«Cataluña está mejor que hace dos años», afirmó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un Debate de Política General en el que pasó de puntillas por la crisis de Educación o la de Interior, se dedicó a reivindicar supuestos logros de su gestión, y lo apostó casi todo a la vivienda. El líder socialista, así, volvió a situar la crisis habitacional en el centro de su intervención y anunció tres nuevas medidas para abordarla: un fondo de emergencia habitacional de 25 millones de euros ampliables para evitar desahucios de personas vulnerables, un programa de compra conjunta dotado inicialmente con 100 millones y la ampliación de los préstamos de emancipación.. El presidente ha defendido que el problema tendrá todavía mayor dimensión ante las previsiones que sitúan a Cataluña cerca de los nueve millones de habitantes en 2050. «La vivienda debe ser para vivir», ha proclamado, antes de reivindicar que garantizar este derecho ha sido «la primera gran prioridad» de su Govern. Illa ha articulado su intervención alrededor de un mensaje contra la especulación. «Cataluña dice no a la especulación», ha afirmado, para defender que las instituciones deben proteger a quienes tienen dificultades para acceder o conservar una vivienda.. Tres medidas. La primera medida es un fondo de emergencia habitacional de 25 millones, ampliables, destinado a personas vulnerables que afronten un desahucio inminente después de haber agotado las vías disponibles. La Generalitat podrá utilizarlo para comprar la vivienda en la que reside una persona amenazada de lanzamiento y permitir que permanezca en ella. El anuncio se produce después de que el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid, haya situado los desahucios en el centro del debate político. «La respuesta a lo que hemos visto estos días es actuar», ha defendido.. La segunda iniciativa es la compra conjunta de vivienda, una fórmula que el Govern presenta como inédita y que se apoyará en los artículos 547.1 y 547.10 del Código Civil catalán. El objetivo es ayudar a mayores de 40 años que pueden asumir una hipoteca, pero no disponen de suficiente dinero para afrontar la entrada. La Generalitat participará en la propiedad junto al comprador, que podrá disfrutar de la vivienda durante 40 o 50 años y venderla o transmitirla por herencia durante ese periodo. Después podrá adquirir la parte restante o permitir que el inmueble pase a la Generalitat como vivienda protegida. El programa contará inicialmente con 100 millones de euros.. La tercera medida amplía los préstamos de emancipación ya existentes para financiar parte de la compra del derecho de superficie o de la propiedad de una vivienda protegida permanente y hasta el 20% de las obras de rehabilitación necesarias para obtener la cédula de habitabilidad. Los créditos pueden alcanzar los 50.000 euros, tienen un interés del 0% y no incluyen comisiones. El dinero comienza a devolverse una vez pagada la hipoteca y existe después un plazo de cinco años para su devolución. La vivienda mantiene su protección de forma permanente.. Illa también reclamó una mayor implicación de ayuntamientos, entidades financieras y empresas constructoras. Además, el presidente ha anunciado conversaciones con los bancos para pedirles «un esfuerzo adicional», recordando que el sector público ya ayudó al financiero durante la crisis. Asimismo, ha pedido a las constructoras que aceleren los procesos de construcción. Todo ello forma parte de una estrategia que el Govern presenta como una combinación de intervención del mercado y ampliación del parque de vivienda protegida.. Illa ha defendido que estas «políticas de intervención del mercado funcionan» y ha asegurado que los precios del alquiler han bajado en Barcelona y Cataluña y que la comunidad está entre las autonomías donde menos ha aumentado el precio de la vivienda, aunque ha reconocido que los precios «siguen siendo altos».. «Más unida, más próspera y más segura». Más allá de la vivienda, Illa aseguró que desde que él es presidente, Cataluña es «más unida, más próspera y más segura». El presidente destacó que Cataluña ha superado por segundo año consecutivo los 300.000 millones de euros de PIB y que la economía catalana creció un 3% interanual en el segundo trimestre de 2026, por encima tanto de España como de la Unión Europea. También subrayó el aumento del PIB real por habitante, la mejora de la productividad y los salarios y el récord de creación de empresas desde 2007. Illa, no obstante, admitió que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo elevada y defendió que el crecimiento debe traducirse en una mayor reducción de las desigualdades.. En materia de seguridad, el presidente reivindicó también una evolución positiva de los datos de criminalidad gracias a lo que llamó «tolerancia 0 ante el delito y ante el que convierte la criminalidad en una forma de vida». Illa aseguró que los delitos han caído un 12,6% en Cataluña en los últimos dos años y puso especialmente el foco en Barcelona, donde, según sus datos, la criminalidad se redujo un 19,1% durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2024. También señaló descensos del 22,2% en los delitos contra el patrimonio y del 26,2% en los hurtos. En paralelo, anunció que la Generalitat seguirá ampliando la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar los 25.000 efectivos en 2030 y que habrá 181 nuevas plazas judiciales en 2027. «En Cataluña cualquier persona que cometa un delito debe saber que será detenida, será puesta a disposición de la justicia y, si así se dictamina, le caerá encima todo el peso de la ley», aseguró.. Illa dedicó asimismo buena parte de su discurso a asegurar que Cataluña ha recuperado la convivencia y se ha convertido, a su juicio, en un proyecto colectivo después de los años de mayor tensión política. «Hoy Cataluña vuelve a ser un proyecto colectivo para todos los catalanes», sostuvo el presidente, que definió su compromiso como el de «unir y servir Cataluña». En esta línea, defendió que el «reencuentro, diálogo, convivencia y nuevo futuro» deben marcar la etapa actual y contrapuso esta situación a los años en los que, según afirmó, «nuestra convivencia se rompió» y Cataluña «se empequeñeció».. En este contexto, Illa volvió a reclamar la aplicación de la Ley de Amnistía y pidió que se restituyan los derechos políticos y cívicos de los dirigentes independentistas afectados. El presidente afirmó que la norma, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y que, según sus palabras, cuenta con el aval del TJUE y del Tribunal Constitucional, debe aplicarse «sin más dilaciones». Además, reclamó que Carles Puigdemont pueda estar presente en el próximo debate parlamentario y que la amnistía se aplique también a Oriol Junqueras, Lluís Puig y Josep Maria Jové «como concibieron los legisladores».. En cambio, Illa pasó de puntillas por la crisis de educación, principal problema de su legislatura. El presidente se limitó a reafirmar su apuesta por el «papel y lápiz» frente a las pantallas y por alcanzar un 6% del PIB en inversión en educación. Además, anunció que propondrá a los grupos el reconocimiento de figura de autoridad para los docentes de la educación pública no universitaria.
El presidente de la Generalitat pasa de puntillas por la crisis de educación y reivindica buenos datos macroeconómicos y de criminalidad
«Cataluña está mejor que hace dos años», afirmó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un Debate de Política General en el que pasó de puntillas por la crisis de Educación o la de Interior, se dedicó a reivindicar supuestos logros de su gestión, y lo apostó casi todo a la vivienda. El líder socialista, así, volvió a situar la crisis habitacional en el centro de su intervención y anunció tres nuevas medidas para abordarla: un fondo de emergencia habitacional de 25 millones de euros ampliables para evitar desahucios de personas vulnerables, un programa de compra conjunta dotado inicialmente con 100 millones y la ampliación de los préstamos de emancipación.. El presidente ha defendido que el problema tendrá todavía mayor dimensión ante las previsiones que sitúan a Cataluña cerca de los nueve millones de habitantes en 2050. «La vivienda debe ser para vivir», ha proclamado, antes de reivindicar que garantizar este derecho ha sido «la primera gran prioridad» de su Govern. Illa ha articulado su intervención alrededor de un mensaje contra la especulación. «Cataluña dice no a la especulación», ha afirmado, para defender que las instituciones deben proteger a quienes tienen dificultades para acceder o conservar una vivienda.. Tres medidas. La primera medida es un fondo de emergencia habitacional de 25 millones, ampliables, destinado a personas vulnerables que afronten un desahucio inminente después de haber agotado las vías disponibles. La Generalitat podrá utilizarlo para comprar la vivienda en la que reside una persona amenazada de lanzamiento y permitir que permanezca en ella. El anuncio se produce después de que el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid, haya situado los desahucios en el centro del debate político. «La respuesta a lo que hemos visto estos días es actuar», ha defendido.. La segunda iniciativa es la compra conjunta de vivienda, una fórmula que el Govern presenta como inédita y que se apoyará en los artículos 547.1 y 547.10 del Código Civil catalán. El objetivo es ayudar a mayores de 40 años que pueden asumir una hipoteca, pero no disponen de suficiente dinero para afrontar la entrada. La Generalitat participará en la propiedad junto al comprador, que podrá disfrutar de la vivienda durante 40 o 50 años y venderla o transmitirla por herencia durante ese periodo. Después podrá adquirir la parte restante o permitir que el inmueble pase a la Generalitat como vivienda protegida. El programa contará inicialmente con 100 millones de euros.. La tercera medida amplía los préstamos de emancipación ya existentes para financiar parte de la compra del derecho de superficie o de la propiedad de una vivienda protegida permanente y hasta el 20% de las obras de rehabilitación necesarias para obtener la cédula de habitabilidad. Los créditos pueden alcanzar los 50.000 euros, tienen un interés del 0% y no incluyen comisiones. El dinero comienza a devolverse una vez pagada la hipoteca y existe después un plazo de cinco años para su devolución. La vivienda mantiene su protección de forma permanente.. Illa también reclamó una mayor implicación de ayuntamientos, entidades financieras y empresas constructoras. Además, el presidente ha anunciado conversaciones con los bancos para pedirles «un esfuerzo adicional», recordando que el sector público ya ayudó al financiero durante la crisis. Asimismo, ha pedido a las constructoras que aceleren los procesos de construcción. Todo ello forma parte de una estrategia que el Govern presenta como una combinación de intervención del mercado y ampliación del parque de vivienda protegida.. Illa ha defendido que estas «políticas de intervención del mercado funcionan» y ha asegurado que los precios del alquiler han bajado en Barcelona y Cataluña y que la comunidad está entre las autonomías donde menos ha aumentado el precio de la vivienda, aunque ha reconocido que los precios «siguen siendo altos».. «Más unida, más próspera y más segura». Más allá de la vivienda, Illa aseguró que desde que él es presidente, Cataluña es «más unida, más próspera y más segura». El presidente destacó que Cataluña ha superado por segundo año consecutivo los 300.000 millones de euros de PIB y que la economía catalana creció un 3% interanual en el segundo trimestre de 2026, por encima tanto de España como de la Unión Europea. También subrayó el aumento del PIB real por habitante, la mejora de la productividad y los salarios y el récord de creación de empresas desde 2007. Illa, no obstante, admitió que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo elevada y defendió que el crecimiento debe traducirse en una mayor reducción de las desigualdades.. En materia de seguridad, el presidente reivindicó también una evolución positiva de los datos de criminalidad gracias a lo que llamó «tolerancia 0 ante el delito y ante el que convierte la criminalidad en una forma de vida». Illa aseguró que los delitos han caído un 12,6% en Cataluña en los últimos dos años y puso especialmente el foco en Barcelona, donde, según sus datos, la criminalidad se redujo un 19,1% durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2024. También señaló descensos del 22,2% en los delitos contra el patrimonio y del 26,2% en los hurtos. En paralelo, anunció que la Generalitat seguirá ampliando la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar los 25.000 efectivos en 2030 y que habrá 181 nuevas plazas judiciales en 2027. «En Cataluña cualquier persona que cometa un delito debe saber que será detenida, será puesta a disposición de la justicia y, si así se dictamina, le caerá encima todo el peso de la ley», aseguró.. Illa dedicó asimismo buena parte de su discurso a asegurar que Cataluña ha recuperado la convivencia y se ha convertido, a su juicio, en un proyecto colectivo después de los años de mayor tensión política. «Hoy Cataluña vuelve a ser un proyecto colectivo para todos los catalanes», sostuvo el presidente, que definió su compromiso como el de «unir y servir Cataluña». En esta línea, defendió que el «reencuentro, diálogo, convivencia y nuevo futuro» deben marcar la etapa actual y contrapuso esta situación a los años en los que, según afirmó, «nuestra convivencia se rompió» y Cataluña «se empequeñeció».. En este contexto, Illa volvió a reclamar la aplicación de la Ley de Amnistía y pidió que se restituyan los derechos políticos y cívicos de los dirigentes independentistas afectados. El presidente afirmó que la norma, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y que, según sus palabras, cuenta con el aval del TJUE y del Tribunal Constitucional, debe aplicarse «sin más dilaciones». Además, reclamó que Carles Puigdemont pueda estar presente en el próximo debate parlamentario y que la amnistía se aplique también a Oriol Junqueras, Lluís Puig y Josep Maria Jové «como concibieron los legisladores».. En cambio, Illa pasó de puntillas por la crisis de educación, principal problema de su legislatura. El presidente se limitó a reafirmar su apuesta por el «papel y lápiz» frente a las pantallas y por alcanzar un 6% del PIB en inversión en educación. Además, anunció que propondrá a los grupos el reconocimiento de figura de autoridad para los docentes de la educación pública no universitaria.
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