El Supremo ha corregido una sentencia de la Audiencia de Cádiz que había eliminado una pensión compensatoria de 500 euros mensuales con efectos desde el 3 de abril de 2025, fecha de la resolución de apelación. La Sala Primera considera que, si la prestación no debió concederse porque no había sido solicitada en la demanda, tampoco podía reconocérsele eficacia hasta ese momento. El tribunal mantiene firme la atribución temporal de la vivienda familiar a la esposa pero precisa que la pensión compensatoria no podía concederse de oficio ni quedar vigente durante parte del procedimiento. La resolución, dictada el 30 de septiembre, estima el recurso presentado por el marido frente a la resolución de la Sección Quinta de la Audiencia de Cádiz.. El procedimiento se inició con la demanda de divorcio presentada por la mujer el 12 de julio de 2023. En ella reclamó 750 euros mensuales para atender las cargas matrimoniales, pero no pidió expresamente una pensión compensatoria. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Algeciras declaró el divorcio el 20 de mayo de 2024 y fijó a su favor una prestación compensatoria de 500 euros al mes.. El marido recurrió esa decisión. La Audiencia Provincial de Cádiz, en su sentencia de 3 de abril de 2025, dejó sin efecto la pensión porque entendió que no se había solicitado en los términos exigidos. Sin embargo, estableció que la supresión tendría efectos desde la fecha de su propia resolución. Es precisamente ese matiz el que llega al Supremo. En el fundamento jurídico segundo, apartado 3.2, la Sala explica que la Audiencia había considerado improcedente reconocer una pensión que no fue pedida, pero después le atribuyó una eficacia temporal incompatible con esa conclusión. El tribunal señala que lo procedente era dejarla sin efecto, sin mantener la referencia a la fecha de la sentencia de apelación.. La resolución distingue este supuesto de la sentencia 59/2022, de 31 de enero, citada por la Audiencia de Cádiz. Aquel caso trataba de la extinción de una pensión previamente reconocida por un cambio en las circunstancias económicas; el actual, en cambio, parte de que la prestación no debió establecerse desde el principio.. El Supremo también delimita el alcance de su decisión. En el fundamento segundo, apartado 3.1, rechaza pronunciarse sobre la petición de la mujer para ampliar el uso de la vivienda familiar, porque ese extremo no fue recurrido en tiempo y forma y ya había adquirido firmeza. La Audiencia había atribuido a la mujer ese uso durante un máximo de dos años o hasta la extinción del condominio, si esta se producía antes. En el fallo, la Sala estima la casación y modifica únicamente el pronunciamiento relativo a la pensión de 500 euros. No impone las costas del recurso ni las de las instancias. La sentencia no altera, por tanto, el resto de las medidas que quedaron firmes.
La Sala de lo Civil corrige a la Audiencia de Cádiz y establece que la prestación no debía tener efectos hasta la sentencia de apelación sino quedar anulada sin esa limitación temporal
El Supremo ha corregido una sentencia de la Audiencia de Cádiz que había eliminado una pensión compensatoria de 500 euros mensuales con efectos desde el 3 de abril de 2025, fecha de la resolución de apelación. La Sala Primera considera que, si la prestación no debió concederse porque no había sido solicitada en la demanda, tampoco podía reconocérsele eficacia hasta ese momento. El tribunal mantiene firme la atribución temporal de la vivienda familiar a la esposa pero precisa que la pensión compensatoria no podía concederse de oficio ni quedar vigente durante parte del procedimiento. La resolución, dictada el 30 de septiembre, estima el recurso presentado por el marido frente a la resolución de la Sección Quinta de la Audiencia de Cádiz.. El procedimiento se inició con la demanda de divorcio presentada por la mujer el 12 de julio de 2023. En ella reclamó 750 euros mensuales para atender las cargas matrimoniales, pero no pidió expresamente una pensión compensatoria. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Algeciras declaró el divorcio el 20 de mayo de 2024 y fijó a su favor una prestación compensatoria de 500 euros al mes.. El marido recurrió esa decisión. La Audiencia Provincial de Cádiz, en su sentencia de 3 de abril de 2025, dejó sin efecto la pensión porque entendió que no se había solicitado en los términos exigidos. Sin embargo, estableció que la supresión tendría efectos desde la fecha de su propia resolución. Es precisamente ese matiz el que llega al Supremo. En el fundamento jurídico segundo, apartado 3.2, la Sala explica que la Audiencia había considerado improcedente reconocer una pensión que no fue pedida, pero después le atribuyó una eficacia temporal incompatible con esa conclusión. El tribunal señala que lo procedente era dejarla sin efecto, sin mantener la referencia a la fecha de la sentencia de apelación.. La resolución distingue este supuesto de la sentencia 59/2022, de 31 de enero, citada por la Audiencia de Cádiz. Aquel caso trataba de la extinción de una pensión previamente reconocida por un cambio en las circunstancias económicas; el actual, en cambio, parte de que la prestación no debió establecerse desde el principio.. El Supremo también delimita el alcance de su decisión. En el fundamento segundo, apartado 3.1, rechaza pronunciarse sobre la petición de la mujer para ampliar el uso de la vivienda familiar, porque ese extremo no fue recurrido en tiempo y forma y ya había adquirido firmeza. La Audiencia había atribuido a la mujer ese uso durante un máximo de dos años o hasta la extinción del condominio, si esta se producía antes. En el fallo, la Sala estima la casación y modifica únicamente el pronunciamiento relativo a la pensión de 500 euros. No impone las costas del recurso ni las de las instancias. La sentencia no altera, por tanto, el resto de las medidas que quedaron firmes.
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