La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha exigido hoy un aumento «inmediato», de las plantillas de la Policía Nacional en la Región de Murcia, para «garantizar la seguridad», ante el «efecto llamada» que provocará la «arbitraria» regularización masiva de inmigrantes anunciada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En su opinión, la medida pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización «indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana, tal y como están denunciando el Sindicato Unificado de Policía (SUP)«.
Cree conveniente un refuerzo «urgente» de policías nacionales, como exigen los sindicatos del cuerpo de entre 500 y 600 agentes en la Región, porque con esta decisión «se rompe la coherencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo y sitúa a España como el coladero de la ilegalidad del espacio Schengen».
De este modo, ha hecho suyas las reivindicaciones de este cuerpo, porque «sin más agentes, más medios y más protocolos claros» esta regularización «es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del ciudadano y vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía Nacional, ya saturada de por sí en la Región».
Tampoco, ha añadido, «se puede regularizar sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente».
A su juicio esta medida es sin ninguna duda «una cortina de humo para desviar la atención de los 46 fallecidos y cientos de heridos de las tragedias de Adamuz y Gelida, por los que nadie en el Gobierno está dispuesto a asumir responsabilidades políticas».
Moción en la Asamblea Regional
Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una moción para mostrar su más rotundo rechazo a esta legalización masiva. «Una vez más, Pedro Sánchez y su Gobierno socialista demuestra que las leyes y el Estado de Derecho le importan poco a la hora de hacer lo que sea con tal conservar su sillón en la Moncloa», remarca la iniciativa.
Incide en la alarmante presión que provocará sobre los servicios públicos, «esos que este Gobierno ha descuidado y maltratado, sobre todo en la sanidad y la educación, que correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades autónomas con recursos ajustados por la infrafinanciación del Gobierno de España, como es la Región de Murcia».
Por último, hace referencia «al premio que supone para quienes se saltaron las leyes migratorias frente a aquellos que siguieron los cauces legales para conseguir la residencia provocando un agravio comparativo entre ellos».
Propuestas
Ante esto, el PP no da la espalda a la realidad de la inmigración irregular, pide que deje de usarse por interés político. «España no puede continuar así. Necesitamos una política de Estado que ponga fin a la inmigración irregular y combine humanidad y justicia».
«En octubre de 2025 presentamos un plan de inmigración basado en reglas claras. Y son: «autoridad única y fin del caos administrativo; control efectivo de fronteras y refuerzo de medios económicos, humanos y materiales; no a las regularizaciones masivas ni automáticas; los criterios deben ser objetivos y verificables (sistema por puntos); y retorno ordenado», ha concluido.
Noticias de Murcia: última hora de hoy en La Razón
La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha exigido hoy un aumento «inmediato», de las plantillas de la Policía Nacional en la Región de Murcia, para «garantizar la seguridad», ante el «efecto llamada» que provocará la «arbitraria» regularización masiva de inmigrantes anunciada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez.. En su opinión, la medida pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización «indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana, tal y como están denunciando el Sindicato Unificado de Policía (SUP)».. Cree conveniente un refuerzo «urgente» de policías nacionales, como exigen los sindicatos del cuerpo de entre 500 y 600 agentes en la Región, porque con esta decisión «se rompe la coherencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo y sitúa a España como el coladero de la ilegalidad del espacio Schengen».. De este modo, ha hecho suyas las reivindicaciones de este cuerpo, porque «sin más agentes, más medios y más protocolos claros» esta regularización «es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del ciudadano y vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía Nacional, ya saturada de por sí en la Región».. Tampoco, ha añadido, «se puede regularizar sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente».. A su juicio esta medida es sin ninguna duda «una cortina de humo para desviar la atención de los 46 fallecidos y cientos de heridos de las tragedias de Adamuz y Gelida, por los que nadie en el Gobierno está dispuesto a asumir responsabilidades políticas».. Moción en la Asamblea Regional. Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una moción para mostrar su más rotundo rechazo a esta legalización masiva. «Una vez más, Pedro Sánchez y su Gobierno socialista demuestra que las leyes y el Estado de Derecho le importan poco a la hora de hacer lo que sea con tal conservar su sillón en la Moncloa», remarca la iniciativa.. Incide en la alarmante presión que provocará sobre los servicios públicos, «esos que este Gobierno ha descuidado y maltratado, sobre todo en la sanidad y la educación, que correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades autónomas con recursos ajustados por la infrafinanciación del Gobierno de España, como es la Región de Murcia».. Por último, hace referencia «al premio que supone para quienes se saltaron las leyes migratorias frente a aquellos que siguieron los cauces legales para conseguir la residencia provocando un agravio comparativo entre ellos».. Propuestas. Ante esto, el PP no da la espalda a la realidad de la inmigración irregular, pide que deje de usarse por interés político. «España no puede continuar así. Necesitamos una política de Estado que ponga fin a la inmigración irregular y combine humanidad y justicia».. «En octubre de 2025 presentamos un plan de inmigración basado en reglas claras. Y son: «autoridad única y fin del caos administrativo; control efectivo de fronteras y refuerzo de medios económicos, humanos y materiales; no a las regularizaciones masivas ni automáticas; los criterios deben ser objetivos y verificables (sistema por puntos); y retorno ordenado», ha concluido.
Presentan una moción en la Asamblea Regional de Murcia y aseguran que «sin más agentes, más medios y más protocolos claros» esta regularización «es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del ciudadano».
