El sector inmobiliario ha rechazado este jueves la propuesta de prohibir la compra de viviendas para dedicarlas al alquiler. Una medida que Comuns promulgó y ratificó este miércoles durante la sesión de control al Govern en el Parlament, pero a la que diferentes entidades se han opuesto mediante un comunicado conjunto.. En concreto, la Associació d’Agents Immobiliaris de Cataluña (AIC), la Associació de Promotors i Constructors d’Edifics de Cataluña (APCE), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província y el Consell de Cambres de la Propietat de Cataluña.. El informe defiende que esta medida —registrada la semana pasada como proposición de ley para modificar la ley de urbanismo y prohibir la venta especulativa de vivienda— es «jurídicamente imposible» aplicarla en una comunidad autónoma.. «Las comunidades autónomas pueden regular el uso del suelo y la política de vivienda, pero no pueden restringir la adquisición de bienes inmuebles», manifiesta el documento. Sin embargo, la líder de Comuns, Jessica Albiach, mantuvo en la Cámara que es «viable» su aplicación y sostiene esta intervención como una de las principales condiciones para apoyar los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2026. Desde el Govern de Salvador Illa, reconocieron que están estudiando «a fondo» esta posibilidad.. «Legislar en contra de inversores, potenciales compradores y el conjunto del sector, que son quienes nutren de oferta de vivienda a Cataluña, restringirá aún más el parque de viviendas», recoge el comunicado emitido por las asociaciones inmobiliarias. También, han señalado que denegar la compra de edificios enteros para su posterior venta «frenaría la rehabilitación y renovación del parque residencial».. Al respecto, las entidades entienden que su prohibición «no solucionará el problema de acceso a la vivienda», sino que conllevaría a una serie de «efectos negativos». Por ejemplo, una reducción de la oferta equivaldría a «una escasez de vivienda que, a corto plazo, se traduciría en un incremento de los precios y generaría aún más inseguridad jurídica», según el sector inmobiliario que, por otro lado, mantiene que prohibir la viviendo especulativa no se ajusta a «nuestro ordenamiento jurídico».. Asimismo, las agrupaciones solicitan a las administraciones en el comunicado que apuesten por «políticas que incentiven la oferta de vivienda en colaboración público-privada, respetando el marco jurídico nacional y europeo».. «Las restricciones propuestas no sólo son ineficaces para incrementar la oferta de vivienda, como ya se ha demostrado en otros lugares, sino que ponen en riesgo el acceso a la vivienda de la ciudadanía, así como también la actividad del sector y la generación de puestos de trabajo», concluyen.
Diferentes entidades entienden que la normativa «no solucionará el problema del acceso» y que su aplicación es «jurídicamente imposible»
El sector inmobiliario ha rechazado este jueves la propuesta de prohibir la compra de viviendas para dedicarlas al alquiler. Una medida que Comuns promulgó y ratificó este miércoles durante la sesión de control al Govern en el Parlament, pero a la que diferentes entidades se han opuesto mediante un comunicado conjunto.. En concreto, la Associació d’Agents Immobiliaris de Cataluña (AIC), la Associació de Promotors i Constructors d’Edifics de Cataluña (APCE), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província y el Consell de Cambres de la Propietat de Cataluña.. El informe defiende que esta medida —registrada la semana pasada como proposición de ley para modificar la ley de urbanismo y prohibir la venta especulativa de vivienda— es «jurídicamente imposible» aplicarla en una comunidad autónoma.. «Las comunidades autónomas pueden regular el uso del suelo y la política de vivienda, pero no pueden restringir la adquisición de bienes inmuebles», manifiesta el documento. Sin embargo, la líder de Comuns, Jessica Albiach, mantuvo en la Cámara que es «viable» su aplicación y sostiene esta intervención como una de las principales condiciones para apoyar los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2026. Desde el Govern de Salvador Illa, reconocieron que están estudiando «a fondo» esta posibilidad.. «Legislar en contra de inversores, potenciales compradores y el conjunto del sector, que son quienes nutren de oferta de vivienda a Cataluña, restringirá aún más el parque de viviendas», recoge el comunicado emitido por las asociaciones inmobiliarias. También, han señalado que denegar la compra de edificios enteros para su posterior venta «frenaría la rehabilitación y renovación del parque residencial».. Al respecto, las entidades entienden que su prohibición «no solucionará el problema de acceso a la vivienda», sino que conllevaría a una serie de «efectos negativos». Por ejemplo, una reducción de la oferta equivaldría a «una escasez de vivienda que, a corto plazo, se traduciría en un incremento de los precios y generaría aún más inseguridad jurídica», según el sector inmobiliario que, por otro lado, mantiene que prohibir la viviendo especulativa no se ajusta a «nuestro ordenamiento jurídico».. Asimismo, las agrupaciones solicitan a las administraciones en el comunicado que apuesten por «políticas que incentiven la oferta de vivienda en colaboración público-privada, respetando el marco jurídico nacional y europeo».. «Las restricciones propuestas no sólo son ineficaces para incrementar la oferta de vivienda, como ya se ha demostrado en otros lugares, sino que ponen en riesgo el acceso a la vivienda de la ciudadanía, así como también la actividad del sector y la generación de puestos de trabajo», concluyen.
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