Galicia ha dado un paso al frente y se alinea con los gobiernos de Asturias y Castilla y León para reclamar de manera conjunta la eliminación de los peajes de la AP-9 y de la AP-66. Ambas autopistas mantienen concesiones prorrogadas que la Comisión Europea ha declarado contrarias a la normativa comunitaria, al no haberse sometido a un proceso de licitación pública ni publicarse en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva europea de contratos públicos.. La decisión de actuar de forma coordinada fue confirmada por el consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en una entrevista en la televisión pública del Principado. Calvo explicó que, a partir de ahora, las comunicaciones con el Ministerio de Transportes se harán “en la medida de lo posible, de manera conjunta” con Galicia y Castilla y León, territorios directamente afectados por la AP-9 y la AP-66.. La Comisión Europea lanzó el pasado mes de julio un ultimátum a España, advirtiendo de que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE si no se rectifican las concesiones prorrogadas en el año 2000. Entonces, el Gobierno central amplió la gestión de la AP-9, que atraviesa Galicia de norte a sur, por 25 años más, y la de la AP-66, que conecta Asturias con León, por 29 años. Posteriormente, las concesionarias fueron vendidas sin que mediara un concurso público ni publicidad oficial, lo que Bruselas considera un incumplimiento grave.. El Ministerio de Transportes presentó el pasado mes de septiembre un recurso frente al procedimiento de infracción abierto por la Comisión, defendiendo la legalidad de las prórrogas. No obstante, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, advirtió hace unos días de que cualquier rescate o modificación de las concesiones implicaría “consecuencias jurídicas y económicas milmillonarias”.. Mientras tanto, Galicia, Asturias y Castilla y León preparan un frente común para exigir al Gobierno central la supresión de los peajes. Según el consejero asturiano, el primer paso será solicitar información detallada sobre el expediente abierto por Bruselas. “La supresión del peaje del Huerna es una reclamación histórica de toda la sociedad asturiana”, recordó Calvo, al tiempo que expresó su confianza en que la movilización convocada para el próximo 17 de octubre en Oviedo sea un éxito.. En el caso gallego, la AP-9 es una de las principales arterias de comunicación del territorio, con más de 200 kilómetros de recorrido entre Ferrol y Tui, y con un peso esencial en la economía y la movilidad. El alto coste de los peajes es objeto de críticas recurrentes por parte de los usuarios y de las instituciones autonómicas, que ven en el dictamen europeo una oportunidad histórica para acabar con una concesión considerada abusiva.
Las tres comunidades coordinarán su estrategia para exigir al Ministerio de Transportes la supresión de unas concesiones que la Comisión Europea considera ilegales
Galicia ha dado un paso al frente y se alinea con los gobiernos de Asturias y Castilla y León para reclamar de manera conjunta la eliminación de los peajes de la AP-9 y de la AP-66. Ambas autopistas mantienen concesiones prorrogadas que la Comisión Europea ha declarado contrarias a la normativa comunitaria, al no haberse sometido a un proceso de licitación pública ni publicarse en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva europea de contratos públicos.. La decisión de actuar de forma coordinada fue confirmada por el consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en una entrevista en la televisión pública del Principado. Calvo explicó que, a partir de ahora, las comunicaciones con el Ministerio de Transportes se harán “en la medida de lo posible, de manera conjunta” con Galicia y Castilla y León, territorios directamente afectados por la AP-9 y la AP-66.. La Comisión Europea lanzó el pasado mes de julio un ultimátum a España, advirtiendo de que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE si no se rectifican las concesiones prorrogadas en el año 2000. Entonces, el Gobierno central amplió la gestión de la AP-9, que atraviesa Galicia de norte a sur, por 25 años más, y la de la AP-66, que conecta Asturias con León, por 29 años. Posteriormente, las concesionarias fueron vendidas sin que mediara un concurso público ni publicidad oficial, lo que Bruselas considera un incumplimiento grave.. El Ministerio de Transportes presentó el pasado mes de septiembre un recurso frente al procedimiento de infracción abierto por la Comisión, defendiendo la legalidad de las prórrogas. No obstante, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, advirtió hace unos días de que cualquier rescate o modificación de las concesiones implicaría “consecuencias jurídicas y económicas milmillonarias”.. Mientras tanto, Galicia, Asturias y Castilla y León preparan un frente común para exigir al Gobierno central la supresión de los peajes. Según el consejero asturiano, el primer paso será solicitar información detallada sobre el expediente abierto por Bruselas. “La supresión del peaje del Huerna es una reclamación histórica de toda la sociedad asturiana”, recordó Calvo, al tiempo que expresó su confianza en que la movilización convocada para el próximo 17 de octubre en Oviedo sea un éxito.. En el caso gallego, la AP-9 es una de las principales arterias de comunicación del territorio, con más de 200 kilómetros de recorrido entre Ferrol y Tui, y con un peso esencial en la economía y la movilidad. El alto coste de los peajes es objeto de críticas recurrentes por parte de los usuarios y de las instituciones autonómicas, que ven en el dictamen europeo una oportunidad histórica para acabar con una concesión considerada abusiva.
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