El vicesecretario autonómico de Servicios Jurídicos del Partido Popular de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, requiere, abogó por una actualización de la financiación local, cuyo modelo, de 2004, “está atrasado”, ya que “no se ha adaptado a las nuevas circunstancias territoriales, demográficas y tecnológicas de la realidad actual”.. Por ello, celebró que dicha reivindicación “está plasmada expresamente en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo”, quien se ha comprometido a “acometer esa financiación local en paralelo y en coordinación con la financiación autonómica, abordando además el hecho de que una nueva financiación si se precisa de las llamadas competencias impropias”, es decir, “aquellas que los alcaldes asumen sin ser realmente competencias municipales”, informa Ical.. González Gago se reunió este lunes, junto a miembros de las candidaturas del PP de León al Congreso y al Senado y el presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con alcaldes y concejales ‘populares’ de la provincia de leonesa, para desgranar las diferentes medidas municipalistas recogidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras “ocho años en los que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya puesto ninguna en práctica”.. “Los alcaldes están todo el día con los vecinos, conocen sus necesidades y sus demandas, por lo que son indispensables para ver qué políticas públicas aplicamos en nuestros municipios, por eso no es normal que en los últimos ocho años no hayamos tenido una conferencia sectorial sobre régimen local en España”, denunció Gago, ante la incomprensión de que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, “no haya sido capaz de citar a las comunidades autónomas y a los representantes locales durante ocho años en Madrid para ver cómo se puede avanzar”.. Luis Miguel Gago también puso de relieve la reclamación durante los últimos ocho años de un Estatuto del Pequeño Municipio, al considerar que “no es normal que las exigencias legales, jurídicas, presupuestarias y contables que tienen sean iguales a las de las ciudades”, cuando “los recursos personales, materiales y laborales con los que cuentan no son los mismos”, lo que obliga a “flexibilizar el régimen jurídico si se quiere seguir adelante”.. En este sentido, apuntó que el programa electoral del PP recoge “una medida muy específica y esperada” que es la puesta en marcha de una línea de ayudas especial para los municipios de menos de 250 habitantes con la finalidad de que “puedan sostener mejor su gasto corriente y realizar inversiones, así como poder concurrir a proyectos europeos”. “Esta medida, dada nuestra realidad territorial, es muy muy importante”, remarcó.. Como cuarto eje principal del municipalismo recogido por Feijóo, Gago resaltó la puesta en marcha de medidas “esenciales” para conseguir el asentamiento de población en los pueblos, así como su riqueza y promoción económica para “garantizar la calidad de vida en ellos”. Para ello, el programa electoral ‘popular’ contempla que todos aquellos remanentes o superávits locales que pueda haber se puedan usar para promover mejoras en los pueblos, “siempre promuevan y faciliten la construcción de viviendas”.. Por último, el vicesecretario autonómico de Servicios Jurídicos del PP aludió a los habilitados nacionales, consciente de que, en la realidad de Castilla y León, “el tema de los secretarios de Ayuntamiento, una pieza clave para que de verdad puedan cumplir con sus obligaciones jurídicas y presupuestarias, presenta un déficit enorme”, ya que la cifra de secretarios interventores municipales interinos “muy grande”, lo que requiere de “una política mucho más activa en lo que se refiere a la cobertura definitiva de este tipo de funcionarios de carrera”, al suponer “un elemento esencial” y que ese cuerpo de habilitados nacionales “siga siendo estatal”, ya que “son los que salvaguardan el comportamiento adecuado de los municipios desde el punto de vista jurídico, económico y presupuestario”.
El vicesecretario autonómico de Servicios Jurídicos del PP, reclama una conferencia sectorial para tratar el régimen local
El vicesecretario autonómico de Servicios Jurídicos del Partido Popular de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, requiere, abogó por una actualización de la financiación local, cuyo modelo, de 2004, “está atrasado”, ya que “no se ha adaptado a las nuevas circunstancias territoriales, demográficas y tecnológicas de la realidad actual”.. Por ello, celebró que dicha reivindicación “está plasmada expresamente en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo”, quien se ha comprometido a “acometer esa financiación local en paralelo y en coordinación con la financiación autonómica, abordando además el hecho de que una nueva financiación si se precisa de las llamadas competencias impropias”, es decir, “aquellas que los alcaldes asumen sin ser realmente competencias municipales”, informa Ical.. González Gago se reunió este lunes, junto a miembros de las candidaturas del PP de León al Congreso y al Senado y el presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con alcaldes y concejales ‘populares’ de la provincia de leonesa, para desgranar las diferentes medidas municipalistas recogidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras “ocho años en los que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya puesto ninguna en práctica”.. “Los alcaldes están todo el día con los vecinos, conocen sus necesidades y sus demandas, por lo que son indispensables para ver qué políticas públicas aplicamos en nuestros municipios, por eso no es normal que en los últimos ocho años no hayamos tenido una conferencia sectorial sobre régimen local en España”, denunció Gago, ante la incomprensión de que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, “no haya sido capaz de citar a las comunidades autónomas y a los representantes locales durante ocho años en Madrid para ver cómo se puede avanzar”.. Luis Miguel Gago también puso de relieve la reclamación durante los últimos ocho años de un Estatuto del Pequeño Municipio, al considerar que “no es normal que las exigencias legales, jurídicas, presupuestarias y contables que tienen sean iguales a las de las ciudades”, cuando “los recursos personales, materiales y laborales con los que cuentan no son los mismos”, lo que obliga a “flexibilizar el régimen jurídico si se quiere seguir adelante”.. En este sentido, apuntó que el programa electoral del PP recoge “una medida muy específica y esperada” que es la puesta en marcha de una línea de ayudas especial para los municipios de menos de 250 habitantes con la finalidad de que “puedan sostener mejor su gasto corriente y realizar inversiones, así como poder concurrir a proyectos europeos”. “Esta medida, dada nuestra realidad territorial, es muy muy importante”, remarcó.. Como cuarto eje principal del municipalismo recogido por Feijóo, Gago resaltó la puesta en marcha de medidas “esenciales” para conseguir el asentamiento de población en los pueblos, así como su riqueza y promoción económica para “garantizar la calidad de vida en ellos”. Para ello, el programa electoral ‘popular’ contempla que todos aquellos remanentes o superávits locales que pueda haber se puedan usar para promover mejoras en los pueblos, “siempre promuevan y faciliten la construcción de viviendas”.. Por último, el vicesecretario autonómico de Servicios Jurídicos del PP aludió a los habilitados nacionales, consciente de que, en la realidad de Castilla y León, “el tema de los secretarios de Ayuntamiento, una pieza clave para que de verdad puedan cumplir con sus obligaciones jurídicas y presupuestarias, presenta un déficit enorme”, ya que la cifra de secretarios interventores municipales interinos “muy grande”, lo que requiere de “una política mucho más activa en lo que se refiere a la cobertura definitiva de este tipo de funcionarios de carrera”, al suponer “un elemento esencial” y que ese cuerpo de habilitados nacionales “siga siendo estatal”, ya que “son los que salvaguardan el comportamiento adecuado de los municipios desde el punto de vista jurídico, económico y presupuestario”.
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