Nueve intentos de suicidio y veintiún casos de autolesiones. Este es el balance más desolador del acuerdo migratorio entre Italia y Albania, un proyecto que, a un año de su inauguración, se ha convertido en un fantasma. Las instalaciones de Shengjin y Gjader, concebidas para albergar a 3.000 personas y presentadas como una solución audaz a la presión migratoria, permanecen prácticamente desiertas, revelando un coste humano y político que va mucho más allá de la millonaria inversión.. De hecho, ha sido la justicia italiana la que ha puesto el principal freno a las ambiciones del Gobierno de Giorgia Meloni. Los tribunales han tumbado de manera sistemática los traslados a territorio albanés, desmontando la base jurídica del pacto. El caso que marcó el principio del fin fue el de un primer contingente de dieciséis hombres, quienes fueron devueltos a Italia a los pocos días de su llegada tras un duro varapalo judicial que sentó un precedente insalvable.. En este sentido, las cifras oficiales confirman el fracaso rotundo de la iniciativa. Desde que se pusieron en marcha los centros en octubre de 2024, tan solo han sido enviadas 132 personas, un número irrisorio para la capacidad teórica de las instalaciones. De este reducido grupo, apenas 32 han sido finalmente repatriadas que también se hace eco de un informe de una ONG que detalla las dramáticas condiciones de vida en los centros.. Ante este panorama, el ejecutivo italiano busca ahora una salida para intentar salvar parte del proyecto. La nueva estrategia consiste en reconvertir los campos en centros de detención para inmigrantes que ya tienen una orden de expulsión en firme y están a la espera de ser deportados. Es una maniobra para dar una utilidad a las instalaciones, pero que podría encontrarse con nuevos obstáculos, esta vez en los tribunales europeos.. Por otro lado, el socio albanés del acuerdo empieza a mostrar claros signos de agotamiento. El primer ministro del país balcánico ha expresado públicamente sus reticencias a replicar el modelo, cerrando la puerta a futuras ampliaciones. Mientras tanto, el debate se traslada al conjunto de la Unión Europea, donde se discute un nuevo reglamento de retorno que podría dar cobertura legal a este tipo de externalización de fronteras, justo cuando el experimento italo-albanés demuestra que su aplicación es un laberinto legal y humano.
Nueve intentos de suicidio y veintiún casos de autolesiones. Este es el balance más desolador del acuerdo migratorio entre Italia y Albania, un proyecto que, a un año de su inauguración, se ha convertido en un fantasma. Las instalaciones de Shengjin y Gjader, concebidas para albergar a 3.000 personas y presentadas como una solución audaz a la presión migratoria, permanecen prácticamente desiertas, revelando un coste humano y político que va mucho más allá de la millonaria inversión.. De hecho, ha sido la justicia italiana la que ha puesto el principal freno a las ambiciones del Gobierno de Giorgia Meloni. Los tribunales han tumbado de manera sistemática los traslados a territorio albanés, desmontando la base jurídica del pacto. El caso que marcó el principio del fin fue el de un primer contingente de dieciséis hombres, quienes fueron devueltos a Italia a los pocos días de su llegada tras un duro varapalo judicial que sentó un precedente insalvable.. En este sentido, las cifras oficiales confirman el fracaso rotundo de la iniciativa. Desde que se pusieron en marcha los centros en octubre de 2024, tan solo han sido enviadas 132 personas, un número irrisorio para la capacidad teórica de las instalaciones. De este reducido grupo, apenas 32 han sido finalmente repatriadas que también se hace eco de un informe de una ONG que detalla las dramáticas condiciones de vida en los centros.. Roma busca un plan B ante el fracaso del modelo. Ante este panorama, el ejecutivo italiano busca ahora una salida para intentar salvar parte del proyecto. La nueva estrategia consiste en reconvertir los campos en centros de detención para inmigrantes que ya tienen una orden de expulsión en firme y están a la espera de ser deportados. Es una maniobra para dar una utilidad a las instalaciones, pero que podría encontrarse con nuevos obstáculos, esta vez en los tribunales europeos.. Por otro lado, el socio albanés del acuerdo empieza a mostrar claros signos de agotamiento. El primer ministro del país balcánico ha expresado públicamente sus reticencias a replicar el modelo, cerrando la puerta a futuras ampliaciones. Mientras tanto, el debate se traslada al conjunto de la Unión Europea, donde se discute un nuevo reglamento de retorno que podría dar cobertura legal a este tipo de externalización de fronteras, justo cuando el experimento italo-albanés demuestra que su aplicación es un laberinto legal y humano.
Concebidos como la gran solución migratoria de Italia, los centros en Albania cumplen un año convertidos en un proyecto fallido y casi desierto, acorralado por los tribunales y con un alarmante coste humano
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