las empresas catalanas, especialmente aquellas con presencia internacional o más expuestas a las disrupciones comerciales.. Entre las principales medidas destacan nuevas líneas de financiación a través del Institut Català de Finances y ACCIÓ, con préstamos en condiciones preferentes para cubrir necesidades de liquidez, impulsar la internacionalización o hacer frente a situaciones de emergencia derivadas del conflicto. También se prevén ayudas directas condicionadas al mantenimiento del empleo, especialmente en sectores como el industrial, agrícola y pesquero.. El plan incorpora, además, mecanismos para mitigar el impacto del encarecimiento de los carburantes y de los costes logísticos, así como incentivos para diversificar mercados y captar nuevas inversiones. A ello se suman medidas fiscales temporales y la creación de canales de atención rápida para empresas afectadas por la crisis en Oriente Medio.. Apoyo limitado a las familias. Frente al peso del bloque económico, las medidas dirigidas a las familias cuentan con una dotación mucho más reducida: hasta 30 millones de euros. El objetivo es atender situaciones de vulnerabilidad derivadas del aumento de precios y de la presión sobre los ingresos familiares.. El Govern prevé activar una línea específica de ayudas para hogares afectados por la crisis, así como reforzar la colaboración con los ayuntamientos para ampliar las prestaciones de urgencia social. Estas ayudas están orientadas principalmente a garantizar el acceso a la alimentación y el pago de suministros básicos.. También se contemplan actuaciones indirectas, como el refuerzo del transporte público por carretera ante el encarecimiento del combustible o la revisión de los precios del transporte escolar para evitar que queden desiertos los contratos de cara al próximo curso.. La transición ecológica, eje estratégico frente a la crisis. El tercer pilar del plan, con una dotación de hasta 154 millones de euros, se centra en acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, uno de los factores más afectados por el conflicto. El Govern impulsará nuevas líneas de crédito para proyectos de energías renovables, reforzará la empresa pública energética para promover parques fotovoltaicos y fomentará las comunidades energéticas basadas en el autoconsumo. Asimismo, se apuesta por el desarrollo del biogás y por la simplificación de trámites para facilitar la implantación de instalaciones renovables.. En el ámbito del transporte, se prevé avanzar en la electrificación, desplegar infraestructuras de recarga y reforzar el plan de impulso al vehículo eléctrico. Paralelamente, se hará un seguimiento de la evolución del precio de los combustibles para adaptar las políticas públicas si fuera necesario.. El acuerdo incluye también un seguimiento específico del impacto de la inflación sobre los consumidores, a través de la Agencia Catalana del Consumo, y mantiene activa una comisión interdepartamental que evaluará la evolución de la crisis y propondrá nuevas medidas en función de cómo evolucione el conflicto.
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