Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han inmovilizado 186 toneladas de pescado congelado en un establecimiento frigorífico de Marín (Pontevedra) dedicado al almacenaje y distribución para terceros, tras constatar que la mercancía tenía la fecha de consumo preferente sobrepasada y seguía almacenada junto al resto de productos alimentarios.. La actuación se produjo en el marco de una inspección realizada en las instalaciones, donde los agentes comprobaron que el pescado permanecía en las cámaras frigoríficas sin que se hubiese aplicado el procedimiento legalmente establecido para prorrogar su vida útil, un trámite que exige garantías técnicas y sanitarias específicas.. Práctica “habitual” bajo sospecha. Desde la Comandancia de Pontevedra han advertido de que es “habitual” que este tipo de empresas mantengan en sus cámaras mercancías cuya fecha de consumo preferente ha sido superada, sin haber realizado los estudios y procedimientos exigidos para una eventual ampliación de esa vida útil.. Según subrayan las mismas fuentes, el objetivo en estos casos sería llevar a cabo prórrogas de manera fraudulenta y poner a disposición del consumidor alimentos sin las garantías sanitarias adecuadas. La normativa es clara: una vez sobrepasada la fecha de consumo preferente, el alimento pasa a considerarse residuo SANDACH, es decir, un subproducto animal no destinado al consumo humano.. Los investigadores han señalado que, en otras actuaciones, se han llegado a detectar alimentos que habían sufrido roturas de la cadena de frío durante el almacenaje o el transporte —por ejemplo, tras un accidente— y que, pese a ello, se pretendían reintroducir en el mercado sin las debidas garantías sanitarias.. Productos con más de una década. Uno de los aspectos más llamativos de este tipo de prácticas es la antigüedad de algunos lotes detectados en inspecciones anteriores. Las autoridades han llegado a encontrar productos cuya fecha de consumo preferente estaba inicialmente fijada en el año 2011.. En ocasiones, el fabricante establece una fecha de vida útil determinada y, posteriormente, empresas intermediarias intentan ampliarla mediante estudios “ad hoc”, ocultando al consumidor la fecha real de congelación del producto.. Sin embargo, la normativa establece que corresponde exclusivamente al operador fabricante fijar esa fecha en base a sus propios análisis y garantizar que el alimento llega al consumidor no solo seguro, sino con la calidad organoléptica adecuada.. Los fabricantes, y solo ellos, pueden reevaluar la vida útil del producto y decidir si procede una extensión, siempre con base en datos técnicos que acrediten su seguridad y calidad.. Inmovilización cautelar. Ante el hallazgo en el almacén de Marín, el Seprona procedió a la inmovilización cautelar de las 186 toneladas de pescado congelado para impedir su eventual reintroducción fraudulenta en el mercado.. Asimismo, la Guardia Civil dio traslado de la actuación al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta de Galicia, que será el encargado de verificar que la mercancía se gestione correctamente como residuo SANDACH, conforme a la normativa vigente.
El Seprona detecta producto con la fecha de consumo preferente caducada y evita su posible reintroducción en el mercado sin garantías sanitarias
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han inmovilizado 186 toneladas de pescado congelado en un establecimiento frigorífico de Marín (Pontevedra) dedicado al almacenaje y distribución para terceros, tras constatar que la mercancía tenía la fecha de consumo preferente sobrepasada y seguía almacenada junto al resto de productos alimentarios.. La actuación se produjo en el marco de una inspección realizada en las instalaciones, donde los agentes comprobaron que el pescado permanecía en las cámaras frigoríficas sin que se hubiese aplicado el procedimiento legalmente establecido para prorrogar su vida útil, un trámite que exige garantías técnicas y sanitarias específicas.. Práctica “habitual” bajo sospecha. Desde la Comandancia de Pontevedra han advertido de que es “habitual” que este tipo de empresas mantengan en sus cámaras mercancías cuya fecha de consumo preferente ha sido superada, sin haber realizado los estudios y procedimientos exigidos para una eventual ampliación de esa vida útil.. Según subrayan las mismas fuentes, el objetivo en estos casos sería llevar a cabo prórrogas de manera fraudulenta y poner a disposición del consumidor alimentos sin las garantías sanitarias adecuadas. La normativa es clara: una vez sobrepasada la fecha de consumo preferente, el alimento pasa a considerarse residuo SANDACH, es decir, un subproducto animal no destinado al consumo humano.. Los investigadores han señalado que, en otras actuaciones, se han llegado a detectar alimentos que habían sufrido roturas de la cadena de frío durante el almacenaje o el transporte —por ejemplo, tras un accidente— y que, pese a ello, se pretendían reintroducir en el mercado sin las debidas garantías sanitarias.. Productos con más de una década. Uno de los aspectos más llamativos de este tipo de prácticas es la antigüedad de algunos lotes detectados en inspecciones anteriores. Las autoridades han llegado a encontrar productos cuya fecha de consumo preferente estaba inicialmente fijada en el año 2011.. En ocasiones, el fabricante establece una fecha de vida útil determinada y, posteriormente, empresas intermediarias intentan ampliarla mediante estudios “ad hoc”, ocultando al consumidor la fecha real de congelación del producto.. Sin embargo, la normativa establece que corresponde exclusivamente al operador fabricante fijar esa fecha en base a sus propios análisis y garantizar que el alimento llega al consumidor no solo seguro, sino con la calidad organoléptica adecuada.. Los fabricantes, y solo ellos, pueden reevaluar la vida útil del producto y decidir si procede una extensión, siempre con base en datos técnicos que acrediten su seguridad y calidad.. Inmovilización cautelar. Ante el hallazgo en el almacén de Marín, el Seprona procedió a la inmovilización cautelar de las 186 toneladas de pescado congelado para impedir su eventual reintroducción fraudulenta en el mercado.. Asimismo, la Guardia Civil dio traslado de la actuación al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta de Galicia, que será el encargado de verificar que la mercancía se gestione correctamente como residuo SANDACH, conforme a la normativa vigente.
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