El abogado de Greenpeace José Ignacio Domínguez ha lamentado este lunes que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la normativa que protege los suelos de El Algarrobico llegue con “42 años de retraso” y tras ser necesarias “14 sentencias del Tribunal Supremo” para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a acatar la legalidad ambiental.. El letrado de la organización ecologista ha valorado así la inserción hoy en el boletín almeriense del anuncio 003726-25, un documento de 113 páginas con el que el Consistorio cumple finalmente el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y oficializa que el paraje es suelo no urbanizable de especial protección.. “Por fin publica hoy el BOP de Almería que el Algarrobico es zona protegida, algo que el Ayuntamiento de Carboneras debió hacer en 1994 cuando se amplió el Parque de Cabo de Gata”, ha denunciado Domínguez a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), recordando que la administración local ha mantenido la calificación de urbanizable durante décadas en contra de la normativa superior del parque natural.. Para el representante legal de los ecologistas, aunque este paso cierra la vía urbanística e impide nuevas construcciones, la solución definitiva al conflicto sigue pendiente. “Ahora falta que el Consistorio anule la licencia”, ha advertido Domínguez, poniendo el foco en el otro frente administrativo que mantiene el hotel en pie.. Precisamente, Greenpeace solicitó ayer domingo al TSJA que ordene la apertura de un nuevo expediente de revisión de la licencia de obras, tras certificar que el procedimiento actual, iniciado el pasado mes de julio, caducó ayer mismo al cumplirse el plazo legal de seis meses sin que el Ayuntamiento lo resolviera a tiempo.. La publicación realizada hoy en el BOP era el requisito indispensable para que el alcalde, Salvador Hernández (CS), evitara las multas coercitivas de 1.000 euros personales con las que el tribunal le había amenazado si el texto no aparecía antes del 19 de enero.. Con la entrada en vigor de esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la calificación del suelo se ajusta por primera vez a la realidad física y legal del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, aunque la estructura del hotel de Azata del Sol continúa teniendo una licencia de obras que, a efectos formales, aún no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico por la vía administrativa.
La organización señala que han sido necesarias “14 sentencias del Tribunal Supremo” para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a acatar la legalidad ambiental
El abogado de Greenpeace José Ignacio Domínguez ha lamentado este lunes que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la normativa que protege los suelos de El Algarrobico llegue con “42 años de retraso” y tras ser necesarias “14 sentencias del Tribunal Supremo” para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a acatar la legalidad ambiental.. El letrado de la organización ecologista ha valorado así la inserción hoy en el boletín almeriense del anuncio 003726-25, un documento de 113 páginas con el que el Consistorio cumple finalmente el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y oficializa que el paraje es suelo no urbanizable de especial protección.. “Por fin publica hoy el BOP de Almería que el Algarrobico es zona protegida, algo que el Ayuntamiento de Carboneras debió hacer en 1994 cuando se amplió el Parque de Cabo de Gata”, ha denunciado Domínguez a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), recordando que la administración local ha mantenido la calificación de urbanizable durante décadas en contra de la normativa superior del parque natural.. Para el representante legal de los ecologistas, aunque este paso cierra la vía urbanística e impide nuevas construcciones, la solución definitiva al conflicto sigue pendiente. “Ahora falta que el Consistorio anule la licencia”, ha advertido Domínguez, poniendo el foco en el otro frente administrativo que mantiene el hotel en pie.. Precisamente, Greenpeace solicitó ayer domingo al TSJA que ordene la apertura de un nuevo expediente de revisión de la licencia de obras, tras certificar que el procedimiento actual, iniciado el pasado mes de julio, caducó ayer mismo al cumplirse el plazo legal de seis meses sin que el Ayuntamiento lo resolviera a tiempo.. La publicación realizada hoy en el BOP era el requisito indispensable para que el alcalde, Salvador Hernández (CS), evitara las multas coercitivas de 1.000 euros personales con las que el tribunal le había amenazado si el texto no aparecía antes del 19 de enero.. Con la entrada en vigor de esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la calificación del suelo se ajusta por primera vez a la realidad física y legal del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, aunque la estructura del hotel de Azata del Sol continúa teniendo una licencia de obras que, a efectos formales, aún no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico por la vía administrativa.
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