La reforma de la Ley de Urbanismo para frenar la compra especulativa suma un adversario de peso fuera del Parlament. Foment del Treball ha llevado al terreno empresarial la batalla por la ley de vivienda. La principal patronal catalana se ha posicionado contra la proposición de ley que modifica la Ley de Urbanismo para restringir la compra especulativa de pisos en zonas de mercado tensionado, una norma que considera un ataque a los fundamentos de la propiedad privada y que, advierte, agravará la crisis de la vivienda en lugar de resolverla. La organización sostiene que el texto no es una política de vivienda, sino de restricción de derechos: no construye ni un solo piso ni urbaniza un metro cuadrado, y se limita a acotar la propiedad y a ampliar el control administrativo sobre los bienes privados. Foment carga también contra la forma de tramitarla, por lectura única y al amparo de un acuerdo presupuestario, un procedimiento que juzga impropio de una reforma de este calado. A juicio de la patronal, la norma convierte la propiedad en una concesión administrativa: la Administración pasaría a decidir quién puede comprar una vivienda, con qué finalidad, cuántas puede tener y qué uso debe darle durante años. Foment reprocha además que se legisle contra una palabra y no contra un problema, al elevar la compra especulativa, un concepto que tacha de consigna política sin encaje jurídico, a justificación de una de las mayores limitaciones del derecho de propiedad de los últimos años. El principal efecto, según la organización, será la inseguridad jurídica: la ley retrasará inversiones, paralizará operaciones y reducirá todavía más la oferta, con una incertidumbre que se prolongará hasta que el Tribunal Constitucional acabe anulándola. Foment enmarca así su rechazo en el mismo terreno en el que Junts y el PP han pedido dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, una maniobra que ha frenado la tramitación y aplazado la votación prevista para esta semana. La patronal insiste en que el problema no es solo la ley, sino el modo de legislar. Reformar el derecho de propiedad, defiende, no puede salir de un pacto presupuestario de un año, tramitarse por lectura única y aprobarse sin escuchar a ayuntamientos, universidades, corporaciones de derecho público ni a los sectores afectados. El uso reiterado de una vía pensada para iniciativas sencillas o de amplio consenso, avisa, debilita el debate parlamentario. La proposición, impulsada por los Comuns como condición para los presupuestos de 2026 y respaldada por el PSC, ERC y la CUP, permitiría a los ayuntamientos obligar a que, en los 271 municipios declarados zona tensionada, donde vive el 90 % de la población catalana, la vivienda adquirida se destine a residencia habitual o a alquiler a precio regulado. Los grandes tenedores, con cinco o más inmuebles, no podrían comprar pisos sueltos salvo para uso propio. En contra han votado Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana.
La organización empresarial censura que una reforma de este alcance se apruebe por lectura única y da el texto por abocado al Constitucional
La reforma de la Ley de Urbanismo para frenar la compra especulativa suma un adversario de peso fuera del Parlament. Foment del Treball ha llevado al terreno empresarial la batalla por la ley de vivienda. La principal patronal catalana se ha posicionado contra la proposición de ley que modifica la Ley de Urbanismo para restringir la compra especulativa de pisos en zonas de mercado tensionado, una norma que considera un ataque a los fundamentos de la propiedad privada y que, advierte, agravará la crisis de la vivienda en lugar de resolverla.La organización sostiene que el texto no es una política de vivienda, sino de restricción de derechos: no construye ni un solo piso ni urbaniza un metro cuadrado, y se limita a acotar la propiedad y a ampliar el control administrativo sobre los bienes privados. Foment carga también contra la forma de tramitarla, por lectura única y al amparo de un acuerdo presupuestario, un procedimiento que juzga impropio de una reforma de este calado.A juicio de la patronal, la norma convierte la propiedad en una concesión administrativa: la Administración pasaría a decidir quién puede comprar una vivienda, con qué finalidad, cuántas puede tener y qué uso debe darle durante años. Foment reprocha además que se legisle contra una palabra y no contra un problema, al elevar la compra especulativa, un concepto que tacha de consigna política sin encaje jurídico, a justificación de una de las mayores limitaciones del derecho de propiedad de los últimos años.El principal efecto, según la organización, será la inseguridad jurídica: la ley retrasará inversiones, paralizará operaciones y reducirá todavía más la oferta, con una incertidumbre que se prolongará hasta que el Tribunal Constitucional acabe anulándola. Foment enmarca así su rechazo en el mismo terreno en el que Junts y el PP han pedido dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, una maniobra que ha frenado la tramitación y aplazado la votación prevista para esta semana.La patronal insiste en que el problema no es solo la ley, sino el modo de legislar. Reformar el derecho de propiedad, defiende, no puede salir de un pacto presupuestario de un año, tramitarse por lectura única y aprobarse sin escuchar a ayuntamientos, universidades, corporaciones de derecho público ni a los sectores afectados. El uso reiterado de una vía pensada para iniciativas sencillas o de amplio consenso, avisa, debilita el debate parlamentario.La proposición, impulsada por los Comuns como condición para los presupuestos de 2026 y respaldada por el PSC, ERC y la CUP, permitiría a los ayuntamientos obligar a que, en los 271 municipios declarados zona tensionada, donde vive el 90 % de la población catalana, la vivienda adquirida se destine a residencia habitual o a alquiler a precio regulado. Los grandes tenedores, con cinco o más inmuebles, no podrían comprar pisos sueltos salvo para uso propio. En contra han votado Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana.Foment
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