El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha pedido a la Intervención General del Estado un informe pericial sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros que investiga en la provincia de Cádiz por su supuesto fraccionamiento irregular.. En una providencia fechada el pasado 4 de diciembre, y a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado reclama a la Intervención General del Estado un análisis de todos los contratos investigados, incluidas sus adendas, prórrogas y modificaciones, para «constatar y pronunciarse en relación a las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía».. Estas irregularidades fueron las que recogió Podemos para denunciar los hechos que investiga ahora el juzgado.. En la providencia, el juez pide que el informe pericial haga un análisis técnico sobre la legitimidad de la contratación menor fraccionada y que se contrasten precios contratados y los que hubieran resultado «de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia en la contratación».. Para realizar esta comparación, el juez pide que se estudien los precios de contrataciones de otras comunidades autónomas.. El juez reclama también que el informe pericial de la Intervención General del Estado haga un análisis técnico sobre «si existió o no» justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados en cada uno de los contratos, las fuentes presupuestarias que se aplicaron para abonarlos, de las fases de autorización y aprobación del gasto público que se llevaron y del «acomodo» del órgano que autorizó a la legalidad.. También pide el juez que el informe pericial determine el «daño producido al erario público, aún de manera aproximativa o potencial» por la «presencia o ausencia» en los contratos «de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia».. El juez ha dictado este auto después de que Podemos, que denunció los hechos y que es una de las acusaciones junto con el PSOE, haya pedido al juzgado que de «un impulso procesal» a la causa llevando a cabo las pruebas periciales sobre los contratos investigados que ya acordó hacer y que designara a la Intervención General de la Administración del Estado para su elaboración.. Este impulso se ha pedido después de que las acusaciones impugnaran los recursos de apelación que firmaron el Servicio Andaluz de Salud, considerada como responsable civil subsidiaria en el proceso, y la defensa de la única persona que de momento tiene la consideración de investigado en el caso, Demetrio González Mera, director económico de la central de compras de Cádiz del SAS, contra la decisión del juez del pasado mes de octubre de prorrogar seis meses más la investigación sobre el supuesto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros en la provincia.
Solicita que se estudien los precios de contrataciones de otras comunidades autónomas
El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha pedido a la Intervención General del Estado un informe pericial sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros que investiga en la provincia de Cádiz por su supuesto fraccionamiento irregular.. En una providencia fechada el pasado 4 de diciembre, y a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado reclama a la Intervención General del Estado un análisis de todos los contratos investigados, incluidas sus adendas, prórrogas y modificaciones, para «constatar y pronunciarse en relación a las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía».. Estas irregularidades fueron las que recogió Podemos para denunciar los hechos que investiga ahora el juzgado.. En la providencia, el juez pide que el informe pericial haga un análisis técnico sobre la legitimidad de la contratación menor fraccionada y que se contrasten precios contratados y los que hubieran resultado «de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia en la contratación».. Para realizar esta comparación, el juez pide que se estudien los precios de contrataciones de otras comunidades autónomas.. El juez reclama también que el informe pericial de la Intervención General del Estado haga un análisis técnico sobre «si existió o no» justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados en cada uno de los contratos, las fuentes presupuestarias que se aplicaron para abonarlos, de las fases de autorización y aprobación del gasto público que se llevaron y del «acomodo» del órgano que autorizó a la legalidad.. También pide el juez que el informe pericial determine el «daño producido al erario público, aún de manera aproximativa o potencial» por la «presencia o ausencia» en los contratos «de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia».. El juez ha dictado este auto después de que Podemos, que denunció los hechos y que es una de las acusaciones junto con el PSOE, haya pedido al juzgado que de «un impulso procesal» a la causa llevando a cabo las pruebas periciales sobre los contratos investigados que ya acordó hacer y que designara a la Intervención General de la Administración del Estado para su elaboración.. Este impulso se ha pedido después de que las acusaciones impugnaran los recursos de apelación que firmaron el Servicio Andaluz de Salud, considerada como responsable civil subsidiaria en el proceso, y la defensa de la única persona que de momento tiene la consideración de investigado en el caso, Demetrio González Mera, director económico de la central de compras de Cádiz del SAS, contra la decisión del juez del pasado mes de octubre de prorrogar seis meses más la investigación sobre el supuesto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros en la provincia.
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