El debate sobre los límites de la actuación laboral de la administración autonómica llegó al Tribunal Supremo. La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de casación presentado por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló la actuación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y de la Junta en un conflicto laboral planteado por la organización sindical.. En una sentencia dictada el 18 de febrero de 2026, con ponencia del magistrado Ignacio García-Perrote Escartín, consultada por LA RAZÓN, el alto tribunal respalda la resolución del TSJA de Málaga de 15 de julio de 2024, que ya había rechazado las pretensiones del sindicato en un procedimiento de conflicto colectivo.. La organización sindical sostenía que determinadas decisiones adoptadas por la administración autonómica en el seno de la agencia pública vulneraban derechos laborales y sindicales. Sin embargo, tanto el tribunal andaluz como ahora el Supremo concluyen que no se produjo tal vulneración.. El fallo del alto tribunal considera que los argumentos del recurso no desvirtúan la valoración jurídica realizada por la Sala de lo Social del TSJA y, en línea con el criterio del Ministerio Fiscal, acuerda desestimar el recurso de casación y declarar firme la sentencia recurrida.. La resolución del Supremo pone punto final al litigio iniciado por la CGT frente a la agencia pública dependiente de la Junta de Andalucía, confirmando la validez de la actuación administrativa cuestionada.
Desestima el recurso de CGT y confirma la sentencia del TSJA que rechazó vulneración de derechos sindicales
El debate sobre los límites de la actuación laboral de la administración autonómica llegó al Tribunal Supremo. La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de casación presentado por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló la actuación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y de la Junta en un conflicto laboral planteado por la organización sindical.. En una sentencia dictada el 18 de febrero de 2026, con ponencia del magistrado Ignacio García-Perrote Escartín, consultada por LA RAZÓN, el alto tribunal respalda la resolución del TSJA de Málaga de 15 de julio de 2024, que ya había rechazado las pretensiones del sindicato en un procedimiento de conflicto colectivo.. La organización sindical sostenía que determinadas decisiones adoptadas por la administración autonómica en el seno de la agencia pública vulneraban derechos laborales y sindicales. Sin embargo, tanto el tribunal andaluz como ahora el Supremo concluyen que no se produjo tal vulneración.. El fallo del alto tribunal considera que los argumentos del recurso no desvirtúan la valoración jurídica realizada por la Sala de lo Social del TSJA y, en línea con el criterio del Ministerio Fiscal, acuerda desestimar el recurso de casación y declarar firme la sentencia recurrida.. La resolución del Supremo pone punto final al litigio iniciado por la CGT frente a la agencia pública dependiente de la Junta de Andalucía, confirmando la validez de la actuación administrativa cuestionada.
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