El Ayuntamiento de Granada va a remitir al juzgado un informe elaborado de forma externa mediante el que buscan cumplir la sentencia de lo Contencioso-Administrativo, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sobre los restaurantes ubicados en el Pabellón Mulhacén, pero a la vez evitar un gasto millonario que tendrían que abonar en demoliciones, mediante una fórmula que permita legalizar esos establecimientos que, según el dictamen judicial, no lo son. Y es que precisamente esta causa, que fue denunciada en 2015, fue el origen del conocido como el «Caso Nazarí», la macrocausa judicial contra la presunta corrupción urbanística en Granada –ya confirmada en alguna de sus piezas– que dio lugar a varias piezas separadas entre las que se encontraba, precisamente, la del Pabellón Mulhacén.. Hace ya más de un década, en el año 2015, el empresario Ramón Arenas, que ejerció la acusación particular, denunció ante la Fiscalía una serie de hechos relativos a varias parcelas municipales ubicadas en el barrio del Zaidín de Granada, las cuales se habían vendido y sacado a licitación con unas condiciones que no se habrían cumplido. Todo ello, según el denunciante, por un presunto trato de favor al empresario García Arrabal por parte del Ayuntamiento. Aquello dio pie a una investigación y denuncia de la Fiscalía que propició en el año 2016 incluso fueran detenidos el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, así como la que era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, estallando de forma pública el llamado «Caso Nazarí».. Con los años, se fueron abordando judicialmente las distintas piezas en las que se dividió esta macrocausa judicial que arrancó con el Pabellón Mulhacén, una infraestructura a día de hoy sin uso, pero que cuenta con un área de restauración en sus aledaños la cual es considerada judicialmente como ilegal. De hecho, así lo dictó una sentencia de lo Contencioso-Administrativo en el año 2018, que declaró ilegal la ordenación de la parcela donde se ubica el citado pabellón, por haber destinado gran parte de ese suelo, que tenía un uso obligatoriamente deportivo, a la construcción de edificios destinados a usos lucrativos: concretamente, los restaurantes ubicados en la zona, a través del arrendamiento de locales a la empresa concesionaria de un suelo municipal.. Aquello fue recurrido por el Ayuntamiento de Granada y la mercantil Fontdeis, que fue la constructora de los edificios. Pero sin fortuna. Ya que en febrero del 2025, como adelantó el su día el diario «Granada Hoy», el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no admitió los recursos interpuestos por ambos a esta sentencia, que, en síntesis, recogía que sí que se permitía el uso terciario «de manera compatible al deportivo», pero que consideraba que no se había ejecutado de la forma correcta, ya que entendían que había habido una parcelación que, en este caso, estaba considerada como ilegal.. Desde el Ayuntamiento de Granada siempre mostraron su desacuerdo con esta postura, de hecho, uno de los principales argumentos siempre fue que ya se había ejecutado de la misma forma en otras zonas de la ciudad porque así lo permite el Plan General, y de ahí que trataran de interponer su recurso. Si bien, la ratificación por parte del TSJA de la sentencia obligaba al Consistorio a sí o sí tener que actuar para darle cumplimiento.. De primeras, esto suponía un revés económico. Un golpe a las arcas municipales que de llevarse a cabo un derribo o demolición de la zona sería aún mayor. Y dado que desde el Ayuntamiento mantenían la postura de que podía legalizarse, junto a la Asesoría Jurídica Municipal, trataron de buscar una fórmula para cumplir la sentencia, pero también con ese principio que defienden de legalización.. Así, lo que hicieron fue un contrato menor, adjudicado a finales del mes de octubre del pasado 2025 a la arquitecta Eva María Gómez Prieto, para efectuar un informe externo, que recogiera esa opción mediante la que se cumpla la sentencia, pero sin un coste todavía mayor, legalizando de alguna forma la zona de restauración. A priori, ese informe debía haber estado en el mes de diciembre, si bien acabó retrasándose hasta este mes de marzo, que será cuando sea remitido finalmente al juzgado, tal y como explicó el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, en la última comisión municipal del ramo. Todo ello después de que fuese preguntado por el edil socialista de la oposición Jacobo Calvo.. Aunque Catalina no dio más detalles sobre el informe, sí que explicó que una vez esté ya en manos del Juzgado, desde el Ayuntamiento comunicarán los detalles del mismo a la oposición, así como se informará públicamente sobre el mismo. Todo ello con el fin de actuar y cerrar este capítulo relativo al caso del Pabellón Mulhacén, la última pieza separada que dio origen a la mayor macrocausa judicial que ha tenido lugar sobre Urbanismo en la ciudad de la Alhambra.
Una sentencia ratificada por el TSJA declaró ilegal la zona y el Ayuntamiento trata de buscar la legalización para evitar un gasto millonario
El Ayuntamiento de Granada va a remitir al juzgado un informe elaborado de forma externa mediante el que buscan cumplir la sentencia de lo Contencioso-Administrativo, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sobre los restaurantes ubicados en el Pabellón Mulhacén, pero a la vez evitar un gasto millonario que tendrían que abonar en demoliciones, mediante una fórmula que permita legalizar esos establecimientos que, según el dictamen judicial, no lo son. Y es que precisamente esta causa, que fue denunciada en 2015, fue el origen del conocido como el «Caso Nazarí», la macrocausa judicial contra la presunta corrupción urbanística en Granada –ya confirmada en alguna de sus piezas– que dio lugar a varias piezas separadas entre las que se encontraba, precisamente, la del Pabellón Mulhacén.. Hace ya más de un década, en el año 2015, el empresario Ramón Arenas, que ejerció la acusación particular, denunció ante la Fiscalía una serie de hechos relativos a varias parcelas municipales ubicadas en el barrio del Zaidín de Granada, las cuales se habían vendido y sacado a licitación con unas condiciones que no se habrían cumplido. Todo ello, según el denunciante, por un presunto trato de favor al empresario García Arrabal por parte del Ayuntamiento. Aquello dio pie a una investigación y denuncia de la Fiscalía que propició en el año 2016 incluso fueran detenidos el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, así como la que era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, estallando de forma pública el llamado «Caso Nazarí».. Con los años, se fueron abordando judicialmente las distintas piezas en las que se dividió esta macrocausa judicial que arrancó con el Pabellón Mulhacén, una infraestructura a día de hoy sin uso, pero que cuenta con un área de restauración en sus aledaños la cual es considerada judicialmente como ilegal. De hecho, así lo dictó una sentencia de lo Contencioso-Administrativo en el año 2018, que declaró ilegal la ordenación de la parcela donde se ubica el citado pabellón, por haber destinado gran parte de ese suelo, que tenía un uso obligatoriamente deportivo, a la construcción de edificios destinados a usos lucrativos: concretamente, los restaurantes ubicados en la zona, a través del arrendamiento de locales a la empresa concesionaria de un suelo municipal.. Aquello fue recurrido por el Ayuntamiento de Granada y la mercantil Fontdeis, que fue la constructora de los edificios. Pero sin fortuna. Ya que en febrero del 2025, como adelantó el su día el diario «Granada Hoy», el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no admitió los recursos interpuestos por ambos a esta sentencia, que, en síntesis, recogía que sí que se permitía el uso terciario «de manera compatible al deportivo», pero que consideraba que no se había ejecutado de la forma correcta, ya que entendían que había habido una parcelación que, en este caso, estaba considerada como ilegal.. Desde el Ayuntamiento de Granada siempre mostraron su desacuerdo con esta postura, de hecho, uno de los principales argumentos siempre fue que ya se había ejecutado de la misma forma en otras zonas de la ciudad porque así lo permite el Plan General, y de ahí que trataran de interponer su recurso. Si bien, la ratificación por parte del TSJA de la sentencia obligaba al Consistorio a sí o sí tener que actuar para darle cumplimiento.. De primeras, esto suponía un revés económico. Un golpe a las arcas municipales que de llevarse a cabo un derribo o demolición de la zona sería aún mayor. Y dado que desde el Ayuntamiento mantenían la postura de que podía legalizarse, junto a la Asesoría Jurídica Municipal, trataron de buscar una fórmula para cumplir la sentencia, pero también con ese principio que defienden de legalización.. Así, lo que hicieron fue un contrato menor, adjudicado a finales del mes de octubre del pasado 2025 a la arquitecta Eva María Gómez Prieto, para efectuar un informe externo, que recogiera esa opción mediante la que se cumpla la sentencia, pero sin un coste todavía mayor, legalizando de alguna forma la zona de restauración. A priori, ese informe debía haber estado en el mes de diciembre, si bien acabó retrasándose hasta este mes de marzo, que será cuando sea remitido finalmente al juzgado, tal y como explicó el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, en la última comisión municipal del ramo. Todo ello después de que fuese preguntado por el edil socialista de la oposición Jacobo Calvo.. Aunque Catalina no dio más detalles sobre el informe, sí que explicó que una vez esté ya en manos del Juzgado, desde el Ayuntamiento comunicarán los detalles del mismo a la oposición, así como se informará públicamente sobre el mismo. Todo ello con el fin de actuar y cerrar este capítulo relativo al caso del Pabellón Mulhacén, la última pieza separada que dio origen a la mayor macrocausa judicial que ha tenido lugar sobre Urbanismo en la ciudad de la Alhambra.
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