El pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó ayer la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia impulsada por el alcalde del PSC, Fèlix Larrosa, que prohíbe en los espacios públicos prendas o elementos que oculten completamente el rostro, lo que afecta al burka y al niqab. La norma salió adelante con 16 votos a favor y 11 en contra, con el respaldo de PSC, Junts y Vox y el rechazo de PP, ERC y Comú de Lleida.. La regulación recupera una cuestión que la ciudad ya abordó en 2010, cuando el Gobierno de Àngel Ros aprobó una prohibición del burka y el niqab en equipamientos municipales. Aquella normativa fue anulada por el Tribunal Supremo en 2013 al considerar que un ayuntamiento no podía limitar mediante una ordenanza un derecho fundamental como la libertad religiosa.. El artículo 12 de la nueva ordenanza establece que queda prohibido llevar «cualquier pieza de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos». El texto no menciona expresamente el burka o el niqab y contempla excepciones en lugares de culto, espacios donde sea habitual cubrirse el rostro o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental.. La infracción será leve y podrá conllevar multas de entre 400 y 750 euros, aunque antes de sancionar se advertirá a la persona afectada. La nueva ordenanza sustituye a la de 2007 y eleva también las sanciones por otras conductas incívicas, con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.. El alcalde, Fèlix Larrosa, defendió la actualización porque «convivir significa respetarnos y cumplir las normas» y ha señalado que desde 2020 se ha producido un incremento de los incumplimientos de las ordenanzas. La concejala de Seguridad, Cristina Morón, ha defendido un modelo que combina prevención, mediación, reparación y sanción.. Junts ha sido determinante para aprobar la ordenanza después de que el Gobierno municipal aceptara 31 de sus 55 enmiendas y transaccionara otras 17. Entre los cambios figura la referencia a que la prohibición se aplicará «de acuerdo con la normativa vigente». La formación defendió su oposición al burka y vinculó su apoyo a la creación de una red municipal de lavabos y servicios de higiene.. Vox también votó a favor y celebró el veto al velo integral, aunque reclamó medidas más contundentes frente a la reincidencia. El PP, en cambio, rechazó el texto porque considera que las excepciones permiten mantener el uso del burka en determinadas circunstancias. ERC y Comú también votaron en contra y cuestionaron el carácter sancionador.. El precedente judicial de 2013 sigue marcando el debate. El Supremo consideró entonces que la limitación de la libertad religiosa requería cobertura legal y no podía establecerse únicamente mediante una ordenanza municipal. Precisamente por ello, el Congreso creó el pasado mayo una subcomisión para estudiar el uso del burka y el niqab en espacios públicos y el marco constitucional y jurídico aplicable. La nueva medida también ha encontrado oposición entre entidades sociales, feministas y vinculadas a la comunidad musulmana, como la Associació Watani o el Grup Feminista de Ponent.
El alcalde socialista, Fèlix Larrosa, consigue sacar adelante la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia
El pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó ayer la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia impulsada por el alcalde del PSC, Fèlix Larrosa, que prohíbe en los espacios públicos prendas o elementos que oculten completamente el rostro, lo que afecta al burka y al niqab. La norma salió adelante con 16 votos a favor y 11 en contra, con el respaldo de PSC, Junts y Vox y el rechazo de PP, ERC y Comú de Lleida.. La regulación recupera una cuestión que la ciudad ya abordó en 2010, cuando el Gobierno de Àngel Ros aprobó una prohibición del burka y el niqab en equipamientos municipales. Aquella normativa fue anulada por el Tribunal Supremo en 2013 al considerar que un ayuntamiento no podía limitar mediante una ordenanza un derecho fundamental como la libertad religiosa.. El artículo 12 de la nueva ordenanza establece que queda prohibido llevar «cualquier pieza de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos». El texto no menciona expresamente el burka o el niqab y contempla excepciones en lugares de culto, espacios donde sea habitual cubrirse el rostro o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental.. La infracción será leve y podrá conllevar multas de entre 400 y 750 euros, aunque antes de sancionar se advertirá a la persona afectada. La nueva ordenanza sustituye a la de 2007 y eleva también las sanciones por otras conductas incívicas, con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.. El alcalde, Fèlix Larrosa, defendió la actualización porque «convivir significa respetarnos y cumplir las normas» y ha señalado que desde 2020 se ha producido un incremento de los incumplimientos de las ordenanzas. La concejala de Seguridad, Cristina Morón, ha defendido un modelo que combina prevención, mediación, reparación y sanción.. Junts ha sido determinante para aprobar la ordenanza después de que el Gobierno municipal aceptara 31 de sus 55 enmiendas y transaccionara otras 17. Entre los cambios figura la referencia a que la prohibición se aplicará «de acuerdo con la normativa vigente». La formación defendió su oposición al burka y vinculó su apoyo a la creación de una red municipal de lavabos y servicios de higiene.. Vox también votó a favor y celebró el veto al velo integral, aunque reclamó medidas más contundentes frente a la reincidencia. El PP, en cambio, rechazó el texto porque considera que las excepciones permiten mantener el uso del burka en determinadas circunstancias. ERC y Comú también votaron en contra y cuestionaron el carácter sancionador.. El precedente judicial de 2013 sigue marcando el debate. El Supremo consideró entonces que la limitación de la libertad religiosa requería cobertura legal y no podía establecerse únicamente mediante una ordenanza municipal. Precisamente por ello, el Congreso creó el pasado mayo una subcomisión para estudiar el uso del burka y el niqab en espacios públicos y el marco constitucional y jurídico aplicable. La nueva medida también ha encontrado oposición entre entidades sociales, feministas y vinculadas a la comunidad musulmana, como la Associació Watani o el Grup Feminista de Ponent.
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