<p>Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que parecía que los ciudadanos europeos habían ganado una batalla. Fue en 2018, cuando la Comisión Europea preguntó directamente a la gente si querían acabar con el ritual de adelantar y atrasar el reloj dos veces al año. La respuesta fue un terremoto: 4,6 millones de personas participaron en la consulta, y un 84% de ellas respaldó la idea de poner fin a esta costumbre. Aquello fue <strong>un clamor ciudadano sin precedentes</strong> en la historia de las consultas comunitarias.</p>
<p>En respuesta a esta demanda popular, la maquinaria de Bruselas se puso en marcha. La Comisión presentó una propuesta formal para eliminar el cambio de hora y, en marzo de 2019, <strong>el Parlamento Europeo cumplió su parte</strong> del trabajo, votando a favor de la supresión. Todo parecía encaminado para que los europeos dejasen de preguntarse en qué hora vivían, dando a cada país la libertad de elegir si quedarse para siempre en el horario de verano o en el de invierno.</p>
<p>Sin embargo, ese impulso inicial chocó de frente contra un muro de indecisión. Han pasado ya seis años y la iniciativa sigue varada en el Consejo, el órgano donde los gobiernos de los Veintisiete tienen la última palabra. Allí, los Estados miembros han sido <strong>incapaces de forjar un consenso</strong>, dejando la propuesta en un limbo administrativo del que nadie sabe cómo salir. Varios intentos por reanimar el debate, como el impulsado recientemente por España, han caído en saco roto, una situación que se ha complicado todavía más con las nuevas exigencias de la presidencia de turno.</p>
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Un informe pendiente como nueva coartada
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<p>De hecho, la actual presidencia danesa del Consejo ha añadido un nuevo obstáculo al proceso. Antes de tomar cualquier decisión, exige a la Comisión Europea la elaboración de <strong>un análisis de impacto detallado</strong> sobre las consecuencias que tendría la medida. Bruselas ya está trabajando en este informe, que se centrará principalmente en evaluar los posibles efectos sobre el mercado único, uno de los pilares de la Unión.</p>
<p>En definitiva, esta nueva condición amenaza con prolongar la parálisis durante meses, o incluso años. La voluntad abrumadora de los ciudadanos europeos ha quedado sepultada bajo capas de burocracia y falta de acuerdo político. Tanto es así que el fin del cambio horario ya <strong>no figura entre las prioridades</strong> de la Comisión para el horizonte de 2026, convirtiendo aquel histórico ejercicio de participación ciudadana en poco más que un recuerdo.</p>
<p>Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que parecía que los ciudadanos europeos habían ganado una batalla. Fue en 2018, cuando la Comisión Europea preguntó directamente a la gente si querían acabar con el ritual de adelantar y atrasar el reloj dos veces al año. La respuesta fue un terremoto: 4,6 millones de personas participaron en la consulta, y un 84% de ellas respaldó la idea de poner fin a esta costumbre. Aquello fue <strong>un clamor ciudadano sin precedentes</strong> en la historia de las consultas comunitarias.</p>
<p>En respuesta a esta demanda popular, la maquinaria de Bruselas se puso en marcha. La Comisión presentó una propuesta formal para eliminar el cambio de hora y, en marzo de 2019, <strong>el Parlamento Europeo cumplió su parte</strong> del trabajo, votando a favor de la supresión. Todo parecía encaminado para que los europeos dejasen de preguntarse en qué hora vivían, dando a cada país la libertad de elegir si quedarse para siempre en el horario de verano o en el de invierno.</p>
<p>Sin embargo, ese impulso inicial chocó de frente contra un muro de indecisión. Han pasado ya seis años y la iniciativa sigue varada en el Consejo, el órgano donde los gobiernos de los Veintisiete tienen la última palabra. Allí, los Estados miembros han sido <strong>incapaces de forjar un consenso</strong>, dejando la propuesta en un limbo administrativo del que nadie sabe cómo salir. Varios intentos por reanimar el debate, como el impulsado recientemente por España, han caído en saco roto, una situación que se ha complicado todavía más con las nuevas exigencias de la presidencia de turno.</p>
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Un informe pendiente como nueva coartada
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<p>De hecho, la actual presidencia danesa del Consejo ha añadido un nuevo obstáculo al proceso. Antes de tomar cualquier decisión, exige a la Comisión Europea la elaboración de <strong>un análisis de impacto detallado</strong> sobre las consecuencias que tendría la medida. Bruselas ya está trabajando en este informe, que se centrará principalmente en evaluar los posibles efectos sobre el mercado único, uno de los pilares de la Unión.</p>
<p>En definitiva, esta nueva condición amenaza con prolongar la parálisis durante meses, o incluso años. La voluntad abrumadora de los ciudadanos europeos ha quedado sepultada bajo capas de burocracia y falta de acuerdo político. Tanto es así que el fin del cambio horario ya <strong>no figura entre las prioridades</strong> de la Comisión para el horizonte de 2026, convirtiendo aquel histórico ejercicio de participación ciudadana en poco más que un recuerdo.</p>
La paciencia del Parlamento Europeo con el cambio de hora se ha agotado seis años después del bloqueo de la propuesta, y ahora exige explicaciones a la Comisión y al Consejo por una parálisis sin fin a la vista Internacional: noticias internacionales de hoy en La Razón
