El Parlament de Cataluña aprobó la semana pasada la regulación de los alquileres de temporada, una modalidad contractual que hasta ahora quedaba fuera de los límites de precio fijados para los arrendamientos de vivienda habitual. La nueva norma, impulsada por el bloque de izquierdas —PSC, ERC y Comuns—, pretende equiparar estos contratos temporales, de entre uno y doce meses, al alquiler residencial cuando su finalidad sea cubrir una necesidad de vivienda y no un uso turístico o vacacional.. El objetivo declarado de la regulación es cerrar lo que el Govern considera una vía de escape utilizada por algunos propietarios para esquivar los topes de renta en zonas declaradas de mercado tensionado. A partir de ahora, los contratos de temporada que tengan un uso residencial estarán también sujetos a los índices de precios y al régimen sancionador previsto en la legislación catalana de vivienda.. Sin embargo, el sector inmobiliario y las asociaciones de propietarios advierten de que la medida no solo no resolverá el problema de acceso a la vivienda, sino que agravará la falta de oferta y generará un clima de inseguridad jurídica sin precedentes. Así lo trasladan a La Razón tanto los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) como Som Habitatge, que coinciden en señalar que la norma responde más a una necesidad política que a criterios técnicos.. Contracción de la oferta. Desde la API, su presidenta, Montserrat Junyent, se muestra tajante: “Lamentablemente, la aprobación de esta ley no pondrá más vivienda en el mercado. No se incrementará la oferta”. A su juicio, confiar en que la extensión de los topes de renta a los contratos temporales vaya a generar más alquiler es un error de partida.. Junyent defiende que el alquiler de temporada es un mercado que “lleva funcionando muchos años” y que responde a un perfil concreto de arrendatario —estudiantes, trabajadores desplazados o personas en situaciones transitorias—, por lo que considera injustificado tratarlo como un fraude generalizado. “¿Los hay? Sí, pero ya existían correcciones a través de los tribunales, que ya habían fijado claramente qué es uso temporal”, subraya.. En la misma línea, la presidenta de la API recuerda que ya había mecanismos legales para detectar irregularidades y que, con la nueva regulación, se vacía de sentido la diferencia entre contratos temporales y residenciales. “A partir de ahora no tendrá sentido hacer contratos temporales o residenciales, porque el tope será el mismo”, advierte, en un contexto en el que la demanda no deja de crecer por el aumento de población.. Inseguridad jurídica y miedo a las sanciones. La presidenta de Som Habitatge, Núria Garrido, alerta de que el impacto sobre los pequeños propietarios —mayoritarios en Cataluña— será “profundamente negativo y estructural”. Según explica, la combinación de limitación de precios, inseguridad jurídica y un régimen sancionador que califica de desproporcionado está empujando a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado, venderlas o destinarlas a otros usos menos regulados.. “El pequeño propietario pasa de ser un colaborador necesario para garantizar el acceso a la vivienda a convertirse en un sujeto pasivo del riesgo regulatorio”, señala Garrido. A diferencia de los grandes operadores, añade, los particulares no tienen capacidad financiera ni jurídica para soportar largos periodos sin ingresos ni afrontar sanciones que pueden comprometer todo su patrimonio.. Som Habitatge pone el acento en las “zonas grises” que ha generado la nueva normativa, especialmente en la definición de gran tenedor. Garrido denuncia interpretaciones contradictorias entre la Generalitat y la Dirección General de Tributos sobre si la vivienda habitual computa o no, o sobre cómo se contabilizan las copropiedades derivadas de herencias. Esta falta de claridad, advierte, puede desembocar en sanciones de hasta 900.000 euros por desviaciones en la renta superiores al 30 %.. A ello se suma la creación de un cuerpo específico de inspectores, con una inversión superior a los 39 millones de euros, así como nuevos registros obligatorios —de grandes tenedores y de viviendas vacías— cuya omisión puede acarrear multas de hasta 90.000 euros. “Todo este entramado sancionador resulta de aplicación exclusiva en Cataluña”, remarca Garrido, que ve en ello un enfoque “marcadamente recaudatorio” más que una política orientada a incentivar el alquiler.. “Se legisla a cambio de votos”. Más allá de las consecuencias económicas, ambas entidades coinciden en una lectura política de la medida. Junyent apunta directamente a la aritmética parlamentaria como clave para entender el cambio de posición del PSC. “El PSC no apoyó esta medida en la legislatura de Aragonès y ahora sí. ¿Qué ha cambiado?”, se pregunta. Y responde: “Necesita contentar a sus socios”.. Según la presidenta de la API, el Govern conoce perfectamente las advertencias del sector, pero no las incorpora porque está “ligado a una dinámica parlamentaria” en la que prima mantener apoyos para los presupuestos y otras iniciativas. “Es lamentable usar la vivienda desde una perspectiva política e ideológica. Se está interviniendo el mercado a cambio de votos”, denuncia.. Desde Som Habitatge se refuerza esta idea. Garrido sostiene que la ley no responde a criterios técnicos y que ha sido concebida para el impacto mediático y electoral. “No ha existido una voluntad real de abordar el problema de la vivienda”, afirma, recordando que entidades del sector no han participado de forma efectiva en el proceso legislativo pese a presentar enmiendas y mantener reuniones con los grupos parlamentarios.. Más fraude. Frente al argumento del Govern de que la regulación servirá para frenar abusos, el sector niega que exista un fraude generalizado en los contratos temporales. Garrido reconoce que algunos operadores pudieron recomendar esta fórmula tras la declaración de zonas tensionadas, pero rechaza que se trate de una práctica masiva. “El propietario particular no puede permitirse asumir el riesgo de incurrir en irregularidades”, explica, dada la dureza del régimen sancionador.. Paradójicamente, advierte, la nueva normativa puede favorecer justo lo contrario: un aumento del fraude y de las prácticas opacas, especialmente por parte de operadores sin patrimonio que no tienen nada que perder. La asociación alerta también de abusos cometidos por algunos arrendatarios, como el subarriendo irregular de habitaciones a precios desorbitados o el empadronamiento fraudulento de terceros sin conocimiento del propietario.. “El resultado no será un mercado más justo, sino un mercado más pequeño, más opaco y menos equilibrado”, concluye Garrido, que recuerda que Cataluña apenas cuenta con un 1,8 % de vivienda pública frente a porcentajes cercanos al 30 % en otros países europeos. Una carencia que, a su juicio, se está trasladando de facto a los propietarios privados.
Las asociaciones de propietarios denuncian que el Govern del PSC regula los alquileres de temporada para mantener sus alianzas parlamentarias
El Parlament de Cataluña aprobó la semana pasada la regulación de los alquileres de temporada, una modalidad contractual que hasta ahora quedaba fuera de los límites de precio fijados para los arrendamientos de vivienda habitual. La nueva norma, impulsada por el bloque de izquierdas —PSC, ERC y Comuns—, pretende equiparar estos contratos temporales, de entre uno y doce meses, al alquiler residencial cuando su finalidad sea cubrir una necesidad de vivienda y no un uso turístico o vacacional.. El objetivo declarado de la regulación es cerrar lo que el Govern considera una vía de escape utilizada por algunos propietarios para esquivar los topes de renta en zonas declaradas de mercado tensionado. A partir de ahora, los contratos de temporada que tengan un uso residencial estarán también sujetos a los índices de precios y al régimen sancionador previsto en la legislación catalana de vivienda.. Sin embargo, el sector inmobiliario y las asociaciones de propietarios advierten de que la medida no solo no resolverá el problema de acceso a la vivienda, sino que agravará la falta de oferta y generará un clima de inseguridad jurídica sin precedentes. Así lo trasladan a La Razón tanto los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) como Som Habitatge, que coinciden en señalar que la norma responde más a una necesidad política que a criterios técnicos.. Contracción de la oferta. Desde la API, su presidenta, Montserrat Junyent, se muestra tajante: “Lamentablemente, la aprobación de esta ley no pondrá más vivienda en el mercado. No se incrementará la oferta”. A su juicio, confiar en que la extensión de los topes de renta a los contratos temporales vaya a generar más alquiler es un error de partida.. Junyent defiende que el alquiler de temporada es un mercado que “lleva funcionando muchos años” y que responde a un perfil concreto de arrendatario —estudiantes, trabajadores desplazados o personas en situaciones transitorias—, por lo que considera injustificado tratarlo como un fraude generalizado. “¿Los hay? Sí, pero ya existían correcciones a través de los tribunales, que ya habían fijado claramente qué es uso temporal”, subraya.. En la misma línea, la presidenta de la API recuerda que ya había mecanismos legales para detectar irregularidades y que, con la nueva regulación, se vacía de sentido la diferencia entre contratos temporales y residenciales. “A partir de ahora no tendrá sentido hacer contratos temporales o residenciales, porque el tope será el mismo”, advierte, en un contexto en el que la demanda no deja de crecer por el aumento de población.. Inseguridad jurídica y miedo a las sanciones. La presidenta de Som Habitatge, Núria Garrido, alerta de que el impacto sobre los pequeños propietarios —mayoritarios en Cataluña— será “profundamente negativo y estructural”. Según explica, la combinación de limitación de precios, inseguridad jurídica y un régimen sancionador que califica de desproporcionado está empujando a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado, venderlas o destinarlas a otros usos menos regulados.. “El pequeño propietario pasa de ser un colaborador necesario para garantizar el acceso a la vivienda a convertirse en un sujeto pasivo del riesgo regulatorio”, señala Garrido. A diferencia de los grandes operadores, añade, los particulares no tienen capacidad financiera ni jurídica para soportar largos periodos sin ingresos ni afrontar sanciones que pueden comprometer todo su patrimonio.. Som Habitatge pone el acento en las “zonas grises” que ha generado la nueva normativa, especialmente en la definición de gran tenedor. Garrido denuncia interpretaciones contradictorias entre la Generalitat y la Dirección General de Tributos sobre si la vivienda habitual computa o no, o sobre cómo se contabilizan las copropiedades derivadas de herencias. Esta falta de claridad, advierte, puede desembocar en sanciones de hasta 900.000 euros por desviaciones en la renta superiores al 30 %.. A ello se suma la creación de un cuerpo específico de inspectores, con una inversión superior a los 39 millones de euros, así como nuevos registros obligatorios —de grandes tenedores y de viviendas vacías— cuya omisión puede acarrear multas de hasta 90.000 euros. “Todo este entramado sancionador resulta de aplicación exclusiva en Cataluña”, remarca Garrido, que ve en ello un enfoque “marcadamente recaudatorio” más que una política orientada a incentivar el alquiler.. “Se legisla a cambio de votos”. Más allá de las consecuencias económicas, ambas entidades coinciden en una lectura política de la medida. Junyent apunta directamente a la aritmética parlamentaria como clave para entender el cambio de posición del PSC. “El PSC no apoyó esta medida en la legislatura de Aragonès y ahora sí. ¿Qué ha cambiado?”, se pregunta. Y responde: “Necesita contentar a sus socios”.. Según la presidenta de la API, el Govern conoce perfectamente las advertencias del sector, pero no las incorpora porque está “ligado a una dinámica parlamentaria” en la que prima mantener apoyos para los presupuestos y otras iniciativas. “Es lamentable usar la vivienda desde una perspectiva política e ideológica. Se está interviniendo el mercado a cambio de votos”, denuncia.. Desde Som Habitatge se refuerza esta idea. Garrido sostiene que la ley no responde a criterios técnicos y que ha sido concebida para el impacto mediático y electoral. “No ha existido una voluntad real de abordar el problema de la vivienda”, afirma, recordando que entidades del sector no han participado de forma efectiva en el proceso legislativo pese a presentar enmiendas y mantener reuniones con los grupos parlamentarios.. Más fraude. Frente al argumento del Govern de que la regulación servirá para frenar abusos, el sector niega que exista un fraude generalizado en los contratos temporales. Garrido reconoce que algunos operadores pudieron recomendar esta fórmula tras la declaración de zonas tensionadas, pero rechaza que se trate de una práctica masiva. “El propietario particular no puede permitirse asumir el riesgo de incurrir en irregularidades”, explica, dada la dureza del régimen sancionador.. Paradójicamente, advierte, la nueva normativa puede favorecer justo lo contrario: un aumento del fraude y de las prácticas opacas, especialmente por parte de operadores sin patrimonio que no tienen nada que perder. La asociación alerta también de abusos cometidos por algunos arrendatarios, como el subarriendo irregular de habitaciones a precios desorbitados o el empadronamiento fraudulento de terceros sin conocimiento del propietario.. “El resultado no será un mercado más justo, sino un mercado más pequeño, más opaco y menos equilibrado”, concluye Garrido, que recuerda que Cataluña apenas cuenta con un 1,8 % de vivienda pública frente a porcentajes cercanos al 30 % en otros países europeos. Una carencia que, a su juicio, se está trasladando de facto a los propietarios privados.
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